Un juez federal dejó por ahora en manos de la PGR la decisión de permitir a los abogados de Kate del Castillo estar presentes durante la inspección que realizarán funcionarios judiciales a la investigación que lleva a cabo la SEIDO contra la actriz, por su supuesta relación con Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de esta capital, acordó que los abogados pueden acompañar a los actuarios y oficiales judiciales que acudirán a revisar el expediente, siempre y cuando se los «permita» la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
«Agréguese el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la quejosa… en su atención, permítase al promovente estar presente o a cualquiera de los autorizados de la parte quejosa en el desahogo de la diligencia de inspección… siempre y cuando el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación así lo permita», señaló el juez, según un acuerdo publicado en las listas del órgano jurisdiccional, correspondiente al amparo 70/2016.
En caso de que la PGR se niegue a darles acceso a los defensores, los fiscales federales no tendrán ninguna consecuencia legal porque el acuerdo del juez no es una sentencia. De hecho, el juez Mejía aún no dicta sentencia en otro amparo, con número 273/2016, presentado por Kate exclusivamente para tener acceso a la averiguación previa.
La SEIDO ha sido renuente a proporcionar cualquier tipo de información al juez, relacionada con la protagonista de «La Reina del Sur», porque asegura que ella tiene la calidad de testigo y no indiciada en la investigación. De hecho, esta semana la subprocuraduría dijo al juzgado que no le iba a ser posible entregarle unas constancias que le requirió de la averiguación previa.
La inspección en la que pidieron participar los abogados de la actriz fue ordenada por el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, con el propósito de verificar si algunas notas periodísticas fueron filtradas por la SEIDO o se trata de información que corresponde a documentos de la averiguación previa.
El juez Mejía negó a Del Castillo suspender en definitiva esas filtraciones, porque la PGR aseguró que no proporcionó ningún dato a la prensa; bajo esa premisa, el impartidor de justicia no podía frenar judicialmente un acto que no existe.
