Por: Tania Romero López
La Cámara de Diputados aprobó con aplausos de la bancada de MORENA la desaparición de los fideicomisos en México, y así envían al Senado de la República el dictamen que pone fin a 109 fideicomisos. El argumento es que estos instrumentos han servido históricamente como una forma de gestionar recursos de forma cuestionable y oscura. Una de las razones frecuentemente citadas es que se prestan para contrataciones sin licitación y que no hay transparencia en el ejercicio de sus recursos.
Sin embargo, durante el primer año del sexenio de AMLO crecieron en 4% las compras hechas por adjudicación directa, en comparación con el sexenio anterior. Y durante el 2019 uno de cada dos pesos del presupuesto se gastó en adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. En cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos, aún no tenemos noticias sobre lo que ha sucedido con los recursos de los fideicomisos ya liquidados por esta legislatura; y tampoco nos han dicho cómo se van a satisfacer las necesidades de las poblaciones que eran atendidas por los 109 fideicomisos que están siendo desaparecidos.
Entonces, a pesar de las duras críticas de la representación morenista de que se tratan de figuras ajenas a la transparencia y que sólo sirvieron para enriquecer a una élite en el poder; el discurso no se respalda con acciones ni soluciones contundentes. Resulta hasta contradictorio pues FONATUR, que es nada más y nada menos que un fideicomiso, ha sido uno de los fondos más beneficiados en el paquete económico 2021 por ser la institución encargada del proyecto insignia del presidente. Esto pone de manifiesto que la 4T entiende de sobra la utilidad de los fideicomisos, pues se trata de un mecanismo flexible que en gran medida permite ejecutar las acciones que implican el desarrollo de un proyecto como el Tren Maya.
Esto entonces hace pensar que la desaparición de los fideicomisos, que han sido la manera en la que en México se han financiado desde grandes proyectos de investigación y monumentales obras de arte; hasta obras de infraestructura urbana que han mejorado la calidad de vida de muchas personas; más bien responde a que tenemos una legislatura al servicio del poder ejecutivo. Que la legislatura de la transformación es también la de las palabras huecas, la de las promesas al aire, la del “aprueben eso porque ya lo dijo en la mañanera y luego vemos qué hacemos”.
Una de las víctimas de la pifia del dictamen dela semana pasada son las ciudades mexicanas y con ellas el 75% de la población de nuestro país. Entre los fideicomisos que desaparecen se encuentra el Fondo Metropolitano que tiene antecedentes desde la década de los 80´s con el surgimiento de un fondo para atender la agenda ambiental, luego empezó a utilizarse para el desarrollo de infraestructura urbana en lo que hoy es la CDMX hacia finales de los 90´s y fue incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2006 cuando se permite a todas las metrópolis del país participar para acceder a sus recursos. El objeto del Fondo Metropolitano era financiar estudios, planes, programas, proyectos, y obras de infraestructura; pero permitió además instrumentar un avance sustancial en el desarrollo institucional vinculado con el desarrollo urbano y su financiamiento. Una de las grandes innovaciones del Fondo era la posibilidad de integrar coinversión de recursos de distintas fuentes, no solo recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, sino que también se podían integrar recursos provenientes de fuentes privadas lo que bajo la lógica “ordinaria” del ejercicio de los presupuestos públicos resulta virtualmente imposible. Con este mecanismo se financiaron desde proyectos de infraestructura vial, hasta proyectos para la movilidad no motorizada como Mi Bici en el caso del Área Metropolitana de Guadalajara.
Una de las grandes críticas al Fondo Metropolitano era que se utilizaba principalmente para financiar calles y avenidas, para el año 2020 veía un cambio de enfoque positivo con la integración de nuevos elementos como incentivos para el desarrollo de institucionalidad para la gobernanza metropolitana, integrando la obligatoriedad de contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano; el financiamiento de instrumentos de planeación del ordenamiento del territorio; la conservación de áreas verdes, y la calidad del aire entre otros. Pero la cantidad de los recursos asignados (alrededor de 3 mil millones de pesos) para 74 ciudades metropolitanas era a todas luces insuficiente.
Luego entonces, si el verdadero problema del Fondo Metropolitano era que necesitaba más recursos para atender los graves problemas estructurales que encontramos en nuestras ciudades y la necesidad de mejorar su ejercicio de rendición de cuentas, la respuesta no era su desaparición. Esta decisión, ha debilitado uno de los pocos recursos institucionales y financieros con los que contábamos para atender la crisis urbana que vivimos en México. La lógica debió haber sido un aumento de los recursos asignados, reformarse para mejorar los problemas detectados durante sus evaluaciones y alinearse con los objetivos y estrategias delineados en los programas y prioridades establecidas en los instrumentos recientemente publicados por la administración federal.
Así, la desaparición del Fondo Metropolitano implica un retroceso en la lucha que las ciudades mexicanas venían dando desde la década de los 90´s. Significa también la pérdida de una herramienta fundamental que servía a los municipios para alinear visiones al identificarse como parte de una red y cooperar entre sí en la construcción de hábitats más eficientes, sustentables, y viables. La colaboración en la construcción de proyectos comunes, suma esfuerzos para consolidar el desarrollo y aumentar las oportunidades de desarrollo para la población.
Con la desaparición de los fideicomisos no sólo pierden las metrópolis, pierde también el medio ambiente, pierden las ciencias, pierde el CIDE, pierde el CINVESTAV, pierde la cultura, las artes, el cine, las y los defensores de derechos humanos, las y los periodistas, el sistema de salud, en resumen, perdemos todXs. Es imprescindible exigir a nuestros representantes soluciones sensatas, pensadas y planeadas.
Si los fideicomisos son opacos, que se auditen; si se cree que no sirven; que se evalúen, revisen y en su caso modifiquen; pero liquidarlos sin un plan para responder a todo lo que estos mecanismos responden es a todas luces IMPERDONABLE.
Los presupuestos públicos son también mensajes políticos, así que en las próximas elecciones no lo olvide; si su diputado o diputada no votó bien, usted sí hágalo.
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