Por: Salvador Cosío Gaona
Aunque dicen que más vale tarde que nunca, no es suficiente que tras un año de investigaciones sobre el caso de Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la primera sanción a un funcionario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por haber autorizado, con pagos excesivos, la ejecución del contrato Tula 1 para la conformación de plataformas y aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo en esa ciudad del estado de Hidalgo, se trata de una sanción por 119 millones de pesos, pero el afectado, quien además será destituido e inhabilitado por diez años para ocupar cualquier puesto en la administración pública federal, es un subdirector, es decir, un funcionario de nivel medio de Pemex.
La SFP inhabilitó también a la empresa brasileña por cuatro años, lo que implica que Odebrecht, que encabeza la mayor red de sobornos extranjeros en América Latina, no podrá participar en proceso de licitación alguno para obtener contratos con el gobierno federal. El anuncio es importante por el monto de la multa y por el alcance de la sanción, pero la pregunta obligada es qué pasó con las investigaciones penales por actos de corrupción, no de los bajos perfiles, sino a los altos funcionarios de nuestra mayor empresa productiva del Estado. Si ya se cuenta con datos suficientes para inhabilitar a Odebrecht, ¿por qué siguen retrasados los procesos a cargo de la PGR para resolver la responsabilidad penal de los entonces titulares de Pemex? La pregunta es pertinente sobre todo si consideramos que hace más de cuatro meses que el propio Emilio Lozoya fue llamado a comparecer ante dicha autoridad, facultada para perseguir el delito.
Hay que recordar que al inicio de este año Marcelo Odebrecht confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber realizado una multitud de operaciones irregulares –sobornos a cambio de jugosos contratos– que involucraban a altos funcionarios gubernamentales en 11 países, por un monto de más de 450 millones de dólares. En países como Perú, Brasil y República Dominicana sus expresidentes han sido inculpados y algunos hasta encarcelados. En México la suma declarada del soborno alcanza los 10 millones de dólares, pero la lentitud y la opacidad de las investigaciones ha sido la pauta; el argumento que se ha esgrimido para la reserva de la información es que el proceso debe protegerse hasta que haya una consignación ante un juez. La lista de irregularidades en el caso ya es larga. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó en su Informe sobre la Cuenta Pública 2015 pagos de Pemex a Odebrecht sin un soporte adecuado por 950 millones de pesos, y en junio de 2017 la propia SFP detectó que la empresa brasileña había transferido 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma en Veracruz.
La red de malos manejos en Pemex es más profunda y no sólo se refiere a Odebrecht. De hecho, el pasado 14 de diciembre la SFP destituyó a ocho empleados adscritos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Chihuahua, Pemex Logística, por alterar la medición para el llenado de los autotanques de combustible. A este caso se le suma el de marzo pasado en que siete empleados de Pemex fueron multados por 49 millones de pesos por autorizar pagos indebidos por 35 millones de pesos, y seguro que la lista es más larga y no sólo abarca a empleados de nivel operativo.
¿Qué nos dejan como lección estos trabajos de la SFP, sobre todo de cara a lo que compete al Sistema Nacional Anticorrupción? La secretaria Arely Gómez enfatizó que con estas sanciones hace lo que le corresponde y debemos de reconocérselo, pero ello mismo da cuenta de que el objetivo central del SNA, que es la coordinación entre las áreas que lo conforman, a fin de acelerar y sustentar los procesos que a cada cual le competen, no se ha logrado activar. La cantidad de deficiencias en la administración de los cuantiosos recursos de Pemex no puede corregirse con sanciones a funcionarios de nivel medio o bajo, eso ya no sirve para calmar el hartazgo social que existe en contra de la corrupción y menos para sanear a nuestra mayor empresa productiva. Es urgente que la responsabilidad sobre el ejercicio de recursos alcance a los altos funcionarios, sólo así podrán generarse los incentivos para desmontar los procesos que cobijan a la corrupción. Es necesario que quienes suscriban los grandes contratos en las dependencias públicas sean sus titulares para que no se oculten bajo sus subordinados.
Por su parte, el recién designado titular de la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el jalisciense Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, recientemente afirmó que no habrá de enterrar el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en el que se involucra al ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, y afirma que hará que se proceda conforme a derecho y ofreció que de inmediato se dedicará a analizar a fondo el asunto a fin de impulsarlo.
El nuevo fiscal defiende su designación y dice que no le debe el cargo a nadie. Díaz-Santana Castaños defiende que su designación fue producto del consenso y asegura que no tiene vínculos partidistas, que no le debe el cargo a nadie y que no hará distinciones partidistas ni de personas, declara que no lo doblarán las presiones, aunque reconoce que éstas son parte de la naturaleza de una institución como la Fepade. «Las presiones se diluyen cuando se hace bien el trabajo», refuerza que va a estar muy bien arropado por las personas de la fiscalía que están con él y dice que su compromiso al frente de la FEPADE es generar condiciones para que los ciudadanos voten en libertad, sin condicionamientos, ni coacciones y que sus sufragios contribuyan a la legitimidad del proceso electoral. ¡Habrá que verlo!.
México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. El año pasado el país se ubicó en el lugar 95, y ahora pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.
El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es 5 puntos menor que la de la medición anterior. México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
Más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos básicos, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción. Esto coloca a México como el país con mayor corrupción, seguido de República Dominicana, donde el 46% de sus pobladores han pagado sobornos, de acuerdo al estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”. Los índices de soborno son sustancialmente inferiores, dice el estudio, en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso. México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos, según el estudio la mayor corrupción está en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33% al 39%).
Los sobornos a la policía son los más comunes en Venezuela, 2 de cada 5 personas pagaron para obtener ayuda de un policía, para evitar ser detenidos o pagar una multa (41%).
Así el soborno es una acción habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos. En los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas pagaron sobornos en los últimos 12 meses. Esto es, casi 1 de cada 3 de las personas en estos países. También los sobornos en Tribunales son elevados en Venezuela y en Honduras, con 36 y 56%, respectivamente.
México, Colombia, República Dominicana, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, pues tienen calificaciones negativas en 4 de los 5 indicadores: variación en el nivel de corrupción; desempeño del gobierno frente a la corrupción; corrupción en la policía; cantidad de ciudadanos que pagan sobornos y acciones de los ciudadanos contra la corrupción.
En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores.
Para los ciudadanos en Brasil (74%) y en Costa Rica (75%) es socialmente aceptable denunciar la corrupción; mientras que en México, Trinidad y Tobago, Chile y Perú, entre el 37 y el 49% creen que denunciar la corrupción es socialmente aceptable.
Cuando a un mexicano se le pregunta en qué piensa cuando escucha la palabra corrupción, inmediatamente lo relaciona con los políticos y funcionarios públicos; la percepción cambia cuando se le pregunta sobre sobornar o poner un diablito en el medidor de la luz para pagar menos por el consumo. Eso lo califica como un acto de “astucia”.
Este es uno de los hallazgos de una investigación de prestigio internacional que incluyó el análisis de 16 grupos de enfoque, una encuesta representativa nacional y un estudio etnográfico.
El estudio realizado entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, demostró que los mexicanos sólo ven la corrupción en los demás: 96% respondió que participa poco o nada en actos corruptos.
A decir del análisis, cuando confrontaron a los encuestados con la posibilidad de que ofrecer una mordida para pasar la verificación, poner un “diablito” en el medidor de la luz y contratar a un familiar en el trabajo sean actos corruptos, la reacción fue exactamente contraria. Los encuestados explicaron que esos casos son ejemplo de “astucia”, “audacia” e “ingenio”. En cambio, 79% de los encuestados relacionó la corrupción con el gobierno en general, la policía, los gobernantes y burócratas.
A la pregunta de cuáles son las mayores afectaciones derivadas de la corrupción, los encuestados respondieron que hay más delincuencia común, problemas económicos, que existan malas autoridades (policías y funcionarios públicos) y nepotismo, entre otras.
En la encuesta aplicada, los mexicanos ubican a la corrupción como el cuarto problema más preocupante en el país, con 8% de las menciones. El principal problema, dijeron, es la inseguridad (29%), seguido de la economía (18%), la delincuencia común (10%). De esta manera, se puede decir que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción.
No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes.
Luego entonces, es urgente concretar una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. También: asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, e “iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: lo triste es que 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.
@salvadorcosio1
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