Por: Verónica Juárez Piña
El presidente de la República ya no sabe qué hacer para desviar la atención de los escándalos de presunta corrupción y conflicto de interés que, uno tras otro, se han dado en su administración.
López Obrador es víctima de propia incompetencia y de su falta de disposición a combatir en serio la corrupción que ahora presuntamente atañe a integrantes de su gobierno y a su familia.
Esta vez por la llamada “casa gris”, una residencia en Houston, Texas, en la que vivió su hijo José Ramón junto con su familia durante unos meses y que pertenece a Keith Schilling, alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
De agosto de 2019, cuando José Ramón ocupó la casa citada, a enero de 2020, período en el que Schilling dejó Baker Hughes, esta compañía recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares, de acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola; y la periodista Peniley Ramírez, de Reforma.
Según esta investigación, Schilling fue director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, lapso en el que Baker Hughes obtuvo otros dos contratos en Pemex de hasta 66 millones de dólares, uno de ellos aún vigente.
Esta investigación es la que detonó, una vez más, la persecusión que el Ejecutivo Federal emprendió contra Loret de Mola, pero ahora con una saña que tiene fuera de sí al presidente.
Como nunca antes, López Obrador mostró una vulnerabilidad, irracionalidad y autoritarismo sumamente preocupante, por lo que significa que el Ejecutivo Federal utilice todo el peso de su cargo para perseguir a periodistas. Esta vez para denostar a Loret de Mola y, poco antes, a Carmen Aristegui.
El que López Obrador haya exhibido los supuestos ingresos de Loret de Mola, es absolutamente ilegal y lo es aún más porque utiliza a las instituciones para conseguir esta información.
Al respecto, cabe citar el posicionamiento de la Barra Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados A.C., organismos que advierten que “la información sensible, independientemente de su fuente, respecto de cualquier ciudadano no debe ser revelada y menos aún difundida por el Titular del Ejecutivo Federal, ya que se pone en peligro la integridad, la seguridad y privacidad de la persona y vulnera el Estado de Derecho”.
“Los actos…del Ejecutivo Federal constituyen una intimidación a la libertad de expresión y al derecho a la información, los cuales, en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son derechos centrales en un estado democrático constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por el otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”, señalan estas organizaciones civiles.
El presidente insiste en crear cortinas de humo para desviar la atención sobre los graves problemas del país, ahora inventando una pausa en la relación con España o persiguiendo a periodistas, al tiempo que encubre presuntos actos de corrupción de miembros de su gabinete y el conflicto de interés que supuestamente involucra a uno de sus hijos.
No hay por qué darle tantas vueltas al asunto, lo único que se espera de un presidente que prometió combatir la corrupción, es que se investiguen los señalamientos, involucren a quien involucren, y se exonere o sancione en caso de haber responsabilidad.
La conducta atrabiliaria del primer mandatario, solo lo desgasta y desacredita. Si pide respeto a su investidura, debería por empezar por él mismo.
