Por: Yuri Guzmán
La baja participación electoral en México, donde solo el 13 por ciento de la ciudadanía acudió a votar en las primeras elecciones al poder judicial, revela una profunda crisis de confianza y desafección hacia las instituciones democráticas. Este fenómeno, conocido como abstencionismo, no es un asunto meramente estadístico, sino una expresión de desencanto, apatía y, en muchos casos, desinformación que impacta directamente en la legitimidad de los procesos democráticos y en la calidad de las decisiones que nos afectan como nación. Y en este caso, obviamente, habríamos de sumar la desconfianza ciudadana respecto a las verdaderas intenciones que están detrás de este proceso y que se teme solo se trate de la intención del actual régimen de controlar a uno de los Tres Poderes de la Nación.
Diversos estudios y encuestas indican que en México, la participación electoral ha sido históricamente baja en comparación con otros países de América Latina y del mundo. Por ejemplo, en las elecciones federales de 2021, la participación fue aproximadamente del 52.3%, significativamente superior al 13% mencionado, pero aún insuficiente para reflejar una ciudadanía activa y comprometida. La cifra del 13% en una consulta o proceso específico, como el que se realizó recientemente, puede deberse a múltiples factores: desconfianza en el proceso, el desconocimiento de candidatos, percepción de que su voto no cambiará nada ya que todo estaba dicho, falta de información, o incluso una sensación de que su participación no tiene impacto en las decisiones que los afectan.
El abstencionismo tiene consecuencias palpables. Cuando menos del 13% de la población vota, la legitimidad de los resultados se cuestiona, y las decisiones tomadas en nombre de toda la ciudadanía pueden ser consideradas inválidas o, en el mejor de los casos, no representativas. Esto genera un ciclo donde la desconfianza se profundiza, y la participación disminuye aún más en futuras ocasiones. Además, la poca participación puede favorecer a actores políticos que no representan realmente los intereses de la mayoría, y facilitar decisiones que no reflejen las necesidades reales de la población.
En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México es «el país más democrático del mundo». Este argumento puede basarse en algunos indicadores políticos y constitucionales, como la existencia de elecciones libres. Sin embargo, la realidad es más compleja. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos internacionales señalan que México enfrenta retos significativos en materia de participación ciudadana, transparencia y acceso a la justicia. La baja participación electoral, en particular, refleja que muchos mexicanos no sienten que sus votos tengan peso o que los procesos políticos sean genuinamente representativos.
Es importante señalar que una alta participación no justifica, por sí sola, todas las acciones tomadas por los poderes públicos o las instituciones. La legitimidad de las reformas, en especial en el Poder Judicial, debe basarse en un proceso transparente, inclusivo y fundamentado en el interés público, no únicamente en la cantidad de votos emitidos. La reciente reforma al Poder Judicial, impulsada por el gobierno actual, ha generado controversia. Aunque la necesidad de reformar el sistema judicial mexicano es indiscutible, muchos críticos consideran que estas elecciones de Jueces y Magistrados se llevaron a cabo a modo, sin justificación, ni participación ciudadana, y con posibles intereses políticos que podrían perjudicar la independencia del poder judicial.
La designación de magistrados y jueces en algunos casos ha sido cuestionada por su falta de transparencia y por favorecer a ciertos grupos políticos y no políticos. El riesgo de que estas acciones puedan perjudicar la independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, la protección de derechos fundamentales, es una preocupación legítima.
En conclusión, el bajo nivel de participación electoral refleja una pérdida de confianza en las instituciones y una ciudadanía desmotivada, lo cual afecta la legitimidad de nuestras decisiones democráticas. Mientras tanto, los discursos optimistas sobre la democracia deben ir acompañados de acciones concretas que fortalezcan la participación y la transparencia. La reforma judicial, por su parte, requiere un proceso abierto, participativo y respetuoso de los principios democráticos no como lo llevaron a cabo. Solo así podremos avanzar hacia un país más justo, equitativo y verdaderamente democrático.
