Por: Alfonso Partida Caballero
La segurdidad instaurada en Jalisco es el ejemplo del más grande fracaso del Estado, debido al desorden e irresponsabilidad. Analizado por sus resultados y por la estructuración del inoperante aparato estatal aplicado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública desenmascara el crecimiento de los indices de violencia en los 3 últimos sexenios. Y el actual, también terminará peor que el anterior.
A propósito de ello, me permito compartir algunas reflexiones:
Los números delictivos al cierre del gobierno Aristóteles Sandoval superan los peores momentos del Gobierno de Emilio González Márquez que fue tan criticado y cuestionado, lo que se trata de justificar y explicar como el resultado de reacomodos, alianzas y rupturas entre organizaciones criminales que se disputan mercados, plazas y control de actividades delictivas en territorio local, o sea en el territorio que gobiernan, y que han dejado vacíos de protección estatal, ausencia que es cubierta por estos grupos criminales, que ahora le marcan el ritmo al gobierno y controlan grandes extensiones territoriales.
Por otro lado, en esta campaña los candidatos a gobernadores señalaron que las causas del crecimiento delictivo son la ineptitud, el desorden, la corrupción del gobierno actual, este escenario nos permite visualizar el origen de este descomunal fenómeno de demagogia, irresponsabilidad y pusilanimidad al que ha llegado la clase política jalisciense.
El aparato Estatal no está sustentado en bases técnicas ni en el razonamiento democrático. Es sumamente marginal y deficiente, arbitrario, caro, injusto e inoperante.
Desde la creación del marco conceptual y jurídico, encontramos grandes inconsistencias en su implementación que nos han llevado a una crisis insostenible en todas las áreas relacionadas a la proteccion ciudadana.
Los políticos saben que han fallado y los actuales deberán comprender que la seguridad pública es una función a cargo y responsabilidad del gobierno federal, del gobierno del estado y los gobiernos municipales, que son ellos los que han creado equivocadamente este sistema inoperate desde la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, así como la sanción y las infracciones administrativas. Son los políticos los que han creado un verdadero desorden que nos ha llevado a una severa crisis. En sus políticas y desde sus instituciones, los gobernantes se han encargado de torcer la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y respeto a los derechos humanos y nos la han cambiado por niveles insostenibles de corrupción e impunidad y por un discurso falso y justificativo, en donde incluye de manera injusta a la sociedad como parte de ese fracaso.
El sistema que han implementado no tiene sustento. Debido a su corta visión estatal actúan como grandes farsantes, ocurrentes y caprichosos cual si fueran grandes dictadores ya que son ellos, y solo ellos, los que han diseñado politicas equivocadas, leyes selectivas e instituciones inoperantes, dejando fuera el raciocinio y la democracia participativa.
Se han equivocado al combatir los efectos de los delitos en lugar de las causas, establecieron un sistema injusto donde los marginados y los jóvenes son los que pagan los platos rotos a través de la facultad sancionadora del Estado por medio de ministerios públicos, policías, fiscalías, agentes investigadores, jueces y magistrados y sobre todo, con las cárceles y medidas punitivas que solo alcanzan para algunos pero nunca para políticos y funcionarios corruptos o empresarios igualmente corruptos que fraudean a los consumidores y al estado al que pocos impuestos le pagan.
Con este sistema aberrante, las normas legislativas no son dirigidas a garantizar el orden y la paz y menos aún salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, sino a la protección del poder y de las oligarquías más oprobiosas.
Según las cifras oficiales, se castiga menos del 1% de los delitos que se cometen. Tal como lo dijo el investigador jalisciense Guillermo Zepeda Lecuona, “es más fácil sacarse la lotería que castigar a un delincuente”, lo que revela tristemente el fracaso del sistema de seguridad pública.
Hasta el momento, la ecuación gubernamental ha resultado funesta: entre más gastos y falsos positivos en las políticas de seguridad, hemos tenido peores resultados. Es urgente romper el esquema irracional que ha prevalecido, donde solo los irresponsables han participado y nos han sometido a un verdadero fracaso.
