Por: Salvador Cosío Gaona
Por más que se dice que ya hay peritajes iniciales que denotan responsabilidad de funcionarios menores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, además del señalamiento de culpabilidad hacia más empresas constructoras, no habrá castigo para funcionarios de alto nivel ni tampoco será severa la sanción a los edificadores a cargo de la obra carretera federal que se colapsó por una mezcla de incapacidad con negligencia y corrupción y todo quedará en castigo a chivos expiatorios, además de tapar el hoyo y la porquería con tierra, para dar carpetazo al asunto.
Como es sabido, la madrugada del pasado 12 de julio del año en curso Juan Mena López, de 56 años y su hijo Juan Mena Romero, de 36, salieron a trabajar transportándose en su auto y cayeron en ese socavón que se abrió al kilómetro 93 de la autopista federal que conecta a la Ciudad de México con la ciudad de Cuernavaca y los elementos de Protección Civil tardaron más de ocho horas en sacar el vehículo del hoyo de cinco metros de ancho. La autopsia confirmó que no murieron por el golpe, sino por asfixia, intentando escapar de aquel infierno.
El suceso indignó a todo México por la deficiente construcción y el elevado costo de la obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los avisos diversos que sobre los problemas en la obra se realizaron por vecinos y autoridades locales, más el rescate tardío de las víctimas.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que la SCT conocía la mala calidad de la construcción y en una lista de observaciones realizadas por el órgano de control se señala que en las pruebas de calidad durante la colocación de la carpeta asfáltica, la SCT no se aseguró que las empresas contratistas, entre ellas la española Aldesa y Epcco, emplearan la cantidad de cemento por el que se pagó, que constaba de 145 kilos por metro cúbico. La ASF advierte en ese informe que existía una diferencia de volúmenes entre la dosificación pagada y la obtenida en las pruebas de control de calidad y alertó en ese mismo documento enviado a la SCT, que no se vigiló ni controló adecuadamente el desarrollo de los trabajos, lo que trajo como consecuencia que se autorizaran pagos a las contratistas y servicios por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, incorrecto análisis de precios unitarios extraordinarios, pagos por servicios de obra que no cumplieron con el alcance en los términos de referencia, mala calidad en la ejecución de los trabajos, otorgamiento de anticipos fuera de lo pactado en el contrato, trabajos pagados anticipadamente a su ejecución, así como la falta de autorización para la ejecución de los proyectos.
Otro de los puntos polémicos de la obra es acerca del aumento sospechoso de más del doble del costo inicial. El Centro de la SCT en el estado de Morelos dio a conocer el pasado 31 de marzo del año en curso, un día antes de ser inaugurada la vialidad por el Presidente Enrique Peña Nieto, que el costo de la obra se había duplicado, ya que inicialmente se había anunciado que costaría mil 45 millones de pesos, por más que la ASF había informado que el costo inicial realmente era de 976 millones, mas terminó elevándose a 2 mil 213 millones, presupuesto altísimo que, dadas las características irregulares de la construcción, además de los retrasos, pagos no justificados y modificaciones al proyecto original señalados por el órgano de control, acentúa los señalamientos de posible desvío irregular de los fondos. Pero además de las cuestiones financieras y legales, aún no hay claridad del porqué se produjo un hoyo de ese tamaño en una de las autopistas más importantes y nuevas del país, existiendo la percepción en cuanto a que no debió haberse suscitado eso y que hay factores que incluyen incompetencia, negligencia, fallas, corrupción y crimen.
Los expertos e implicados señalan que hay un peritaje multidisciplinar en marcha para deslindar responsabilidades, aunque los expertos han planteado algunas hipótesis: si se hubiera cambiado la tubería vieja antes de la ampliación de la carretera, se podría haber evitado la formación del socavón. Desde que ocurrió el suceso, Aldesa, la constructora española a cargo de la obra, reconoció que el socavón «fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias. El drenaje se colapsó por el exceso de agua y provocó la grieta en la carpeta asfáltica». El sistema de drenaje del agua que discurre por la zona, situada sobre una de las barrancas que expulsan el agua proveniente del centro de Cuernavaca, se basaba en un tubo de alrededor de 1.50 metros de diámetro y de más de 40 años de antigüedad. Hasta la ampliación de la carretera, una de las más importantes y grandes del país, que conecta la capital de la República con las playas de Acapulco, no había sucedido ningún incidente. Pero la ampliación hasta 10 carriles, conocida como el Paso Exprés, para facilitar el paso a los turistas que se quedaban atorados en el tráfico local de Cuernavaca, aumentó considerablemente las toneladas que el viejo tubo podía soportar y colapsó.
Una posible explicación sobre el colapso es que el agua que circula bajo la carretera, y que ya no se encontraba entubada por el colapso de la tubería, se filtró por las capas de relleno de la autopista y reblandeció todo el material que la sostenía. Incluso el muro de contención, de 15 metros, hecho de concreto armado.
Los vecinos han manifestado que unos días antes de la tragedia se había abierto una cueva en la parte más baja del muro, junto a sus casas, provocada por la cantidad de agua que circuló en las primeras semanas de la temporada de lluvias, según profesionistas consultados, se tapó el hueco inyectando concreto más fue una solución insuficiente porque el agua tenía que encontrar una salida y como si se tratara del desagüe de un grifo, por ahí se pudo ir colando la tierra de la carretera provocando el hueco desde arriba, por donde pasan los coches. La propia autoridad federal a través de la Coordinación General de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación, había alertado de esos riesgos en marzo, abril y mayo tanto a la SCT cómo al Gobierno de Morelos encabezado por el gobernador Graco Ramírez, quien rechaza haber tenido esa información más también las autoridades municipales dicen haber alertado del problema.
Ya sabemos que el caso ha sido minimizado por el gobierno federal y solo fue removido de su cargo el ahora exDirector General del Centro SCT en Morelos de nombre José Luis Alarcón Ezeta, mas la sociedad exige el deslinde total de las responsabilidades y el castigo a los culpables de negligencia criminal, desvío de recursos públicos, edificación defectuosa y otros ilícitos, reclamándose especialmente el cese del titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza, uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto, que sin embargo se niega a sancionarlo y lo protege.
Para resolver el problema del socavón se está construyendo un puente sobre la barranca, a cargo de las mismas empresas contratistas, tendrá 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros y las autoridades calculan que esté listo en unas 10 semanas, aunque el plazo se podría prolongar. El costo, dicen será aportado por las constructoras, que tácitamente están aceptando culpa y con eso la pagarían sin mayor sanción penal y además, sin la seguridad en cuanto a que realmente vayan esas empresas a pagar. Pero el asunto del socavón en la autopista de Cuernavaca a la Ciudad de México aviva el debate sobre la inseguridad en las obras públicas en México.
Aunque el clamor social es que debería ser removido de su encargo como máximo responsable de la falta de aseo y control en cuanto a la asignación de la obra de la carretera federal de la Ciudad de México a Cuernavaca así como su mantenimiento y prevención de riesgos, el aún titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza, ha advertido públicamente que el caso del socavón donde murieron dos personas, padre e hijo, el pasado 12 de julio del año en curso, tendrá consecuencias de responsabilidad legal tanto civil como penal, por más que después de casi tres semanas no se han dado a conocer las causas oficiales sobre porqué se formó ese hoyo de 10 metros de profundidad en una de las autopistas más importantes y modernas del país.
El titular de la SCT ha reconocido que se han detectado posibles fallas y anomalías de todo tipo, tanto por parte de los funcionarios públicos como de las empresas contratistas y ha señalado a estas, encabezadas por la española Aldesa y Epccor que de confirmarse irregularidades enfrentarán severas sanciones. Ruiz Esparza ha referido a los medios de comunicación que pronto habrá informe de las primeras conclusiones de una profunda investigación que promete generar respuestas sobre este asunto que ha provocado gran indignación social y hay crasa evidencia relativa a negligencia por permitir bajísima calidad en la edificación a un muy elevado costo, haber desoído las advertencias sobre el peligro de colapso que hicieren los vecinos y autoridades locales, además del rescate tardío de las víctimas, percibiéndose entre la sociedad y profesionales que la tragedia se podría haber evitado.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de noviembre de 2016 alertaba de las posibles irregularidades en el desarrollo de la obra de ampliación de la carretera que comunica la capital con las playas de Acapulco. Entre una lista de observaciones realizadas por dicho órgano de control, se señalaba que la SCT no se había asegurado de que las empresas contratistas emplearan la cantidad de cemento por el que se pagó, que constaba de 145 kilos por metro cúbico y la Auditoría advertía en ese informe que existía una diferencia de volúmenes entre la dosificación pagada y la obtenida en las pruebas de control de calidad. Por su parte, la firma Aldesa señaló en un comunicado que la responsabilidad de la empresa abarcaba exclusivamente la ejecución de lo autorizado y que en el proyecto intervinieron diferentes empresas contratadas por la SCT con distintas responsabilidades.
Ante la exigencia de la sociedad para que se esclarezca el origen de la tragedia, y los autores de una presumible negligencia, el titular de la SCT se la pasa dando bandazos.
En el primer día del suceso culpó a la basura y exculpó a la obra y dijo: “Esa basura lamentablemente taponeó un drenaje que está por debajo de la carretera, que ha funcionado muy bien a lo largo de 40 años”. El Paso Exprés tiene las ‘certificaciones necesarias’ en su construcción y acentuó: “Esto pasó en Acapulco, pasó en Los Cabos, pasó en Cancún, pasó hace poco en Huixquilucan en donde destruyó un drenaje: Esto fue un golpe de agua muy fuerte sobre la carretera”.
Después culpó al cambio climático: Fue por el “calentamiento global”, que “estamos sufriendo con las lluvias” que están siendo “devastadoras con la infraestructura”. En esas primeras horas exculpaba a las empresas “Aldesa y Epccor son empresas calificadas que funcionan perfectamente bien”, pero ahora se manifestó ya contra los empresarios al señalar: “Las empresas constructoras son las responsables directas e inmediatas. El drenaje en el que cayó el auto debió haberse reforzado”, pero hace unos días Ruiz Esparza dijo en una ceremonia con delegados estatales de su dependencia lo siguiente: “A partir del resultado preliminar de la revisión técnica e investigaciones que la SCT ha realizado en el tramo afectado del Paso Exprés, así como de los dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado posibles fallas, anomalías y omisiones de funcionarios públicos y de las empresas del consorcio constructor Aldesa-Epccor.
Gerardo Ruiz Esparza es un servidor público inconfiable, culpable en el asunto del famoso socavón en la autopista entre la Ciudad de México y Cuernavaca, ya que junto con otros funcionarios propició la ilícita asignación directa de la obra, su mala calidad, el fallido proyecto, el sobreprecio, la falta de atención oportuna de señalamientos preventivos sobre los conflictos y peligros de la obra y debe renunciar para someterse a una investigación que deslinde responsabilidades para la justa aplicación de sanciones relativas al trágico suceso.
Ruiz Esparza ha planteado con claridad y cinismo su posición sobre el socavón al declarar: «mi labor como Secretario no es hacer la obra, mi labor es ver que se hagan las cosas, se hagan a tiempo y se hagan bien. Se construirá un nuevo puente en la zona afectada del Paso Exprés de Cuernavaca, con esta obra se permitirá el paso del afluente hidráulico de la zona, su construcción también garantizará la seguridad de pobladores y usuarios, así como el buen funcionamiento de este tramo. Su costo será sufragado por las empresas constructoras” y con lo expresado deja en claro que al margen de la reparación del socavón, se plantea la construcción de un puente que pasaría por encima de la zona afectada, que permitiría el adecuado manejo de los flujos hidráulicos de la zona y esa nueva obra permite establecer que la solución original no fue la adecuada ya que en vez del puente que ahora se proyecta, el diseño original consistió en rellenar una barranca por la que había un afluente natural del agua de lluvia y al haberse optado por el polémico relleno implicó un erróneo obstáculo al afluente natural e imponer una carga inusual sobre la tubería que corría de un lado al otro de la autopista y esa presión pudo haber contribuido a la ruptura del drenaje que aparentemente fue lo que provocó el socavón y conforme a la nueva estrategia para solucionar el problema se habrá de retirar el perjudicial relleno original, quedando claro que edificar el puente debió ser la solución inicial, pues un socavón y dos muertes son evidencia de negligencia e ineptitud al haber optado por el mortal e inútil relleno, quizá simplemente por elegir una opción barata para repartirse mejor el presupuesto entre empresarios y funcionarios criminales por negligentes y corruptos.
La responsabilidad por el socavón que provocó la muerte de dos personas recae en las empresas constructoras, que fueron las responsables directas del diseño y construcción de la obra original, más también de las autoridades de la SCT que aceptaron y avalaron ambos procesos.
El reconocimiento de la responsabilidad tanto de las empresas como de servidores publicos de la SCT, deja claro que deberían ser sancionadas severamente las empresas responsables, además de castigarse ejemplarmente a los funcionarios responsables, revisándose los diversos contratos y obras que han edificado o construirán dichas empresas y que han sido avalados por burócratas federales nefastos y esto es crucial porque las dos compañías responsables del Paso Expréss han obtenido contratos multimillonarios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que Aldesa tiene contrato por mil 242 millones de pesos para construir la nueva torre de control aeroportuario, en tanto Epccor fue beneficiada al contratársele por mil 399 millones de pesos para realizar la cimentación del centro de transporte terrestre, siendo ilógico que estas compañías deban seguir recibiendo contratos gubernamentales.
Ojalá que tras la corrupción y negligencia qué ocurrió en Cuernavaca, costando vidas humanas y daños materiales cuantiosos, la sanción no sea sólo económica a más empresas sino que haya sanción penal, civil y administrativa, debiendo sancionarse también a funcionarios de SCT que avalaron el proyecto, así como a los que propiciaron mal diseño, bajísima calidad, nulos mantenimiento y vigilancia, además de haber prohijado la asignación directa sin mediar concurso, siendo muy grave haber desatendido los señalamientos y llamados de alerta de la comunidad y las autoridades locales.
Pero tal parece que no obstante sus burradas y signos crasos de corrupcion, el Presidente Peña Nieto decidió seguir protegiendo a su cercanísimo amigo Ruiz Esparza y a lo más que se va a llegar será a la destitución de José Luis Alarcón Ezeta, ahora ex Director del Centro de la SCT en Morelos sin que medie mayor castigo, persistiendo opacidad en cuanto a asuntos como la calidad, fallido proyecto y alertas no atendidas del peligro, sin acciones para evitarse que las empresas involucradas sigan obteniendo contratos jugosos en otras obras públicas federales.
Se acendra la zozobra social en cuanto a la seguridad de la edificación de obra pública federal en México, al conocerse que el muro de contención del Paso Express de Cuernavaca volvió a colapsar hace dos días a pesar de los trabajos de reparación que se realizan con motivo del socavón que apareció el pasado 12 de julio, lo que demuestra la ineficacia de las autoridades para calcular correctamente el nivel del caudal de la barranca Santo Cristo, pues bastaron solo dos días de lluvia ligera para que el tubo que se colocó en aras de encauzar el flujo hidráulico fuera expelido, dado que la dimensión del tubo es insuficiente para manejar adecuadamente el volumen de agua que debe alojar, tanto los caudales ordinarios de los cauces hídricos naturales como las descargas de aguas negras.
La sociedad mexicana exige no quede este asunto solo en castigo menor a chivos expiatorios y pírricas sanciones económicas, debiéndose ir al fondo sancionándose a todos los que, sea en el sector público o empresarial, tengan culpabilidad, sean quienes sean, extremando la seguridad de la población en cuanto a la edificación de obra pública.
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