Por: Salvador Cosío Gaona
Los programas contra la pobreza establecidos y operados históricamente por los diversos gobiernos federales en México han funcionado simplemente como un paliativo sin lograr erradicar el problema de fondo.
En los últimos 30 años, las estrategias instrumentadas por el Gobierno mexicano en turno no han logrado romper el ciclo intergeneracional que caracteriza esta severa problemática social que de manera crónica y aguda ha venido aquejando a la población.
Actualmente hay casi 56 millones de mexicanos que viven en pobreza, lo que significa el 47 por ciento de la población del país y es bastante predecible que en el futuro las cifras habrán de incrementarse severamente, ya que frente al aumento de la población y sus necesidades básicas no se ha logrado el crecimiento económico necesario. Porque según se sabe la nación debería crecer en al menos 3% anual a efecto de preservar los niveles actuales de solvencia en relación a la generación de riqueza suficiente, acorde al incremento de necesidades conforme aumentan con el respectivo aumento poblacional.
Lo cierto es que el país ha estado incrementando anualmente su Producto Interno Bruto (PIB) en tan solo un promedio de 1.7 por ciento y por ende no se han cumplido las promesas que hizo durante su campaña electoral el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció que al llegar a la Presidencia de La República habría un crecimiento económico de al menos 3.5 por ciento anual en cada período anual, con un incremento adicional de medio punto cada año para haber pasado de un crecimiento del 3% en 2013 a uno del 3.5% para 2014, posteriormente 4% en 2015 y 4.5% para el 2016, lo que podría según las previsiones tan optimistas haber desencadenado crecimiento del 5% en 2017 y cerrar el sexenio con 5.5 por ciento de incremento al PIB sobre el año precedente. Pero la realidad es que el país apenas ha logrado crecer entre el 1.5 y el 1.7 por ciento anual del 2013 al 2016, cargando así con mayor déficit año con año, con el consabido aumento de los índices de pobreza y extrema pobreza.
Solo paliativos
En 1998 se creó «El Programa Solidaridad’ que fue diseñado con un enfoque meramente asistencialista y aunque comenzó con cierto éxito a contener la proporción de pobreza, pronto se enfrentó a la realidad que representa la debilidad económica nacional y el problema volvió a recrudecerse.
En la actualidad las cifras de pobreza son similares a las de 1992, pese a que se destinan mayores recursos para su atención y ello se debe primordialmente a dos factores: programas sociales que no resuelven los problemas de fondo de los beneficiarios y la citada ausencia real de crecimiento económico.
Hay además una falla de diseño, ya que los programas presuponen que una vez que la población tenga mejores niveles educativos y de salud se va automáticamente a insertar al ámbito laboral y eso no ha estado ocurriendo, porque no se han generado suficientes fuentes de nuevos empleo ni se ha logrado provocar trabajos mejor remunerados.
En 1997 surgió ‘Progresa’ que buscaba terminar con la herencia de pobreza familiar. Su amplia cobertura y la consolidación de sus apoyos en alimentación, salud y educación resultaron eficientes, pero no logró proveer de herramientas para que las personas lograran romper el círculo vicioso de la pobreza. Con este programa se buscaba que a largo plazo las personas que eran infantes cuando se inició el programa, pudieran lograr en el futuro mejores condiciones que las que tenían sus padres y evitar la reproducción de la pobreza de una generación a otra, pero esto no ha sido logrado. Para resolver de fondo el problema de la pobreza se necesita una política pública integral que incorpore acciones en el ámbito económico para generar crecimiento y mejores empleos.
Con la alternancia política en el país ‘Progresa’ se transformó en ‘Oportunidades’. La estrategia del entonces presidente Vicente Fox Quezada emanado del Partido Acción Nacional (PAN), se extendió hacia localidades semiurbanas y urbanas y el programa continuó en el Gobierno del también panista Felipe Calderón (2006-2012) pero cambió de nombre en 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) fue rebautizado como ‘Prospera’.
La política social de Peña adhirió una nueva estrategia: en 2013 se instrumentó la ‘Cruzada nacional contra el hambre’ que tenía por objeto atender a 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, es decir, individuos que no pueden adquirir una canasta básica al mes, pero a casi tres años de haberse puesto en marcha, la cruzada ha sido un fracaso rotundo debido a que no hubo un diagnóstico inicial ni contó con estrategias bien definidas.
Acciones fallidas
Los programas del Gobierno federal para abatir la pobreza han operado con diversas fallas en su instrumentación a lo largo de los años, pues no focalizan correctamente a la población objetivo, hay una incorrecta coordinación de acciones y no hay evidencias de que garanticen el acceso a la alimentación y demás derechos sociales.
En las auditorías realizadas al programa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se han detectado pagos indebidos para sufragar diversos servicios y en algunos proyectos no definen metas y no acreditan resultados.
El monto de los apoyos otorgados no ha sido suficiente para cubrir el costo de una canasta básica. En 2015, el 43.6% de las familias beneficiarias no disponía del dinero necesario para acceder a los alimentos indispensables, aun con el apoyo del programa. En el aspecto de salud tampoco ha tenido los resultados esperados, ya que no se puede asegurar que hayan sido de calidad. Además durante el período 1999-2015, los servicios itinerantes que podían acercarse a las comunidades más lejanas disminuyeron en 22.5%.
Las repercusiones en el ámbito educativo han sido positivas al lograr disminuir el rezago escolar, pero no ha habido información para medir su contribución en el fomento de la terminación de la primaria, secundaria y preparatoria, además en los centros escolares existieron privaciones de recursos y servicios. La inclusión de las personas en las vertientes productiva, laboral y social no resultó significativa y no se dio seguimiento a las familias vinculadas.
En suma, a pesar de los planes y programas sociales tendientes a amainar pobreza y extrema pobreza, México está sumido en crisis y cada año se incrementa el número de mexicanos en condiciones vulnerables y no se advierte que las condiciones vayan a poder cambiar pronto.
Año en picada
Según los datos obtenidos de análisis y opiniones de expertos, este 2017 será un año con declives socioeconómicos que acendrarán la crisis. No un año de altibajos, porque no hay elementos para advertir que pueda haber repuntes favorables.
La liberalización de los precios de las gasolinas, el diésel y el gas doméstico en México han contribuido a que se genere en el país la más alta tasa de inflación de los últimos 7 años, pues según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los precios de la llamada canasta básica se han han incrementado en forma anual promedio hasta en 4.86%. Los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor están liderados por el incremento de los productos básicos y acorde con el INEGI, además de los combustibles y energéticos como las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, los productos que más aumentaron en el último mes fueron el limón, el tomate verde y la tortilla de maíz. Es de recordar como punto focal el aumento del precio de las gasolinas y el diésel denominado popularmente ‘el gasolinazo’, que provocó protestas en todo el país desde que fue anunciado a finales del año pasado y fue el elemento que dio combustión a los incrementos de la mayoría de productos y servicios.
Cuando se generó el peligro de una espiral inflacionaria, el Gobierno federal mexicano que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a establecer un operativo para evitar “aumentos injustificados” en los productos de la canasta básica, vigilando a los proveedores de bienes y servicios a efecto de sancionar pero además procurar se eviten dichos incrementos y la generación de la inflación incontrolada. Pero eso no se ha logrado y en la mayoría de las entidades y regiones del país se han suscitado fuertes alzas en precios, desatándose la inflación y la consecuente mayor depauperación de la población mayoritaria, incrementándose el índice de pobreza y el de pobreza extrema.
Además de la severa reducción que a la expectativa de crecimiento económico del país han realizado tanto instituciones como el Banco de México (BANXICO) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como corporaciones calificadoras financieras entre las que se encuentran Moodys, Fitch y otras, especialistas en economía de esas y otras organizaciones e instituciones privadas y del sector público han aumentado sus previsiones de inflación para 2017 y la percepción más generalizada es que este año el aumento de precios llegue a un 5.49%, lo que sería luego entonces su nivel más alto histórico según lo consignado al respecto desde el año 2009.
Para el tipo de cambio, los expertos de las diversas fuentes prevén que el dólar, moneda de Los Estados Unidos de América, se encarecerá en relación con el peso mexicano y consideran en promedio un pronóstico a 21.66 pesos por cada unidad de la divisa del vecino país del norte, lo que advierte un incremento ya que la previsión anterior más reciente se había fijado en promedio a 20.92 pesos por cada dólar norteamericano.
Otro ingrediente a considerar para establecer que la inflación será aún más alta es que se encarecerá el crédito, ya que BANXICO tiene previsto encarecer más el precio del dinero en 2017, pues los expertos ven que la tasa de interés de referencia del banco central podría cerrar al final del presente año en 7%.
Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento del país, los analistas consideraron los siguientes en orden de importancia: 1. La debilidad del mercado externo y la economía mundial, 2. La incertidumbre cambiaria, 3. La inestabilidad financiera internacional, 4. Las presiones inflacionarias en el país.
Dificultades vecinales
Ni duda cabe que el actual gobierno de los Estados Unidos de América es como una barca a la deriva, pues sin pies ni cabeza, mucho menos con rumbo es como se ha sentido durante el primer bimestre. Hasta ahora la constante ha sido que Donald Trump envalentonado declara una cosa y en breve sus Secretarios matizan, algo que sin duda ha hecho que el magnate pase más de un coraje al día, y es que no puede ser a tuitazos o a declaraciones estridentes como el dirigente de la nación más poderosa del mundo se comunique con propios y extraños. En el asunto del famoso muro fronterizo, el líder de la mayoría republicana en el Senado en el vecino país del norte, Mitch McConnell, descartó que México deba pagar por su construcción. “Oh, no”, fue la respuesta del legislador ante la pregunta de si México pagaría por la construcción de un muro en la frontera común, durante un foro.
McConnell no está convencido de que sea necesaria la construcción de una valla en los 3 mil 200 kilómetros de frontera que comparten Estados Unidos y México. Antes del cuestionamiento de si México pagaría por el proyecto, el senador conservador sugirió que la instalación de un muro no era la mejor opción en algunas partes de la frontera sur.
Aunque Donald Trump no ha vuelto a hacer referencia sobre el pago del muro, desde la conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto, el 27 de enero, la semana pasada el vicepresidente Mike Pence volvió a poner el tema en la escena pública. “Vamos a construir el muro. Vamos a aplicar las leyes de este país”, afirmó Pence en una entrevista a la cadena ABC, donde se le recordó que México había declarado que no pagaría. Sin embargo, el vicepresidente reiteró: “Lo hará”.
Sin embargo, McConnell no es el único republicano que no comparte del todo la propuesta de Trump, y no sólo por la efectividad del mismo, sino por el costo. Entre los escépticos se encuentran los senadores John McCain, de Arizona; John Cornyn, de Texas; James Lankford, de Oklahoma y Lisa Murkowski, de Alaska.
La administración estadounidense ha indicado que pedirá los fondos mediante una erogación aprobada por el Congreso, bajo un posible esquema de fondos de emergencia, recursos que después serían reembolsados por México (de acuerdo con el plan inicial de Trump), a pesar de que el gobierno mexicano ha rechazado toda posibilidad de pagar el muro.
El mandatario estadounidense planea pedir un préstamo de 6 mil 600 millones de dólares al Congreso, sólo para iniciar el proyecto. Hasta el momento se consideran necesarios 21 mil millones de dólares para realizarlo por completo; sin embargo, la administración de Trump sólo ha conseguido 20 millones en los fondos federales para esta tarea.
Así que Trump no tendrá más que acercarse mucho al Congreso. Si bien los republicanos tienen mayoría en las cámaras de representantes y de senadores, se requiere el apoyo demócrata para aprobar cualquier presupuesto en el Senado, donde el líder de la minoría, Charles Schumer, ha dicho que no apoyarán la erogación de recursos para un muro fronterizo.
Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el gobierno de Estados Unidos pidió a las empresas interesadas que entreguen sus proyectos para el diseño y construcción del muro, con el objetivo de que en abril comience la adjudicación de contratos. El costo estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de 8 mil millones de dólares que calculó inicialmente Trump, hasta los 21 mil 600 millones, según los últimos números del Departamento de Seguridad Nacional.
La legisladora Gwen Moore, demócrata por Wisconsin, pretende introducir en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el uso de fondos federales para construir un muro, una cerca o cualquier otra barrera física en la frontera con México. Al tiempo veremos la suerte de esta iniciativa.
Otro tema llevado y traído igual que el muro fronterizo, es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al respecto la administración de Donald Trump notificará este mes al Congreso su decisión de renegociarlo, anunció recientemente en Washington el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, el estadunidense aseguró que en las próximas dos semanas “estaremos expidiendo la carta de 90 días y eso es lo que disparará el inicio formal del proceso mismo”.
El funcionario estadunidense dijo que su oficina trabaja ya en la carta que deberá turnar al Congreso para comunicar su intención de iniciar la renegociación del acuerdo comercial, acatando una de las disposiciones centrales de la Ley de Promoción Comercial. El procedimiento estipula que el Departamento de Comercio debe notificar al Congreso la intención de iniciar una negociación de esta naturaleza. A partir de la notificación, el Congreso tendrá 90 días para pronunciarse.
En este escenario, la notificación de Ross al Congreso en las próximas dos semanas o antes del fin de marzo, permitiría que las negociaciones por el TLCAN se realicen en junio, fecha en que las autoridades mexicanas estarían listas para iniciar los diálogos.
Respecto a si la renegociación del TLCAN será bilateral o trilateral, Ross dejó abierta la puerta a que existan negociaciones bilaterales “con previsiones simétricas” o una nueva ronda trilateral, donde estaría involucrado Canadá.
Sin embargo, el secretario Guajardo consideró que dada la naturaleza trilateral del TLC, “tendría mucho sentido tener discusiones trilaterales a fin de tener presente la fortaleza que el continente norteamericano puede tener en este proceso”. Guajardo afirmó que el gobierno mexicano inició ya su proceso y adelantó que para fines de mayo próximo, su gobierno estará listo para negociar sobre una base de 10 puntos, quedando a la espera de que Estados Unidos y Canadá concluyan sus respectivos procesos legislativos.
Cuando Donald Trump decidió descartar la Alianza Transpacífica para la Prosperidad (TPP) se deshizo también de su mejor “as” para una renegociación del TLCAN y como ya sabemos, sólo ofrece razones negativas para que Canadá o México se sienten a la mesa. De acuerdo con declaraciones de Michael Froman, que estuvo a cargo de la Oficina de Representación de Comercio Internacional (USTR) bajo el gobierno de Barack Obama, el TLCAN fue renegociado de hecho en el marco del TPP y México y Canadá hicieron concesiones a cambio de “nada” porque el TPP les hubiera dado mejor acceso a mercados asiáticos.
Ahora, los tres países se aprestan a negociar pero al descartar el TPP, Trump se deshizo también de una buena oportunidad y ahora no le queda más que el “garrote”, cuando la renegociación de un acuerdo como el TLCAN, demandará “paciencia, sensibilidad y atención al detalle”, tres características “que no suelen ser asociadas con la marca Trump”.
De acuerdo a declaraciones de funcionarios de la anterior administración, aunque nunca hubo un anuncio formal de “negociaciones de modernización del TLCAN” ni comunicados presidenciales, “tras bambalinas, los negociadores del presidente Barack Obama pasaron más de tres años regateando y luchando para actualizar y mejorar el acuerdo de 1994, y finalmente consiguieron mucho de lo que querían”.
Según el recuento, Canadá aceptó dar a los agricultores estadunidenses acceso “modesto pero sin precedentes” a su industria láctea; México aceptó fortalecer las reformas energéticas, educativas, de comunicaciones, justicia y laborales.
Así pues, en dos de los temas que han convertido a las relaciones diplomáticas entre nuestro país y los Estados Unidos de América en las más tensas de la historia moderna, es más lo que se escucha que lo que se hace y al complicársele los asuntos al inquilino de la Casa Blanca, no le queda otra más que usar la lengua para que a razón de sandeces le siga dando vida a cosas que aunque latentes, poco a poco comienzan a diluirse, como el que seamos los mexicanos los que terminemos pagando el famoso muro o que sea Trump el que ponga todas las condiciones en el TLCAN.
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