El próximo lunes, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgará las nuevas leyes anticorrupción en una situación inédita en la que al menos tres gobernadores en funciones enfrentan acusaciones graves de corrupción y manejos ilícitos.
Clemente Castañeda Hoeflich señaló qué es inaudito el papel que han desempeñado los gobernantes de estados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, entre otros más.
“La Auditoría Superior de la Federación determinó que en Veracruz, el gobierno del estado gastó más de 18 mil millones de pesos de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios cuya existencia no puede ser probada. En Chihuahua el gobernador ha aceptado que en su administración ocurrieron omisiones y actos indebidos y en una decisión inédita, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad que llevaron a los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo a detener procesos que habían designado para que las mayorías de sus partidos en los congresos estatales aprobarán leyes que los blindarían contra investigaciones y acciones de la justicia en un futuro”.
Castañeda Hoeflich mencionó también el caso de Rodrigo Medina ex Gobernador de Nuevo León, sobre el que pesan también acusaciones de corrupción por las cuales Movimiento Ciudadano solicitó un juicio político en su contra cuando aún estaba en funciones.
“Es innegable que esta ha sido una de las generaciones de gobernadores más corruptas y que tanto el Gobierno Federal como los partidos tradicionales siguen una estrategia discursiva y de simulación que sigue permitiendo la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de gobierno”, afirmó el coordinador de la Bancada de los Ciudadanos.
“Por eso insistimos en la víspera de la promulgación de las leyes anticorrupción, que un tres de tres como lo aprobaron los partidos mayoritarios no impedirá el enriquecimiento ilícito porque no está completo ni será público. En este sentido, insistimos en el llamado a todos los diputados federales a que firmen la acción de inconstitucionalidad (contra el articulo 29 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas) que presentamos para tener una nueva oportunidad de establecer un 3 de 3 público, obligatorio y completo”, finalizó.
