El Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, identificado como Santos “N”, ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. Esta decisión fue tomada por la Jueza de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, durante una audiencia celebrada el pasado jueves 16 de enero en los Juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta.
El caso gira en torno a un incidente ocurrido el 14 de mayo de 2024, cuando un hombre fue detenido por una falta administrativa y se le impuso un arresto de 19 horas. A pesar de la orden judicial que estipulaba el respeto a los derechos humanos del detenido y su liberación inmediata al cumplir la sanción, Santos “N” lo trasladó a un centro de rehabilitación, en contra de la voluntad del individuo y sin los requisitos legales pertinentes. Este acto llevó a la víctima a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que resultó en la apertura de una carpeta de investigación.
En la audiencia, la defensa del director municipal solicitó la suspensión condicional del proceso, un recurso aprobado al no haber oposición de las partes involucradas. Como parte de este acuerdo, Santos “N” se comprometió a donar $10,000 pesos a la asociación civil “Pasitos de Luz”, que brinda atención a niños con discapacidad de familias de escasos recursos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La Jueza impuso diversas condiciones que el funcionario deberá cumplir durante los próximos seis meses, tales como residir en su domicilio actual, presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares y asistir a un curso sobre derechos humanos. Además, se le prohibió salir del estado y acercarse a la víctima o a los testigos del caso, limitando su posibilidad de contacto directo con ellos en situaciones que involucren la intervención de la policía municipal.
Así, Santos “N” se enfrenta a un proceso judicial que pone en tela de juicio la actuación de las autoridades en Cabo Corrientes, resaltando la importancia del respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la función pública.
