El Senado de la República asume un papel clave en la consolidación de los nuevos órganos reguladores de telecomunicaciones y competencia económica, además de ser fundamental para la implementación del sistema de búsqueda de personas. La aprobación de nombramientos y la definición de integrantes del consejo ciudadano son pasos esenciales para garantizar la operatividad y transparencia de estos mecanismos.
Según las reformas legales aprobadas en sesiones extraordinarias, el Congreso debe avalar los nombramientos que realiza la Presidenta de la República para los comisionados de los órganos reguladores. La Presidenta envía al Senado propuestas de cinco candidatos, quienes comparecen ante el pleno y, tras su evaluación, requieren solo la mayoría simple para su ratificación. Este proceso busca fortalecer la independencia y la legitimidad de los nuevos organismos.
En materia de competencia económica, el régimen transitorio de la Ley Federal de Competencia Económica establece que los primeros comisionados de la Comisión Nacional Antimonopolio concluirán sus cargos en los años 2028 a 2032, en función de su entrada en funciones. Además, la designación del presidente de la Comisión debe realizarse en un plazo no mayor a diez días naturales tras la ratificación de los integrantes del pleno.
De manera similar, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que los cinco integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones serán nombrados en forma escalonada hasta 2032, y también se contempla la designación del presidente en un plazo de diez días tras su ratificación.
Por otro lado, en el ámbito del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Junta de Coordinación Política del Senado ya cuenta con el dictamen de elegibilidad de 40 aspirantes, quienes fueron entrevistados para cubrir las 13 vacantes en el consejo colegiado. La aprobación de estos perfiles es crucial para la operación plena del nuevo esquema de búsqueda, que busca fortalecer la atención y localización de personas desaparecidas.
En resumen, el futuro de los reguladores y del sistema de búsqueda de personas está en manos del Senado, que con su aval y liderazgo, busca garantizar un marco jurídico sólido, transparente y efectivo para estos importantes órganos del Estado.
