Por: Salvador Cosío Gaona
Los jerarcas de la Iglesia Católica en México y las llamadas ‘cúpulas del empresariado’ son dos segmentos de la sociedad mexicana con influencia en amplios sectores de la comunidad y en diverso sentido con distinta supuesta justificación, están afrentando al Gobierno, exigiendo especialmente al Poder Ejecutivo Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, atienda sus exigencias.
Los representantes empresariales están exigiendo ‘acción integral anticorrupción’, con motivo del reciente rechazo que en El Senado de La República se impuso a la iniciativa de hacer obligatoria la declaración de ingresos, patrimonio e intereses económicos de todos los servidores públicos y las personas del ámbito privado que realicen operaciones vinculadas a intereses públicos, la famosa ‘declaración 3 de 3’, votación en contra que fue encabezada por la aún mayoría senatorial del partido del Presidente Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los magnates que fijan la línea general de posicionamiento socio político de los grupos de empresarios, están aprovechándose convenencieramente de una justa exigencia social en cuanto a que se cumpla la oferta, promesa y compromiso presidencial de establecer una real y eficaz política pública para combatir opacidad, corrupción e impunidad, vicios de los que muchos de los ‘capitanes de empresa’ han sido impetuosos generadores y cómplices.
Es imperativo respetar y defender a ultranza el inalienable derecho constitucional a la libre expresión, así como cuando hay argumentos y posible sustento o justificación, resulta muy válido protestar contra actos de cualquier autoridad, más existen límites que deben guardarse y por ello es inadmisible además de necesariamente sancionable, la ofensiva falta de respeto que algunos Jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana han realizando hacia la autoridad representada por el Presidente de La Republica.
Con sus acciones, a través del Obispo de Culiacán Jonás Guerrero Corona, la dirigencia eclesial católica violenta la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asociaciones Religiosas, al haber llegado al extremo de amagar e injuriar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, pretendiendo tildarlo, incluso, de homosexual, pues el citado Guerrero Corona realizó grosera crítica al Presidente Peña Nieto reclamándole haber enviado al Congreso de La Unión la iniciativa de reforma legal que propone posibilitar los llamados matrimonios igualitarios y dijo: “¿No será que El Presidente anda buscando gavioto en vez de gaviota?”, ofensa a la que ningún Prelado se interesó en desautorizar, por lo que al quedarse callados se genera la presunción de estar conformes con lo expresado por el Obispo Guerrero, como si el diocesano de la capital sinaloense hubiere sido autorizado para expresar su perorata a nombre de los jerarcas católicos, que al no replicar, luego entonces simplemente lo convalidaron.
El Presidente de la República, aún siendo católico, debe gobernar para todos los mexicanos bajo los principio del Estado laico y aún siendo respetable la discrepancia que expresan los caciques que dominan y manipulan las asociaciones religiosas de la Iglesia Católica en relación a una iniciativa presidencial, y siendo válida también la petición de modificarla, lo que es sin duda inadmisible es la intolerancia y la diatriba felona que enderezan abiertamente afrentando a la autoridad ejecutiva federal.
La Constitución de La República define claramente el marco de actuación de las Asociaciones Religiosas y la Ley reglamentaria de la materia especifica que están obligados sus integrantes a conocer y respetar las normas legales, les define derechos y obligaciones.
Los responsables de las Asociaciones Religiosas tienen obviamente el derecho de expresar su indignación por la iniciativa presidencial que entre otras cosas propone Reforma legal a fin que quede clara la permisibilidad de los denominados matrimonios igualitarios, planteada por el Presidente en el marco de la obligación constitucional de respeto a los derechos humanos y además en consonancia a lo que la Suprema Corte de Justicia de La Nación ha resuelto al respecto y por supuesto que es respetable el derecho de la Iglesia a criticar y solicitar, pero eso no significa que tengan extrema libertad de expresar agresiones al Presidente. No se puede permitir excesos y tampoco se debe tolerar que así tan ligeramente ofendan.
Es momento que el Ejecutivo Federal actúe y así, evite un precedente infausto, además ya es urgente que se ordene a la Procuraduría General de La República (PGR) saque de los archivos las averiguaciones criminales abiertas a partir de las diversas denuncias presentadas, ratificadas y ampliadas, que la agrupación ciudadana ‘Conciencia Cívica Jalisciense, A.C.’ por medio de las que acusa al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Arzobispo Emérito de Guadalajara, así como a otros prelados como son los directivos de La Legión de Cristo, señalados por colusión con actividades de pederastia y Pedofilia, ya que hay recurrente confesión de Juan Sandoval en el sentido de haber conocido muchos casos de ilícitos cometidos por clérigos en contra de menores de edad, de quienes abusaron sexualmente y no obstante eso, solamente informó al Vaticano y los suspendió de ejercer el sacerdocio o en algunos casos los cambió de adscripción sin denunciarlos a la Justicia.
Pero también está la acusación por esclavismo y trata de personas, así como abuso al acopiarse ilegalmente bienes patrimoniales de jovencitas que son entregadas por familiares a efecto que se enrolen y puedan obtener su adhesión en calidad de ‘consagradas’ para lo cual se internan en casas especiales y ahí pierden su libertad y sus bienes, que les son entregados a la iglesia.
Las denuncias están ya sustentadas y solo falta terminar de integrarlas y consignar ante Jueces Penales Federales, siendo las averiguaciones criminales: PGRJALGDL/A2M4-464/2009, PGRJALGDL/A3M4-3329/2010, PGRJALGDL/A3M4-3329/2010 y PGRFEVINTRA/C-057/2011, las que la PGR ha evitado integrar y se consignen para que un Juez dicte las órdenes de aprehensión correspondientes.
Ya basta de tolerancia y complicidad hacia los crímenes cometidos por sacerdotes.
Insólito, rayando en lo inadmisible pero es absolutamente cierto. La Iglesia Católica, representada en nuestro país por el oscuro Cardenal Norberto Rivera Carrera, -que dicho sea de paso no es bien visto ni por el Papa Francisco- publicó el pasado domingo en su órgano de difusión oficial, el semanario ‘Desde La Fe’ que edita la Arquidiócesis Primada de México, una personalísima editorial que, desde donde se vea, es una franca declaratoria de “guerra santa” en contra del Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, en respuesta a la iniciativa del Ejecutivo. Pero ahí no termina todo. Los representantes de la Iglesia Católica están molestos con el Presidente, por las nuevas disposiciones fiscales que los obligarán a llevar contabilidad, emitir facturas electrónicas por los servicios que prestan, y por supuesto, pagar sus impuestos, como lo hacemos, o deberíamos hacerlo todos. La Iglesia recibe cada año una enorme –e indeterminada- suma de dinero por concepto de limosnas, diezmos, donaciones, y cobro de servicios al otorgar los sacramentos como el bautismo, confirmación y matrimonio, así como por oficiar misas con intenciones particulares diversas.
Sin embargo, durante siglos estos ingresos se han mantenido ocultos, y jamás han pagado impuestos por los mismos. A partir de éste año, las reglas del juego cambiaron y a la Iglesia no le gustó nada el nuevo escenario, por lo que aprovechando la coyuntura, se le han ido a la yugular al Presidente Peña, de quien hasta han insinuado tener preferencias homosexuales, que de serlo no tendría nada de malo, lo malo es la intromisión de algunos jerarcas católicos en asuntos que en todo caso, serian de carácter personal y privado del Presidente, y lo peor es que usen y abusen de un tema polémico en un país que se dice tradicionalista, mocho quizá, pero que en realidad tiene varias caras y las muestra a conveniencia.
Lo triste es que así de valientes como han salido a criticar las propuestas de reformas que no son un invento de nadie, sino la consecuencia global del reconocimiento de los derechos de las personas, así también hubieran salido a defender a las miles de víctimas de violaciones sexuales, pederastía y esclavismo clerical, que realizaron y realizan aun sacerdotes en todo el país, escondiendo su delito detrás de las sotanas y los púlpitos, pero ahí prefirieron callar a pesar de que nefastos personajes como Juan Sandoval Iñiguez, han dicho reiteradamente que los curas pederastas solo eran castigados cambiándolos de parroquia, o más recientemente en boca del propio Sandoval, que hay fincas exprofeso, como una ubicada en el municipio jalisciense de Tlaquepaque, que ha servido a manera de casa de seguridad para ocultar a los purpurados que han sido señalados de violadores y agresores sexuales de niños y jóvenes varones principalmente.
El semanario publicado por la Arquidiócesis, llamó merecido castigo al PRI y al Presidente Peña, haciendo alusión a las elecciones celebradas el pasado 5 de junio, en las cuales el PRI perdió en siete de las doce gubernaturas que estaban en disputa. ‘Desde La Fe’ dice que, “pese al abstencionismo, que continúa siendo una pesada carga en la construcción de nuestra democracia, es de aplaudir la actitud madura de muchos mexicanos que salieron a votar en las elecciones del pasado 5 de junio. Y es que, al parecer, hemos entendido que nuestro voto tiene la rara peculiaridad de hacer reaccionar a muchos políticos cínicos, quienes siguen pensando que, hagan lo que hagan, seguirán disfrutando del poder y de la impunidad”. Y añade: “quienes han salido favorecidos con el voto ciudadano, deben tener cuidado de no caer en optimismos ramplones, pues la población, más que elegirlos a ellos, votó en contra de los peores, de los corruptos, de los cínicos, de los vividores, de quienes chupan los recursos de los pobres sin el menor asomo de culpa. El voto de castigo fue una muestra del hartazgo de una sociedad que se cansó de ser pasiva y espectadora, ante un gobierno federal y gobiernos estatales, caracterizados por su ineficiencia, indolencia, desvergüenza, y una indecente corrupción-…..-No cabe duda que el hartazgo ante la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, así como la imparable violencia y la inseguridad en la que vive secuestrada la ciudadanía, han sido los factores que llevaron a la derrota del partido en el poder (PRI).
«Por eso, hace unas semanas, nos preguntábamos en este espacio si el Presidente de la República no tenía prioridades que atender antes de hacer una propuesta legislativa destructora de la familia, de sus derechos y de sus valores. Ante dicha agresión de la Presidencia a la sociedad, ésta se ha movilizado de forma sorprendente en las redes sociales y en las calles, manifestando un rechazo total a una iniciativa –que se pretende autoritaria–, y detrás de la cual está el intervencionismo extranjero de poderosos lobbys auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, que financian esta perversión de los valores en los que secularmente se ha organizado de manera natural la familia y la sociedad. No hay duda que la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado, y ha emitido un voto de castigo al Presidente y a su partido político, el mismo que, cabe recordar, propuso en la Ciudad de México la ley criminal del aborto, y que en varios estados, aún contra el sentir de la sociedad, ha aprobado los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo”….. Todo esto y más fue lo que se escribió en el semanario católico, por lo que ante toda esta verborrea, solo vale recordar el sabio dicho que reza «La zorra nunca se ve su cola».
Ahora bien, lo que la Arquidiócesis hizo fue una clara violación a la Constitución, pues vale señalar que la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, señala que: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. El contenido del editorial de la Arquidiócesis, viola flagrantemente éste artículo constitucional, al utilizar una publicación de carácter religioso para oponerse a una de las instituciones del País: la Presidencia de la República.
Luego entonces, al margen de la defensa legal que hará la Presidencia ante la flagrante violación a un precepto constitucional, viene lo que quizá sea en realidad el tema de fondo, y es que por fin, las iglesias –todas, no solo la católica, tendrán que pagar impuestos-.
El 30 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará un proceso de auditorías a las asociaciones religiosas que no hayan entregado su contabilidad electrónica, y es que como parte de la miscelánea fiscal de 2014, la autoridad estableció la obligación para las iglesias (asociaciones sin fines de lucro) de entregar su e-contabilidad, registrar en medios electrónicos sus ingresos y egresos, y empezar a emitir facturas electrónicas. Desde la publicación del Régimen Aplicable para las Asociaciones Religiosas para el ejercicio fiscal 2015, en diciembre de 2014, representes de la iglesia católica externaron su inconformidad por la carga que implican las nuevas disposiciones que son obligatorias desde el 1 de enero pasado. A propósito del tema, en febrero pasado, Aristóteles Núñez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que las iglesias que no cumplan con estos requisitos o que tengan irregularidades en sus ingresos recibirán visitas de inspectores fiscales y tendrán que pagar los impuestos de las actividades que correspondan; sin embargo, no existe una fecha exacta para que inicien las auditorías.
Y cual si fuera título de una telecomedia, -los sacerdotes también pagan- porque más adelante, dependiendo de los números que obtenga el SAT con base en la información que entreguen las iglesias, puede decidir si ejerce auditorías en su contra y de las personas que están a su servicio.
Conforme a las disposiciones, la manutención de los ministros de las más de ocho mil quinientas asociaciones, está exenta del pago de impuestos cuando no supera el equivalente a tres salarios mínimos. Sin embargo, cuando ese monto supera seis mil seiscientos sesenta y un pesos mensuales, la iglesia está obligada a hacer la retención del Impuesto Sobre la Renta ISR y presentar la declaración al SAT sobre las percepciones del ministro religioso.
Los enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado no son cosa nueva. Sin embargo, en estos tiempos el gobierno no puede actuar como lo hiciera hace noventa años durante la Guerra Cristera, en dónde las diferencias entre ambas instituciones tuvieron que ser dirimidas con las armas.
La Iglesia lo sabe, y sabe también que cualquier represalia en su contra orquestada desde el gobierno, podría derivar en el colapso del propio gobierno, o del gobernante en turno. Por eso el Cardenal Norberto Rivera está envalentonado. Y por eso se atreve a enfrentarse abiertamente con el Presidente. A fin de cuentas, la Iglesia Católica tiene dos mil años reinando sobre la tierra, y el Presidente solo dura en el cargo seis años, y de éstos ya transcurrieron casi cuatro. El objetivo podría estar dilucidándose, al buscar propiciar una derrota para el PRI en la elección presidencial del 2018, a cambio de un triunfo del candidato o candidata del Partido Acción Nacional PAN, aliado tradicional de la Iglesia, y cuyas posturas ideológicas conservadoras coinciden plenamente con las de ésta. Si el PAN regresa a Los Pinos, -razonaría la Iglesia Católica-, entonces se podrán frenar reformas tales como la del matrimonio igualitario, la legalización del aborto, y otras a las que los religiosos, especialmente los católicos, se oponen. Además, cabría esperar que un Presidente panista, le regrese a la Iglesia los privilegios que, a su entender, el PRI les arrebató, como el estar exentos en el pago de impuestos.
Estamos entonces inmersos en una “guerra santa”, que los obispos y sacerdotes habrán de librar desde sus púlpitos, y con cualquier otro medio que tengan a su alcance, lástima que en esta cruzada estén olvidando la razón principal de su existencia, que es promover la fe y la esperanza de un mundo mejor después de este, todo por andar cuidando lo terrenal, cuando lo celestial para ellos debería ser la prioridad.
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