Por: Salvador Cosío Gaona
Como era de esperarse, la reacción del presidente Donald Trump ante el duro golpe que le asestó el jueves la Corte Suprema de Estados Unidos, al votar en contra su iniciativa que planteaba rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los llamados dreamers (soñadores), ha sido amenazante como es su estilo, y ha advertido que su administración presentará “documentos mejorados” para insistir en su propuesta que busca la deportación de estos jóvenes, más de 700 mil según los registros.
De ese tamaño fue el logro alcanzado por cientos de miles de jóvenes indocumentados de origen latino que han crecido en el país vecino del norte y que desde que llegó Donald Trump al poder habían vivido una pesadilla ante la posibilidad de ver sus sueños frustrados y retornados a sus países de origen.
La medida tomada por Trump fue considerada «arbitraria y caprichosa», por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos; cinco de los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense calificaron de ilegal la decisión de Trump de poner fin al programa creado en 2012 por su predecesor Barack Obama.
Este fallo significa que casi 700.000 jóvenes indocumentados inscritos en DACA que entraron en EE.UU. sin papeles cuando eran niños, la mayoría nacidos en México y otros países latinoamericanos, seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos de trabajo renovables cada dos años.
En este contexto hay que recordar que en junio de 2012, el presidente Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia(DACA, por su sigla en inglés).
Bajo este esquema, el gobierno acordó «diferir» cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
Así, se congelaban procesos de deportación y se facilitaban permisos de trabajo y licencias de conducir para los beneficiarios.
Para acogerse al programa, debían:
§ Haber entrado en el país antes de cumplir los 16 años
§ Haber tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012
§ No haber tenido estatus legal migratorio en EE.UU. antes del 15 de junio de 2012
§ Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad
§ Estar escolarizados o licenciados del ejército
§ No haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional
En noviembre de 2014, Obama intentó ampliar el programa para incluir a los inmigrantes indocumentados que hubieran entrado en el país antes de 2010 y eliminar el requisito de los 31 años de edad, pero si prodpureta no prosperó.
El programa DACA otorga a los dreamers un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, debían renovar cada dos años.
Los jóvenes que califican para el programa deben cumplir una serie de requisitos educativos y no tener antecedentes penales.
Son personas que crecieron, estudian y trabajan en Estados Unidos, país al que consideran su casa.
El programa lo gestiona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y Obama firmó la orden ejecutiva que lo puso en marcha en junio de 2012.
El presidente Trump, que ha hecho del combate a la inmigración irregular uno de sus principales pilares, prometió que terminaría con DACA por considerarlo ilegal e inconstitucional.
El exfiscal general Jeff Sessions anunció en septiembre de 2017 la rescisión del programa, pero la medida quedó en el aire a la espera de la resolución de la Corte Suprema que se produjo este jueves.
Según cifras del USCIS, desde 2012 unas 800.000 personas han sido beneficiarias del DACA. De estas, unas 40.000 solicitaron y obtuvieron un permiso de residencia permanente, popularmente conocido como greencard , y unas 70.000 no quisieron o no pudieron renovar el permiso cuando este venció.
Así, para septiembre de 2017, cuando Trump decidió poner fin al programa, el USCIS estimaba que había unos 690.000 beneficiarios activos. Un 90% de ellos vienen de América Latina.
De acuerdo a los datos oficiales, los mexicanos representan casi 80% de todos los dreamers con unos 548.000 beneficiarios del DACA.
Los tres países siguientes también son latinoamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras, que cuentan con más de 10.000 nacionales bajo el amparo de este programa.
La lista, no obstante, también incluye a un número sustancial de ciudadanos asiáticos, comenzando con los llegados de Corea del Sur (7.310), Filipinas (3.880) o India (2.640).
En total, disfrutan de los beneficios del programa jóvenes de unas 150 nacionalidades distintas.
Quienes se oponen a DACA argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes indocumentados, que gracias al programa obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal.
El presidente Trump asumió una dura postura contra la inmigración durante su campaña electoral de 2016 y dijo que planeaba «terminar inmediatamente» la orden DACA de resultar elegido, pero su promesa de campaña ha recibido un revés.
Y si bien el dictamen no impide que Trump persista en su intento de terminar con DACA, la decisión supone un duro golpe para su gobierno.
Pero el magnate de la Casa Blanca no se ha dado por vencido; después de conocer el fallo tuiteó:
» Estas decisiones horribles y con una motivación política que llegan de la Corte Suprema son disparos en la cara de aquellos orgullosos de considerarse republicanos o conservadores. Necesitamos más jueces o perderemos la 2ª enmienda [que garantiza el derecho a portar armas] y todo lo demás «.
Para después añadir en otro tuit: » ¿Tienen la impresión de que a la Corte Suprema no le gusto? «.
Posteriormente, el mandatario escribió que su gobierno «tendrá que empezar el proceso de nuevo».
El viernes, en un nuevo mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que «en breve» enviarán «documentos mejorados» en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo. Así que en tanto, los jóvenes pueden dormir tranquilos.
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