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Desaseo legislativo

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Por: Verónica Juárez Piña

En una vergonzosa sumisión al Ejecutivo Federal, el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados aprobaron reformas, adiciones y derogaciones a diversas leyes imponiendo su mayoría sin escuchar las propuestas de las organizaciones civiles, especialistas y de la oposición; pasando por encima del proceso legislativo y de los derechos humanos de las y los mexicanos.

La mayor parte de las iniciativas, que fueron propuestas por el Presidente de la República, buscan profundizar la militarización de la administración pública y seguir disponiendo de los recursos públicos para los megaproyectos prioritarios de López Obrador.

Entre las múltiples reformas aprobadas, una de las más preocupantes es la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para integrarlo al IMSS-BIENESTAR, sin haber cumplido con el compromiso de garantizar el derecho a la salud de millones de personas que no cuentan con la cobertura del ISSSTE o del Seguro Social.

El INSABI sustituyó al Seguro Popular a fines de 2019, a propuesta del titular del Ejecutivo Federal, con el objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio.

Casi cuatro años después, el Instituto desaparece para ser integrado al IMSS-BIENESTAR, ahondando la crisis del sector salud, con observaciones multimillonarias sin solventar por parte de la Auditoría Superior de la Federación y generando un grave desabasto de medicamento. Este, sin duda, es otro de los grandes fracasos del gobierno de López Obrador.

Otras propuestas lesivas son aquellas que profundizan la militarización de la administración pública del país, al entregar por tiempo indefinido la administración y las ganancias del Tren Maya a la empresa del Ejército, Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca – Maya – Mexica S.A de C.V. 

Asimismo, fue aprobada una reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil que crea una nueva aerolínea que estará a cargo del Ejército, y amplía las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo. De tal manera que el Ejército no sólo controlará los aeropuertos más importantes del país, sino ahora también estará a cargo de una línea área estatal.

Con las mismas prisas fue aprobada la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; que fortalece el control del Estado y minimiza la participación de la iniciativa privada en este sector y, entre otras medidas negativas, elimina la obligación de invertir el 1% del Producto Interno Bruto en Ciencia, Tecnología e Innovación.

La ley fue aprobada sin haber tomado en cuenta las propuestas de la comunidad científica y empresas del sector planteadas en los dos únicos foros organizados por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que se habían comprometido a efectuar siete de ellos y a tomar en cuenta las opiniones que ahí se expusieran.

La nueva norma crea el Consejo Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que estará a cargo de una Junta de Gobierno, en la que participarán, entre otras dependencias, la Defensa Nacional y la Marina.

El desaseo con el que fue aprobado este paquete de reformas confirman que, en la etapa final de su gobierno, López Obrador no se detendrá ante nada en su objetivo de entregar gran parte de la administración pública a las Fuerzas Armadas, sin importar que para ello tenga que pasar por encima de la Constitución de la República, la división de poderes y los derechos humanos.

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