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Desazolve #CORRUPCIONyVIOLENCIA

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Por: Salvador Cosío Gaona

Con el estúpido pretexto de que debe haber respeto ante los asesinatos de periodistas y activistas sociales por lo que cualquier otra cosa debe esperar prudentemente a que le corresponda la atención legislativa y de autoridades, los legisladores priístas federales y de Coahuila bloquearon la intención del resto de grupos parlamentarios a fin que se exija a las autoridades federales y electorales que analicen y actúen en su caso contra Humberto Moreira Valdés, quien como es sabido, está señalado en relación a muchos ilícitos graves, teniendo causa penal abierta en el vecino país del norte cuyas autoridades han develado recientemente la existencia de cuentas multimillonarias en solares ubicadas en bancos de Mónaco e Islas Caimán.

Enredado en su lengua, ridículo suena el alarido del Gerente en turno de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza, quien exigió ‘una investigación a Humberto Moreira para deslindar responsabilidades en torno a las presuntas cuentas bancarias en Mónaco e Islas Caimán de familiares del ex gobernador de Coahuila’, siendo absurdo hablar tan huecamente de la supuesta lucha anticorrupción enarbolando un rancio
esquema discursivo del que no se ha apartado desde que fue contratado para fungir como encargado temporal de dar la cara a nombre del priismo y que pudiera ser titulado: ‘el burro hablando de orejas’, dado el historial de corrupción e impunidad del PRI y especialmente el que acompaña al propio Ochoa Reza.

Queriendo olvidar el señalamiento que existe en su contra relativo a medrar del erario al haber recibido una jugosa indemnización cercana a los dos millones de pesos, basada en una reglamentación ilegal y mañosa totalmente apartada de la moralidad, ya que dicha enorme suma le fue graciosamente entregada a Ochoa tras que renunció voluntariamente al cargo que ocupaba como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dejarlo e irse a tomar posesión de la gerencia nacional del PRI.

Pero además del tachón personal que distingue a Ochoa Reza y le quita toda autoridad moral para hablar de lucha anticorrupción, lo cierto es que siendo el PRI un partido demasiado manchado por escándalos de corrupción, resulta ridículo y aberrante el que ahora todo su discurso se base en tratar de enlodar a los otros partidos y sus candidatos, además de ahora abanderar una burlesca exigencia de acción en contra de un personaje como Humberto Moreira al que se encargó de proteger a ultranza mientras fue priísta y que ahora incluso no siéndolo permanece inactivo y solo es retórica la acción en su contra, dado que se mantiene impune ante la falta de indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y es que en una reciente visita a Coahuila, Ochoa gritó a quien quiera oírlo y creerle, que su partido está a favor de la eliminación del fuero para que no exista impunidad en casos como el de Moreira y dijo: “estamos a favor de no dar un paso atrás en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguridad pública, por supuesto que estamos a favor de que se aclaren todas las acusaciones y se lleven a cabo las investigaciones”, y recalcó que Humberto Moreira ya ha dejado de ser miembro del PRI y se jactó que seguirán exigiendo la puntual aclaración de todos estos hechos porque, a su parecer, la sociedad exige “transparencia, rendición de cuentas y un gobierno ejemplar”, pero para su desgracia, lo que se quiso esforzar en marcar como auténtica lucha anticorrupción, topó con pared ya que al parecer va a imperar la orden del Presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a que los legisladores del PRI deberán seguir protegiendo a Moreira, pues tanto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como en el Congreso del Estado de Coahuila, las bancadas del tricolor bloquearon el análisis de puntos de acuerdo dirigidos a autoridades federales y electorales para que se revise y en su caso acuerden determinaciones y acción legal contra el ExGobernador de Coahuila y ex gerente en turno de la dirigencia nacional del PRI.

Además de este doble discurso, está el cúmulo de asuntos de corrupción en que se vincula a muchos ExGobernadores militantes del PRI y que siguen impunes, así como la ya sabida cantidad importante de temas turbios que se ligan con Peña Nieto, su familia y sus más cercanos colaboradores.

El que su hermano Rubén Moreira actual Mandatario de Coahuila lo haya exonerado y que la PGR en época de Calderon haya archivado la averiguación previa, no inhibe la posibilidad de nueva acción además de atender la causa penal que se le sigue en Los Estados Unidos de América, debiendo aceptar acatar la orden de captura existente y remitirlo a juicio en el vecino país, como tampoco impide que se le incauten o al menos se le aseguren las cuentas y propiedades que tenga en México, como lo solicitan los diversos partidos políticos y a lo que los legisladores priístas se niegan rotundamente con pretextos aberrantes y obtusos que solo detonan el reiterado actuar pleno de complicidad.

Violencia contra periodistas

La creciente violencia que aqueja al país hace resurgir el clamor al Presidente de México Enrique Peña Nieto, en cuanto a la falta de resultados del gobierno que encabeza y ahora además del problema global se acentúa el reclamo por la creciente ola de asesinatos y atentados contra comunicadores y activistas sociales cundiendo la exigencia de más protección a los periodistas y a quienes encabezan causas populares que pueden ser incomodantes para personajes poderosos a quienes se les lastiman intereses mezquinos.

Y así fue como entre gritos de “justicia” y “no más discursos” se manifestaron los periodistas mostrando hartazgo para con lo que se considera una ineficaz e incluso negligente actuación de las autoridades federales mexicanas. Después de casi una docena de asesinatos tintados de barbarie en lo que va de año, el Presidente Peña Nieto ha ofrecido que aumentará la protección a los periodistas amenazados.

El ofrecimiento de Peña Nieto fue forzado por las circunstancias y se realiza después de escuchar los gritos de los reporteros que cubrían la reunión que sobre problemática de inseguridad nacional sostenían Peña, los gobernadores del país y los colaboradores presidenciales ligados a Seguridad y Justicia, gritos de los periodistas presentes que le reclamaron “justicia” y “no más discursos” cuando pidió que se guardara un minuto de silencio en memoria de los seis asesinados.

Peña tuvo que apechugar los justos reclamos y señaló: “Entiendo su indignación, a la que nos sumamos y nos solidarizamos, estamos aquí no para dirigir discursos, sino para reafirmar un compromiso para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables. Este encuentro debe darles la esperanza y la tranquilidad de que el Estado está dispuesto a dar con los responsables de estos hechos».

Es clara la existencia de una herida profunda en la sociedad y más aún en el gremio de los comunicadores, hay desconfianza total hacia el gobierno y la percepción, incluso de complicidad y esa herida es aún mayor tras el asesinato a plena luz del día del periodista Javier Valdez, considerado el mayor cronista del narco en el estado de Sinaloa.

En el primer año del sexenio de Peña Nieto murieron cuatro periodistas; seis, en 2014; siete un año después; 12 en 2016 y en lo que va de este año han sido asesinados al menos 10 y es escasa la acción gubernamental para identificar y sancionar culpables además de nula la labor de prevención y protección.

A las muertes hay que sumar las continuas agresiones que sufren los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en zonas controladas por el crimen organizado. Artículo 19, (Article 19) la Organización Civil inglesa creada hace tres décadas en la búsqueda de coadyuvar en la lucha por la defensa de la libertad de expresión, tiene registradas al menos dos mil agresiones a reporteros desde el año 2010.

Sin entender que no es con discursos como se amaina el grave problema, Peña Nieto busca justificarse y dice: “La violencia perpetrada contra periodistas y defensores derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad”, emitiendo el enésimo anuncio y promesa, dijo: «se fortalecerá la estructura y el presupuesto de los mecanismos de protección para periodistas», pero no concretó en qué consistirá ese fortalecimiento. Peña aseguró que el gobierno federal mexicano hace labor y que actualmente 196 periodistas y 342 defensores de derechos humanos cuentan con protección de las autoridades pero no parece ser cierto y además queda claro que muchas de las victimas estaban desprotegidas a pesar de las alertas al respecto y que las autoridades tenían conocimiento de los riesgos.

Tras la reunión con los gobernadores, Peña anunció que habrá de fortalecer la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y prometió más personal y mejor capacitación, así como el establecimiento de mecanismos y un mayor diálogo con la sociedad civil y los periodistas.

Pero la credibilidad está por los suelos y Peña sigue sin entender que no es con promesas como va a lograr que la problemática amaine y parece no existir a corto plazo un plan que con estrategia y acciones adecuadas, tienda a lograr se amaine el problema.

Los asesinatos y la barbarie no acabarán con discursos pues hay que ir al fondo del problema y en ello avanzar a la limpia de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, además de acentuar el control de confianza y la revisión de las condiciones en que se desenvuelve la labor de muchos servidores públicos que al estar involucrados en actividades graves de corrupción, se sienten amenazados por la labor de comunicadores y activistas sociales y deciden ultimarlos. Parece claro que además del tema del narcotrafico muchos crímenes contra periodistas y activistas comunitarios se originan en personajes vinculados al servicio público y la actividad política.

@salvadorcosio1
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Periodista, resignado Atlista, enamorado de mi ciudad y de mi Estado. De L a V en punto de las 7am al aire @1070noticias http://bit.ly/oYJFU2