Legisladores federales y estatales de Florida denunciaron que en el recién inaugurado centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en un aeropuerto abandonado en medio de los pantanos de los Everglades, permanecen aproximadamente 750 migrantes en condiciones que calificaron de inhumanas. La visita de los legisladores a las instalaciones se realizó en un contexto en el que no se permitió el acceso a la prensa, y se limitaron las observaciones de los funcionarios.
Según los testimonios recogidos por los congresistas, las condiciones en el centro son precarias, con inmigrantes alojados en jaulas y en espacios reducidos que apenas cuentan con literas y baños, además de enfrentar temperaturas elevadas y humedad excesiva. La congresista Debbie Wasserman Schultz afirmó que en algunas jaulas hay hasta 32 detenidos, quienes deben usar los mismos espacios para beber agua, lavarse y defecar, en un ambiente de hacinamiento.
El senador estatal Carlos Guillermo Smith expresó que no se permitió hablar con los detenidos ni recorrer las áreas ocupadas, y calificó el sitio como un “campo de internamiento”. Por su parte, el legislador federal Darren Soto cuestionó el alto costo de la infraestructura, estimado en casi 500 millones de dólares, y advirtió sobre los riesgos que implica su ubicación en una zona proclive a inundaciones durante la temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.
Las denuncias de las organizaciones y los propios migrantes coinciden en describir condiciones de calor, humedad, escasez de agua y comida en mal estado, generando preocupación por la seguridad y el bienestar de las personas detenidas. La apertura del centro, que tiene una capacidad proyectada para 5,000 migrantes, fue realizada tras una visita del expresidente Donald Trump, quien promovió la iniciativa.
Diversas voces, incluyendo la Arquidiócesis de Miami, han cuestionado la pertinencia y la ética del ‘Alligator Alcatraz’, calificando su existencia como “corrosiva” e “inapropiada”. La crítica generalizada apunta a que la política migratoria actual, reflejada en la implementación de estos centros, requiere una revisión urgente para garantizar los derechos humanos de quienes allí permanecen.
Con información de EFE
