El 14 de julio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a proceder con despidos masivos en el Departamento de Educación, en el marco de un plan para reducir significativamente el alcance de esa agencia federal. La decisión, de mayoría conservadora, revocó una resolución previa que había bloqueado las acciones de la administración, sin que la Corte explicara en detalle los motivos de su fallo. La jueza Sonia Sotomayor, integrante del bloque liberal, emitió un vehemente voto disidente, advirtiendo sobre las implicaciones de permitir que el Ejecutivo incumpla la ley.
Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia promovida por Trump y su entorno, que busca eliminar o reducir la influencia del Departamento de Educación, una institución creada por ley y que tiene funciones clave en la gestión de préstamos estudiantiles y financiamiento a escuelas con estudiantes de bajos ingresos. Desde su campaña de 2023, Trump ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar la agencia, y en marzo de 2025 firmó una orden ejecutiva que contempla despidos masivos y el vaciamiento de la estructura del Departamento.
El proceso ha generado incertidumbre tanto legal como política, puesto que la orden ejecutiva carece de respaldo legislativo y solo cuenta con la autorización judicial en medio de un escenario de debate sobre la autoridad presidencial en materia educativa. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha declarado que su misión final es desmantelar la agencia, aunque expertos advierten que muchas funciones de la misma, como la administración de fondos y programas de apoyo escolar, seguirán siendo necesarias y pueden continuar operando desde otros ámbitos.
La motivación detrás de estos esfuerzos se vincula con una visión conservadora que considera a la política educativa actual como influenciada por una “agenda progresista” que, según sus críticos, promueve ideologías radicales en temas raciales, de género y diversidad. Analistas como el antropólogo Alex Hinton señalan que Trump y sus seguidores buscan combatir lo que perciben como un adoctrinamiento marxista y una pérdida de libertad de expresión, además de promover la expansión de la educación con fondos privados y la elección escolar.
La intención de reducir o eliminar el Departamento de Educación no es un fenómeno reciente. La Fundación Heritage, creadora del Proyecto 2025 en 1981, ha sido un actor clave en esta línea, proponiendo desde hace décadas el cierre de la agencia y la eliminación de programas de apoyo a comunidades vulnerables. Estas ideas han sido reiteradas y reforzadas en diferentes administraciones conservadoras, consolidando así un objetivo de largo plazo.
El destino del Departamento de Educación seguirá siendo objeto de debate y lucha judicial, en un contexto en el que el control sobre las políticas educativas se ha convertido en un símbolo de las tensiones ideológicas en Estados Unidos.
