Un autobús que llevaba a la prensa en la caravana electoral del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en el sureño estado de Paraná recibió hoy al menos tres disparos, denunció el Partido de los Trabajadores (PT), que calificó el hecho como una «emboscada».
En el incidente, que se produjo sin que hubiera víctimas, uno de los autobuses de la comitiva se vio forzado a disminuir la velocidad después de que dos neumáticos fueron pinchados de manera intencional con clavos, y después recibieron tres disparos: dos en la chapa del autobús y un tercero la rozó.
El incidente es el peor registrado hasta ahora en la precampaña electoral en Brasil, luego de varias acciones en contra de la caravana del expresidente Lula da Silva, quien enfrenta un proceso judicial que podría inhabilitar su candidatura.
La caravana de Lula da Silva se trasladaba de la localidad de Quedas do Iguaçu a Laranjeiras do Sul, cerca de la triple frontera con Paraguay y Argentina, cuando se produjo el ataque de este martes.
Lula da Silva, que realiza actos por 19 ciudades de Paraná, dijo que su comitiva “está siendo perseguida por fascistas, por grandes propietarios de tierra”, después de que el lunes hubiera enfrentamientos y algunas personas lanzaron huevos contra él y otras personalidades del PT.
“Lo que estoy viendo ahora es casi el surgimiento del nazismo. Lo que estamos viendo ahora no es política, porque si quisieran derrotar al PT irían a las urnas”, agregó el exmandatario, que pidió mayor presencia de la policía.
La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, que participa en la comitiva que recorre el sur de Paraná, un estado brasileño con gran producción agrícola, calificó de “emboscada” lo sucedido.
“No esperábamos este grado de violencia. La realidad es que no tenemos protección”, explicó ante la prensa, en una breve declaración realizada frente al autobús atacado.
“Lo que pasó aquí es extremadamente grave”, dijo la presidenta del PT, que exigió una reacción de las autoridades.
En el autobús viajaban periodistas, algunos de ellos internacionales, que acompañan la caravana preelectoral de Lula, la cuarta desde que anunció que sería candidato a un tercer mandato a la presidencia de Brasil en los comicios de octubre.
El viaje de Lula da Silva a esta región estuvo marcado por protestas a favor y contra el exmandatario, en momentos en que la tensión en Brasil tiende a aumentar por la polarización política en vísperas de los comicios.
El expresidente, condenado por lavado de dinero y corrupción a 12 años y un mes de cárcel, lidera todas las encuestas de cara a las elecciones de octubre, pero la justicia podría inhabilitarlo e incluso encarcelarlo en las próximas semanas.
La justicia brasileña confirmó el lunes en segunda instancia la condena de 12 años y un mes de cárcel para el expresidente, tras rechazar los recursos presentados por los abogados del exmandatario, cuyo encarcelamiento depende de un recurso en la Corte Suprema.
A pesar de que el ley en Brasil establece que los condenados en segunda instancia deben comenzar a cumplir la pena, una decisión de la Corte Suprema del país la semana pasada permite al exmandatario a seguir en libertad al menos hasta el 4 de abril.
Será entonces cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) analice el pedido de ‘habeas corpus’ presentado por los abogados de Lula con el objetivo de evitar que vaya a prisión y, eventualmente, que no sea inhabilitado políticamente.
La Ley de Ficha Limpia, aprobada por el propio Lula en 2010 antes de terminar su segundo mandato, establece que los condenados por tribunales colegiados por crímenes como lavado de dinero quedan inhabilitados por ocho años.
Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado por unanimidad en febrero por los tres jueces del TRF4 e incluso elevaron su pena de nueve años y medio a 12 años y un mes de cárcel.
Lula ya había sido condenado en julio por la misma causa en primera instancia, como presunto beneficiario de la remodelación de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Lula, quien tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar, niega la propiedad del apartamento, y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que fuera el titular de las escrituras.
Sin embargo, con declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la reforma del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula, el tribunal consideró que la familia del exmandatario era la real beneficiaria del inmueble.
