Por: Salvador Cosío Gaona
Hoy más que nunca queda totalmente descalificado el de por sí frágil y fútil discurso enarbolado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigiendo abatir corrupción e impunidad, mensaje sobre el que se basa el ataque que desde ese partido del gobierno se endereza cínicamente contra la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México Josefina Vázquez Mota, acusándola de vinculación con actividades de lavado de dinero y enriquecimiento ilegítimo en las que las autoridades federales acusan a su familia.
Además que ese discurso se echó a andar desde que asumió como gerente en turno de la dirigencia nacional del PRI Enrique Ochoa Reza y le tronó en la mano por estarse mordiendo la lengua por ser tildado de abusivo y mentiroso, hay muchos hechos sobresalientes que tiran abajo la eficacia de ese alegre discurso.
Le pega duro al PRI el que ya esté catalogado como un prófugo de la Justicia el ex Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jackez, quien al parecer ha escapado presuntamente a poblados de Los Estados Unidos de América para impedir una orden de aprehensión dictada por un Juez Penal de Chihuahua y que ya está buscando cumplimentar la Fiscalía chihuahuense. Al priista Duarte Jackez se le vincula por presuntos delitos graves como lavado de dinero, enriquecimiento ilegítimo, malversación, peculado y desvío de recursos públicos. El nuevo gobierno a cargo de Javier Corral había denunciado al poco de su entrada al poder toda una red de empresas fantasma que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos públicos de manera arbitraria. El jefe de gabinete de la nueva administración, Gustavo Madero, llegó a afirmar que más del 60% de toda la obra se licitó burlando la ley de adquisiciones: Se asignó de manera directa a los cuates y amigos del exgobernador.
La deuda heredada de la Administración de César Duarte habría incrementado un 284% según las cifras del nuevo gobierno. La catarata de denuncias durante su mandato abarca desde el uso privado de recursos públicos como los helicópteros, operaciones inmobiliarias tan controvertidas como la construcción de una presa de 3 millones de metros cúbicos dentro de su propio rancho, la sistemática negativa a publicar su patrimonio, una denuncia en España por querer pagar deudas privadas con dinero público y hasta una investigación abierta en la Procuraduría General de la República (PGR) por las maniobras financieras en un banco en el que Duarte y su esposa invirtieron dinero público en grandes cantidades y entraron como accionistas mientras su secretario de Hacienda era el fundador y director de la entidad financiera.
César Duarte Jackez fue uno de los tres jóvenes gobernadores a los que hace no tanto el Presidente a Enrique Peña Nieto ponía públicamente como ejemplo de renovación moral y pulcritud dentro de la vieja maquinaria priísta. Hoy, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, está prófugo y expulsado del partido; César Duarte de Chihuahua también está huido de la justicia y tiene un pie fuera del partido. Mientras que el tercero, el mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, también está a punto de ser desahuciado por el PRI, acusado de un gran enriquecimiento ilícito al grado de contar con una aerolínea propia, yates y hasta un banco, todo costeado por dinero público.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz sigue prófugo, fallando la PGR y en el caso de César Duarte es la fiscalía local y no la PGR la dependencia que está persiguiéndolo penalmente y por ello genera puntos favorables al PAN y le sigue causando daño y erosión al PRI.
Sigue pues siendo un duro problema para el PRI el tema de la corrupción, la impunidad además de la crisis económica, acentuándose el tobogán y la inminente derrota electoral para el tricolor, pues corrupción e impunidad están a flor de piel y la población castigará al PRI en las urnas. Le pega duro al PRI el que siga prófugo el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y continúen impunes personajes como los exgobernadores Rodrigo Medina de Nuevo León, Eugenio Hernández de Tamaulipas, Humberto Moreira de Coahuila y quien muy posiblemente sea Diputado Local próximamente protegido por el PRI, Arturo Montiel de Estado de México, Eduardo Bours Castelo de Sonora, Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, entre otros personajes destacados tanto de la política como de la empresa, el sindicalismo y los partidos. Le pega duro al PRI el que sigan impunes centenares de personajes ligados a diversos partidos y del entorno sindical y del empresariado.
Por si acaso se requiriere algo más para que se mantenga la tendencia negativa flagelándolos, ahora ya hasta se le apareció el diablo al Presidente Enrique Peña Nieto y a su Partido el PRI, del cuál es el indiscutible factor real en la toma de decisiones pero es además la principal imagen hacia la sociedad, pues hay un muy fuerte y apestoso olor a azufre además de una ola de derrotas electorales a la vista. No se advierte fácil una maniobra estratégica para amainar la gran tormenta que se cierne sobre todo lo que esté cercano al mandatario. Lo cierto es que la reciente captura en Los Estados Unidos de América del presunto criminal Édgar Veytia Cambero, el ahora ya ex Fiscal General de Nayarit, reitera la amplia penetración del Hampa en las instituciones y especialmente en los gobiernos y los partidos, el asunto pone al rojo vivo la caldera y además del cisma que ha provocado, que puede decantar en la posible caída del gobierno priísta de esa hermosa entidad, el suceso incendia sobremanera las de por sí no muy amplias posibilidades del PRI en cuanto a poder retener la gubernatura nayarita en la elección del próximo domingo 4 de junio del presente año, ya que incluso antes de este mayúsculo escándalo de narco-política, las perspectivas de triunfo para el candidato del PRI Manuel Cota Jiménez, no eran muy halagüeñas planteándose estar abajo del aspirante de la alianza entre el PAN y el PRD Antonio Echevarría García, apenas superando al abanderado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Miguel Ángel Navarro Quintero y solo con un poco de margen, mejor apreciado que el exAlcalde de Tepic, ex Legislador Raúl Mejía, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC).
La Corte Federal de Los Estados Unidos de América en el Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn, acusó formalmente al mexico-estadunidense Édgar Veytia imputándole producción, transportación, distribución y comercialización de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, por lo que fue capturado el pasado 26 de marzo del año en curso en el llamado ‘Cross Border Express’ (CBX), el pasillo elevado que comunica al aeropuerto internacional de Tijuana en Baja California con la zona de acceso peatonal al vecino país del norte, que controla su agencia gubernamental denominada ‘Custom and Border Protection’ (CBP) o ‘Agencia de Aduanas y Protección a Fronteras’ ubicada en la Mesa de Otay del condado de San Diego en California.
La captura de Veytia por el Buró Federal de Investigación o ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) del vecino país, deja en evidencia la complicidad, negligencia o estupidez de funcionarios federales mexicanos responsables del control de confianza de los servidores públicos involucrados en seguridad, Justicia, fiscalización, Seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia e investigación criminal, planeación contra narcotráfico y delincuencia organizada, como son entre otros los de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong y de quien dependen la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a cargo de Renato Sales Gasque, el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN) que dirige Eugenio Ímaz Gispert; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que encabeza el General Salvador Cienfuegos; la Secretaría de Marina (SEMAR) a cargo del Almirante Vidal Soberón y la Procuraduría General de la República (PGR) con su responsable Raúl Cervantes Andrade, ya que para haber sido Subprocurador y encargado de la Procuraduría General de Justicia nayarita dichas autoridades federales debieron revisar y validar su perfil y más aún cuando fue nominado para ser electo por el Congreso de Nayarit como el primer Fiscal General de ese estado. Privilegiado al ser parte activa del Sistema Nacional de Seguridad, Veytia tuvo acceso a información clasificada que ha sido utilizada por el Crimen Organizado, algo así como: ‘el diablo vendiendo escapularios’.
Al parecer mezclando dinero de criminales y del que se pudo apropiar directamente abusando de los importantes encargos que llegó a detentar, ahora trasciende que Édgar Veytia es socio de líneas de transportación masiva de pasajeros a la ciudad de Tijuana, empresas de transporte público así como hospitales de lujo, tanto en Nayarit como en Jalisco, entre otros muchos negocios, por lo que al amasar una gran fortuna aparentemente mal habida y haber provocado con acciones desde sus encargos para propiciar corrupción e impunidad, debería ser encauzado también por enriquecimiento ilegítimo, obstrucción a la Justicia y delincuencia organizada, entre otros ilícitos más.
Édgar Veytia es conocido por el gobierno estadunidense con los motes de «El Diablo”, ‘el Lic. Veytia’ o ‘Eepp’ y apodado ‘La Bestia’ en Nayarit, y ‘en base a su honorabilidad’ el Poder Ejecutivo estatal le obsequió en 2016 su Fiat como Notario Público en el municipio de Bahía de Banderas.
Según la información disponible, sirvió a la organización criminal de ‘Los Beltrán Leyva’ a la que después traicionó para aliarse con el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ (CJNG), dicen fue quien avisó a Alfredo Beltrán Guzmán alias «El Mochomito”, que los hijos del Capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estaban en el restaurante La Leche, de Puerto Vallarta, a fin que los secuestrara y fueran liberados posteriormente tras la negociación en la que se dice participó Veytia al tener ‘la confianza’ de ambos grupos, a los que traicionó al alimón para consolidar su perversa alianza con el CJNG. Se dice fue quien entregó a las fuerzas federales a los operadores de ‘Los Beltrán Leyva’ Francisco Patrón Sánchez (El H2’) y a Daniel Isaac Silva Gárate (El H9), dejando la plaza completamente libre para en CJNG y al parecer controlaba la finca en Tepic donde se ejecutó por La Marina disparándole desde un helicóptero a ‘EL H9’.
Veytia Cambero asumió en 2008 como Director General de Tránsito y Vialidad en el gobierno municipal de Tepic, Nayarit y el 26 de agosto de 2009 fue ascendido a Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, siendo nombrado el 19 de septiembre de 2011 Subprocurador de la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, de la que fue encargado del despacho y en febrero de 2013 con el voto mayoritario de los legisladores locales del PRI, lo eligieron Fiscal General del Estado para un lapso de 7 años, para lo cual evidentemente debieron existir informes y verificación de su aptitud y confiabilidad.
Para algunos sectores sociales Veytia fué eficaz reduciendo el índice de criminalidad en Nayarit, mas al parecer solo debilitó la inseguridad en ciertas zonas pactadas, al tiempo que en otras concertó con el hampa despojo de tierras, extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones, amenazando a las víctimas para evitar denuncias, manipulando además estadísticas delictivas para aparentar paz y calma al tiempo que actuaba fortaleciendo el narcotráfico.
Las incidencias delictivas en Nayarit mostraron desde el año 2013 un marcado descenso, así lo decían las estadísticas y de entrada parecían sorprendentemente halagüeñas, de hecho esa era la carta de presumir por parte de Édgar Veytia Cambero ya que en tanto la violencia crecía en el resto de México, presumiblemente los nayaritas disfrutaban de seguridad y paz, los números marcaban que estaban descendiendo fuertemente delitos como secuestro, extorsión, robo a negocios, a casa habitación y a vehículos pero sobre todo homicidio doloso, despojo y abigeato, de tal forma que el contraste era además muy fuerte entre lo reportado por la Procuraduría General de Justicia de Nayarit en el año 2011 y lo que brillaba como datos oficiales desde 2013 al 2016 pues tras estar asentados 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, la numeralia se redujo a tan solo tres asesinatos por cada cien mil pobladores. Ello motivó que el 21 de febrero pasado el Presidente Enrique Peña Nieto presumiera a Nayarit como: ‘una evidencia clara de los buenos resultados en materia de seguridad, producto de un esfuerzo conjunto del gobierno federal y de un gobierno estatal’.
Lo cierto es que no había indicios de que se hubiera equipado de manera especial a las fuerzas estatales de seguridad pública a cargo de Veytia, ni tampoco un incremento en equipamiento a las áreas de investigación criminal y de procuración de Justicia, tampoco hubo elementos que permitieran establecer que existió capacitación especial a los agentes policiales ni programas especiales de fomento a la participación social en prevención delictuosa o en cooperación para la información o inteligencia policial, es decir no existen elementos que hablen de cuál fue la causa o estrategia para lograr la paz y seguridad provocada por el decaimiento de los índices de criminalidad que contrastaban fuertemente con el infierno en que estaba convertido el resto del país.
Pero hay detalles que denotan situaciones extrañas como el que las patrullas de la policía estatal casi invariablemente llevaban cubierto su rostro con pasamontañas, siendo prácticamente imposible reconocerles, además que era notorio lo numeroso de los integrantes en los llamados ‘grupos de equipos tácticos’ y la forma en que además de patrullar calles y caminos se introducían a casas y establecimientos comerciales y de servicios a realizar sus labores de prevención contra el delito e investigación, como pareciendo estar realizando labores de férrea inhibición o redadas y cateos a la población, pareciendo más que un ambiente grato y relajado a causa de la aparente paz y seguridad vigente, estar aquejada la población por una extrema presión policial y ministerial como si se tratare de una situación de guerra intensa, aderezada con situaciones de suspensión de garantías y libertades de la sociedad.
Ya se ha dicho ahora tras el escándalo de su captura que la realidad era un maquillaje de estadísticas y una estrategia mediante la cual la gente de Veytia operaba concertadamente con el hampa la comisión de delitos en forma controlada y además inhibía a las victimas amenazandolas para evitar las denuncias.
Las disputas del narco
Nayarit había sido un estado controlado criminalmente por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Cuando Alfredo y Héctor fueron detenidos, y el jefe de la organización, Arturo, pereció en un enfrentamiento con la Marina, la entidad quedó al cuidado de Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro (enemigo mortal del otro Chapo: Joaquín Guzmán Loera).
La misión de El Chapo Isidro era conservar el estado e impedir que el cártel de El Chapo Guzmán se apoderara de éste. Para conseguirlo envió células de sicarios, conocidas como Los Mazatlecos. Comenzaron los levantones y las ejecuciones.
En los últimos años, un tercer cártel entró en juego, el CJNG. Un reporte de la DEA emitido hace tres años señalaba ya que la organización dirigida por Nemesio Oseguera, «El Mencho», se había apoderado de la parte sur del estado. El Chapo Isidro comisionó a Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, para que expulsara de Nayarit al CJNG. Este H-2 es el narcotraficante que fue acribillado por la Marina en un fraccionamiento de Tepic, en febrero pasado. Había asesinado a cinco integrantes del Cártel Jalisco. Trascendió que en realidad su ubicación fue aportada a la Marina, a través de una denuncia anónima, por miembros del CJNG: la organización que el fiscal protegía y de la cual, según la DEA, formaba parte.
Su fuerza hizo a Veytia ser considerado en la deliberación para la candidatura del PRI a la gubernatura de Nayarit, habiendo incluso amagado con buscar postularse independiente para emular a su amigo Jaime ‘El Bronco’ Rodriguez Calderón, a quien se presume respaldó financieramente para convertirse en Gobernador al margen de partidos políticos en Nuevo León.
Pareciere que la captura de ‘El Diablo’ sucede partir que ‘El Chapo Guzmán’ está soltando información trascendente desde su cautiverio al otro lado de la frontera norte, por lo que estando detenido y sujeto a proceso desde hace ya muchos meses el tal Sergio Kurt Schmidt, señalado como operador financiero del ‘CJNG’ , ¿será hasta que lo lleven algún día para allá cuando serán identificados, capturados y sometidos a proceso sus cómplices?
Ha trascendido que entre ellos hay muchos políticos y empresarios jaliscienses que siguen bastante activos, protegidos e impunes, cínicamente buscando ser candidatos en el proceso electoral de 2018 pues aspiran a gobernar para seguir empoderándose impúdicamente.
Seguramente la detención de Veytia debe poner nerviosos a algunos vinculados en actos delictivos pero quizá también se tranquilicen y duren tranquilos hasta en tanto no se lleve el asunto a las instancias de investigación y encauzamiento penal del vecino país del norte. Habrá que esperar que pronto se sucedan más detenciones, pues se afirma que están en capilla un montón de funcionarios estatales y de varios municipios nayaritas así como también empresarios que se coludieron con Veytia.
Pero en este México ya nada debe sorprendernos, no debe extrañar que la maquinaria del Estado prohíje que un hampón de la calaña y dimensión de Veytia haya sido parte toral del Sistema Nacional de Seguridad y nadie sea sancionado por eso.
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