Por: Salvador Cosío Gaona
Las decisiones que ha venido tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a sus obras faraónicas ya rayan en el descaro. De ahí que se deba asumir con la gravedad del caso lo ocurrido en días pasados en torno al Tren Maya, que ha sido catalogado como una obra de Seguridad nacional para evitar que algún recurso legal obstaculice su edificación y se impida llegar a la conclusión de esta obra que constituye un capricho más del mandatario tabasqueño, como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas.
Hay que recordar que en noviembre de 2021, el gobierno del presidente López Obrador declaró de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras a su cargo relativos a infraestructura, con el objetivo de que ningún recurso legal los frenara.
De hecho, ya en otras ocasiones se había planteado esa posibilidad como el recurso del cual el gobierno en turno podría echar mano para terminar con las “interrupciones” que le había venido representado los juicios que grupos de ambientalistas y otras organizaciones habían interpuesto para tratar de detener el daño a la selva.
El pasado lunes, se dio a conocer que días atrás el Consejo de Seguridad Nacional determinó declarar al Tren Maya como obra prioritaria y como un tema de seguridad nacional. Así lo informó Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), quien también es encargado del proyecto que conectará a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Al respecto, López Obrador, comentó: “Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo”, dijo.
El martes pasado, el presidente apuntó que en «tiempos del neoliberalismo» solían priorizarse intereses de particulares sobre los de la nación, pero –añadió– ya no sucede más.
“¿Nada más por intereses políticos de estos conservadores, corruptos? No, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones se sitúen por encima del interés general. Eso correspondía a la época del neoliberalismo, del neoporfirismo. Ahora es el interés del pueblo, lo más importante de todo, el interés general”, dijo.
El presidente señaló que antes de que fuera declarada obra de seguridad nacional optó por esperar la resolución de jueces, sin embargo, consideró que han tardado mucho y tener las obras paradas genera pérdidas al erario público.
Ya se estableció el mecanismo legal porque queríamos esperar a que el juez resolviera, pero volvemos a lo mismo, donde está la justicia rápida y expedita”, refirió.
El mandatario federal rechazó que con esta decisión se caiga en algún desacato ante la autoridad que ordenó la suspensión de las obras tras conceder amparos. Dijo que las obras se reiniciaron la semana pasada y se prevé que la inauguración del Tren de más de 1,500 kilómetros sea en diciembre de 2023.
En tanto, en medio de la polémica levantada por el reinicio de las obras del Tren Maya, pese a la emisión de amparos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió un acuerdo por el cual ordenó no detener ningún trámite a cargo de dicha dependencia federal en torno al proyecto de infraestructura.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación explica que el Tren Maya es una obra estratégica incluida en el Plan de Desarrollo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, por lo que en atención a ello la dependencia a cargo de Román Meyer Falcón ordena la no suspensión de procedimientos administrativos y de servicios.
“El Tren Maya es un proyecto importante de infraestructura, orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona, propiciar el ordenamiento territorial de la región, al desalentar actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies”, justifica.
Pero la realidad es que, el polémico Tren Maya ha logrado avanzar una vez más, por encima de la ley.
Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, en entrevista con 24 HORAS advirtió que “suponiendo que se determine que sí es un tema de seguridad nacional, el amparo queda sin efectos porque ya cambió la naturaleza jurídica del acto reclamado, que es la construcción del tren; ya no es un tren, ya es un tema de seguridad nacional».
Manifestó que el Gobierno le está “dando la vuelta a la ley”, por lo que los afectados por la obra podrían presentar un amparo contra el decreto dentro de los próximos 20 días; y debido a la importancia del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) afirmó que al darle la categoría de obra de seguridad nacional al Tren Maya, el Gobierno de México busca evadir el cumplimiento de la ley.
“Es muy lamentable conocer que el Consejo de Seguridad Nacional ha catalogado al Tren Maya como una obra de seguridad nacional, esto es un argucia legal que está utilizando el gobierno de la 4T para hacer trampa y evadir el cumplimiento de la ley que no lo vamos a permitir, exigimos que se den a conocer los criterios que se utilizaron y sus alcances para evadir la ley y los permisos ambientales”, aseveró.
Sostuvo que el Tren Maya ha resultado, al igual que otras mega obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería en Dos Bocas, una obra sin planeación, con un avance físico menor a lo proyectado y con un sobre costo que ya rebasa en un 90% en lo planteado al inicio.
Pero lo más grave, reiteró Téllez, es que bajo el argumento de seguridad nacional, se haya reanudado la construcción en un tramo que tenía una suspensión judicial.
Por su parte, Greenpeace expuso que no se puede permitir el avance de un proyecto que, a todas luces, continúa ignorando la ley.
La organización ambientalista enfatizó que es inadmisible que con la bandera de progreso se pase por encima de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la información, a la libre determinación y al agua.
En tanto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para que se cite a comparecer a los titulares de las secretarías de Gobernación, Adán Augusto López, y a la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que informen sobre la decisión de declarar a la construcción del Tren Maya como obra de seguridad nacional.
Ahora queda esperar que ambos personajes atiendan la convocatoria, porque la costumbre del actual régimen, es pasar por encima de la ley.
@salvadorcosio1
