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Desazolve #ZEEyVORACIDAD

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Por: Salvador Cosío Gaona

Pronto inician su operación las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año y antes que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las inversiones para las etapas segunda y tercera.

Podría preverse que próximamente varios empresarios y consorcios industriales tanto nacionales como foráneos estarían estableciéndose para hacer negocios en ciudades de las regiones Sur y Sur-Sureste de México, provocando inversiones por miles de millones de dólares y además generando cientos de miles de ofertas de empleo, pero a cambio de obtener exenciones de impuestos, mano de obra muy barata y protección especial a sus megaproyectos.

Se ha venido mencionando que las autoridades locales y federales han pactado ya contratos que amparan negocios con valor cercano a los 35 mil millones de dólares y en estos habrán de participar empresarios que están integrados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al decir de estos organismos las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada proyecto de inversión.

Pero lo cierto es que los pobladores de las poblaciones y regiones del país donde se pretende establecer esos nuevos meganegocios no cuentan con la más mínima información sobre el destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.

A través del titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) el exdirigente empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, ha informado jactándose que serán 250 mil los empleos directos e indirectos que generará esta política pública en su primera fase. Además, una inversión en 15 años que superará los 35 mil millones de dólares y que habrá 39 nuevas empresas con una inversión cercana a los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos.

Prácticamente los “polos de desarrollo” se realizarán en todas las entidades del Sur-Sureste mexicano, codiciado desde hace décadas por los grupos empresariales nacionales y trasnacionales. Con otros nombres, se han lanzado proyectos para “detonar la inversión” en estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

En la página web de la AFDZEE, se señala que el sector privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales y las “oportunidades” para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se establezcan”.

Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas y también en el Área de Influencia aprovechando las derramas económicas en sectores productivos sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los negocios, pero podrán también sacar ventaja de un “Clúster Regional de Servicios: que estará ofreciendo a los inversionistas servicios profesionales, de consultoría especializada, servicios de capacitación, traducción, servicios financieros, entre otros.

El marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016, al igual que su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales y son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Estos siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Precisamente estos organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta iniciativa y han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE para “dar seguimiento” a la instrumentación de las zonas. La Autoridad ha señalado que cuenta con 135 empresas nacionales y trasnacionales listas para “invertir” en las ZEE. Por el contrario, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se han manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las poblaciones afectadas.

La información que se ha manejado hasta ahora es en general escasa y no se ha realizado un trabajo elemental de socialización del esquema y de los proyectos empresariales, además de los impactos positivos hacia la población, de ahí que se ha generado incertidumbre y escepticismo al tiempo que además hay demasiada inquietud pues de no ser realmente muy positivo el impacto para las comunidades involucradas territorialmente, se puede generar manipulación y amplia tendencia al favoritismo y la parcialidad, además de lesiones a derechos de la gente que habita las zonas.

Privilegios para empresarios influyentes, corrupción, enriquecimiento injusto pero legalizado y atraco social, son algunos de los peligros de las nuevas famosas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que son casi un modelo copiado de China, que utilizó un esquema similar para generar sistema diverso al tradicional en cuanto a temas fiscales y de competitividad laboral, en relación a lo utilizado en las provincias y regiones ordinarias y así poder ofrecer a los inversionistas extranjeros condiciones especiales para atraer más inversión privada y pública foránea.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no son las únicas organizaciones empresariales que se han involucrado en el plan general de las ZEE, también se encuentran la Asociación de Navieros de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur), que serían los entes que además de impulsar al gobierno federal, harán lo propio en relación a los consorcios empresariales mexicanos, foráneos y mixtos, que participarán en estás zonas de legislación fiscal, mercantil y laboral privilegiadas.

El Poder Legislativo federal, además, ha creado una instancia de seguimiento a la declaratoria de las ZEE. En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para el Establecimiento de Zonas Económicas Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones de pesos para realizar actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo con gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de prensa y spots en el Canal del Congreso.

Como hemos señalado, de manera formal la Autoridad Federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), a cargo del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, ha dicho que con el establecimiento de las Zonas especiales se busca la generación de empleos bien pagados, atracción de inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad y específicamente alude en su página web: “Se trata de una política transversal donde se generan las condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la gente. Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de oportunidades para que las gentes actuales y, sobre todo, las generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida.”, pero parece más certero el que las ZEE no están diseñadas para acabar la pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se trata de “zonas delimitadas dentro de un estado donde las reglas de negocios son distintas, sobre todo para las empresas son zonas importantes para las exportaciones”.

El esquema de ZEE es además un modelo diseñado por el Banco Mundial (BM) que ya ha fracasado en diversos países de América Latina y no ha tenido el éxito que esperaba, y el ejemplo más claro está en paises como Nicaragua y El Salvador de América Central, donde la mayoría de las zonas económicas especiales están dirigidas a la exportación de textiles manufacturados sin que hayan disminuido la desigualdad ni la pobreza en la región.

Hay que recordar que en las zonas económicas que se declaren asi, los empresarios tendrán beneficios fiscales, pagarán menos impuestos y gozarán de incentivos administrativos para que se les apruebe inmediatamente sus proyectos. También habrá facilidades en el tema laboral que podrían afectar a los obreros mexicanos.

La AFDZEE, bajo control del empresariado, será también la responsable de realizar procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus intereses y derechos.

Contrasta el entusiasmo del empresariado con el escepticismo y la oposición del sector social ya que hay muchas organizaciones sociales en contra de las ZZE y argumentan que la instrumentalización de ellas es otra forma de explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas especiales.

En marzo pasado, más de mil 800 personas de distintos municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, con el objetivo de proteger sus derechos respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e informado y que aunque se afirme que el plan general de las ZEE busca el desarrollo económico, no está considerando el contexto particular de cada municipio y la existencia de pueblos indígenas que, según algunas organizaciones sociales, no han sido considerados para el propio desarrollo del territorio.

Así, parte de los actores involucrados en las ZEE no están a favor de las declaratorias, ya que están seguros de que lejos de lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país, se logrará que los territorios y el medio ambiente se vean fuertemente afectados y los indígenas y los grupos vulnerables, desplazados, de ahí que quizá las consecuencias sociales no serán distintas a las que ya se han observado con cada megaproyecto de la iniciativa privada: desplazamiento de la población; cambios en la educación, pues las ZEE necesitan personal capacitado para las manufacturas y concentración de recursos públicos, humanos y materiales en las zonas, en detrimento de todo lo demás y hay riesgo que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y recursos naturales y que en vez que más ZEE sean zonas de amplio y mejor desarrollo, se conviertan en polos donde se entregarán las riquezas nacionales y turísticas a las grandes empresas trasnacionales.

Y dicen que no se puede tapar el sol con un dedo y por supuesto que sí habrá más afectación social que beneficios directos a las comunidades donde se habrán de establecer Zonas Económicas Especiales (ZEE), eso parece claro por más que el titular de la Autoridad Federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) rechaza que existirá afectación alguna a los territorios indígenas al establecerse éstas.

Dice Gutiérrez Candiani que en las ZEE lo que habrá: “Son proyectos productivos del alto valor agregado; no hay afectación de tierras sociales, no hay sector primario, no hay extracción. Entonces no hay afectación a los grupos», y truena contra quienes no apoyan este nuevo esquema y acusa tajante: «Hay mucho grupo que se dedica sistemáticamente a tratar de parar cualquier proyecto que lleve generación de empleos y bienestar y no hay ninguna afectación”.

Y sin tomar en cuenta las posibles afectaciones y los problemas sociales, en relación a las tres ZEE próximas a declararse, se han ya estado realizando estudios de prefactbilidad y evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental, más no se conocen aún los dictámenes, pero ya se han establecido algunos de los “incentivos” con los que contarán las ZEE de Lázaro Cárdenas (que impacta territorio tanto de Michoacán como de Guerrero), Salina Cruz-Coatzacoalcos (en suelo de Oaxaca y Veracruz) y Puerto Chiapas.

Entre las ventajas aprobadas por la AFDZEE para los privilegiados que estarán estableciendo negocios en esas nuevas zonas especiales, está el descuento del cien por ciento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) para empresas y personas físicas con actividad empresarial durante los próximos 10 años y posteriormente habrá otro periodo de 5 años más en el que los empresarios podrán disfrutar de un descuento del 50 por ciento en el pago de dicho impuesto, adicionalmente tendrán acceso a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 50 por ciento en los primeros 10 años y de 25 por ciento en el siguiente quinquenio. asimismo, gozarán de un régimen aduanero específico que incluye reducciones de cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior.

Otros estímulos para los empresarios serán las reducciones o exenciones en los impuestos predial, sobre nómina, de traslado de dominio, por adquisición de bienes inmuebles, hospedaje y compras de gobierno.

La primera ZEE que se declarará es la del Puerto de Lázaro Cárdenas y se dice que ya hay 4 empresas interesadas en invertir en la industria siderúrgica. Esta Zona Económica Especial abarcará regiones de dos entidades de la República: los municipios de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y La Unión, del estado de Guerrero, cercano a Ixtapa-Zihuatanejo. La pretensión es que en toda la zona se instalaren parques industriales y el monto aproximado de la inversión en los próximos 10 años es de 12 mil 921 millones de dólares.

El gobierno estatal de Guerrero encabezado por Héctor Astudillo, y el de Michoacán que lidera Silvano Aureoles Conejo, ya han firmado sendas cartas de intención para instalar las ZEE y las ha entregado al gobierno federal. Guerrero, incluso, ya cuenta con legislación local al respecto: la Ley 427 de Zonas de Económicas Especiales.

La segunda ZEE que se prevé declarar en esta primera etapa es la de Puerto Chiapas, para la cual también, según el gobierno, ya hay cinco empresas interesadas en invertir y la intención es buscar aprovechar el litoral del Océano Pacífico. La carta de intención para la declaratoria ya fue entregada al gobierno federal de parte del propio gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. Se espera que en la zona se pongan en marcha, durante las próximas semanas, 16 proyectos de energía, transporte y logística; los proyectos se relacionan con dos centros logísticos, tres del sector carretero, uno ferroviario y nueve portuarios. La inversión proyectada es de 11 mil 600 millones de dólares.

Chiapas cuenta con legislación local: la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” son el comercio exterior y el turismo. La inversión para los próximos 10 años serán del orden de los 11 mil 300 millones de dólares.

La tercera ZEE de esta primera etapa se ubicará en dos estados de la República. Dos semanas antes de dejar el gobierno de Oaxaca, Gabino Cué firmó y entregó una carta de intención al gobierno federal para que se declare una ZEE en el municipio de Salina Cruz. Cabe señalar que ya el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, suscribió la carta de intención para que se declare una ZEE en Coatzacoalcos y de hacerse ambas, la macrozona especial abarcará prácticamente el codiciado istmo, un corredor de Salina Cruz, puerto del Pacífico, a Coatzacoalcos, puerto del Golfo de México. Antes de dejar el cargo, Cué también aprobó la utilización de 780 hectáreas de la zona de Salina, ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.

El gobierno de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, ha donado 330 hectáreas para la ZEE que se establecerá en la entidad, en el municipio de Progreso.

La zona económica especial de Campeche se ubicará en los municipios de Carmen y Champotón, pero también involucrará a Tabasco, donde la actividad principal será la explotación de hidrocarburos.

La ZEE de Tabasco se establecerá en el puerto de Dos Bocas. Se busca que las empresas se beneficien de la transformación de materia prima para el sector energético, aprovechamiento de biomasa, aceite de origen vegetal para la producción de energía. Otros de los sectores en los que se busca inversión son el agroindustrial, el manufacturero y el automotriz.

En una tercera etapa se han proyectado dos ZEE en Hidalgo y Puebla. En Hidalgo se ha considerado su potencial textil mientras que en Puebla el de las autopartes.

Las Zonas Económicas Especiales se delimitan geográficamente. El territorio que abarcan cuenta con ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas, cada zona será un área delimitada geográficamente donde se ofrece un entorno de negocios excepcional. Los privilegios son de cuatro tipos: beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva y programas de apoyo.

Gutiérrez Candiani explica que la instauración de las ZEE se decidió en base a los 10 estados con más pobres y después de eso se identificaron lugares con infraestructura básica que se pudiera potencializar. Por eso se enfocaron en puertos con accesos ferrocarrileros y carreteras.

A pesar que la pobreza se encuentra en todo el país, en lo que se han empeñado es en la región Sur-Sureste. Señala que en realidad se busca disminuir la resistencia de las comunidades o pueblos a la entrada de los megaproyectos y la iniciativa privada en zonas donde no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios llegan disfrazados de Estado para hacer los negocios que siempre han querido hacer, para los lideres indígenas, las ZEE son el aprovechamiento de la mano de obra indígena y campesina para los megaproyectos de las empresas trasnacionales y a los pobladores sólo les dejarán salarios miserables a cambio de quitarles sus tierras.

@salvadorcosio1
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