Por: Salvador Cosío Gaona
De por sí ya muy endeble, tanto el Estado como el Gobierno mexicanos se debilitan paulatinamente más aún cada día; la crisis de inseguridad se agudiza, los escándalos de corrupción aumentan y se difunden con más profusidad cada vez y al mismo tiempo se destruyen deliberadamente importantísimas instituciones que deberían ser pilares fundamentales para brindar al pueblo seguridad y justicia.
El patán y palurdo mercader neoyorquino sicofante de la política que para infortunio mundial es Presidente de los Estados Unidos de América llamado Donald Trump, ha incrementado sus acciones contra México al amenazar con la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e insistir en la culpabilidad de nuestra Nación en relación a la epidemia de muertes por sobredosis de drogas que afecta a buena parte de la población de su país.
Al parecer una situación o condición negativa para México, ocurriendo simultáneamente una crisis política interna acompañada de una amenaza externa, no se había producido desde la época de la Segunda Guerra Mundial mas según se sabe, en esa ocasión las crisis políticas y económicas internas fueron enfrentadas por El Estado mexicano teniendo un régimen Politico de gobierno fuerte y con ayuda de los Gobiernos norteamericanos que temían las consecuencias internacionales de un colapso del Gobierno mexicano, mas en las circunstancias actuales, el Gobierno federal mexicano a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene frente a sí como principal generador de la amenaza externa al propio presidente norteamericano, al que no le importa nada más que su propia popularidad e incapaz de prever los efectos de sus acciones, arremete contra México con severidad ligada a su torpeza.
La amenaza externa podría ser manejable si no hubiera un ambiente de creciente polarización política interna, creado por el Gobierno actual al tratar de proteger sus espaldas de cualquier investigación sobre la corrupción. La reciente decisión del presidente Peña Nieto de destituir al fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto, así como su negativa a procurar la designación inmediata de un fiscal anticorrupción y a un nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), son acciones que le dan la puntilla a un sistema de justicia de suyo más ficticio que real.
Hay que recordar que la tasa de impunidad de los delitos en México es del 98% y que los de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y los homicidios masivos, así como la corrupción, simplemente no son castigados. Un Gobierno que se niega a construir un sistema de justicia eficaz carece de legitimidad no sólo frente a sus propios ciudadanos, sino ante el mundo, justo en un momento en el que el apoyo del exterior resulta indispensable para enfrentar las amenazas del imprevisible Gobierno norteamericano que tiene como cabeza a un payaso lenguaraz que parece no tener en orden sus ideas por más que también pueda decirse que quizá esté simplemente operando un plan perfectamente diseñado por quienes propiciaron su arribo a la Presidencia del vecino país y lo que pretenden es, claramente, utilizar la destrucción como elemento de construcción de nuevas estructuras en un marco totalitarista y supremacista, estando en ese plan de por medio el apabullamiento de México para apoderarse de todo lo que le resulte útil a sus imperialistas y fascistoides anhelos de poder total sobre el orbe.
La percepción de muchos analistas es que el Gobierno Federal mexicano a cargo de Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quiere restaurar el proyecto original del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari que pretendió instaurar y dejar muy encajado desde hace 25 años: un modelo neoliberal de integración económica con los Estados Unidos de America, pero manteniendo el control político en manos de la élite tecnócrata pintada de priista.
La apuesta en esa época fue generar una muy relativa y también pausada etapa de supuesta democratización avanzada del país, pero planeada como un conjunto de acciones de más efectismo que eficacia y como un mecanismo de contención de la protesta social ante los efectos negativos a la economía popular provocados por ese conjunto de maniobras tendientes a provocar la señalada implantación del esquema neoliberal, pero ese conjunto de acciones de imagen democratizadora se salió de control en el año 2000 y propició la alternancia en el poder presidencial, llegando al poder presidencial el Partido Acción Nacional (PAN) al ser electo Presidente Vicente Fox Quezada, afirmándose por muchos comunicadores y analistas además de políticos, que recibió para ello la ayuda directa del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León , que con ello se dice evitó que su antecesor retuviera el poder político, mas también se dice que el efecto fue el contrario toda vez se presume que el propio Salinas de Gortari ‘inventó’ a Vicente Fox.
Pero el PRI logró mantener una capacidad de veto parlamentario durante los Gobiernos panistas, y, dado que el PAN compartía el proyecto neoliberal y carecía de un proyecto propio de construcción de un Estado democrático, hubo una continuidad esencial del viejo régimen, oculta discretamente por la democracia electoral.
Para sobrevivir, al PRI no le importa llevarse al país por delante y El Gobierno de Peña Nieto se ha encargado de desmontar los escasos avances logrados en la primavera democrática de principios del siglo: la creación de organismos autónomos que deberían de garantizar una competencia electoral sin ventajas para ningún partido y la transparencia en el ejercicio del poder público. Los institutos de transparencia, en ausencia de un sistema de justicia, carecen de cualquier potencial transformador. Las instituciones electorales han sido plenamente colonizadas por el PRI, especialmente el Tribunal Federal Electoral, que validó, en forma descarada, las fraudulentas elecciones de gobernadores que acaban de tener lugar este año. En concreto, la elección del Estado de México fue un experimento a gran escala de cómo utilizar el poder público para comprar votos en masa y reconstruir el clientelismo generalizado sin recibir sanción alguna.
Es por ello que el Gobierno de Peña Nieto está terminando su mandato en medio del escándalo que significa la reconstrucción plena de los viejos vicios del régimen autoritario en materia electoral y la cancelación de facto de las reformas del sistema de justicia que la sociedad civil impulsó en los últimos años. El PRI se atreve a tanto porque en 2018 se juega no sólo su sobrevivencia como partido, sino la impunidad del presidente y de su círculo cercano ante los escándalos de corrupción que los envuelvan. El PRI regresa a sus orígenes para ganar al viejo estilo una elección que, de realizarse de acuerdo a la ley, perdería irremediablemente.
Hasta hace poco se decía que el PRI estaba totalmente fuera de combate, mas ahora hay percepción que está más vivo que nunca y hará todo lo que esté a su alcance para defender su hegemonía y preservar el poder.
@salvadorcosio1
opinió[email protected]
