Por: Verónica Juárez Piña
El presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que propone adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con lo que busca arrogarse facultades para hacer y deshacer con el presupuesto de la Federación.
Con el respaldo de la bancada de su partido y sus aliados, el titular del Ejecutivo Federal pretendió vulnerar las facultades que en materia presupuestal le corresponden a la Cámara de Diputados, violando con ello la Constitución de la República y atentando contra la división de poderes.
Esta afirmación se funda en que la Iniciativa tuvo su origen en el decreto emitido por el Presidente López Obrador -el 23 de abril-, a propósito del plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis económica por la pandemia del coronavirus Covid-19, en cuyo artículo segundo transitorio, establecía, textualmente, que:
“Este Decreto se convertirá en una Iniciativa de ley, que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata a la H. Cámara de Diputados”.
Esto demuestra que todas las explicaciones retóricas y, en general, toda la narrativa discursiva del Diputado Mario Delgado, líder de la mayoría del partido Morena en la Cámara de Diputados, en realidad, pretendía atender y acatar la voluntad presidencial de darle carácter de estudio prioritario; y de “aprobación inmediata” a la Iniciativa presidencial.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD nos opusimos porque sostenemos que esta propuesta presidencial es autocrática y, de aprobarse, significaría un retroceso respecto de muchos años de avance democrático en nuestro país. El presidente de la República aspira a gobernar por decreto, pretendiendo pasar por encima del Congreso de la Unión.
En medio de estos agitados tiempos, se actualizaron las cifras del desempeño de las finanzas públicas al primer trimestre del año, las cuales, vale destacar, no reflejan aún reducciones en los ingresos derivados de la Pandemia sanitaria. Por el contrario, al primer trimestre, el informe de las Finanzas Públicas revela un notable incremento de los ingresos tributarios (impuestos) de alrededor de 147 mil millones de pesos, equivalentes en términos porcentuales a 13.3%.
Por lo que, la aplicabilidad del supuesto, de una caída de los ingresos por impuestos mayor a 3%, prevista en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no puede estar más distante en este momento.
En este curso de estos acontecimientos, en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está resguardada la posibilidad de que, sí para abril o en cualquier otro mes calendario del presupuesto, se contraen los ingresos por encima del tres por ciento, entonces el Ejecutivo Federal tendría que enviar a la Cámara de Diputados el monto de gastos a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad, para que la Cámara opine al respecto.
A pesar de que pretendió venderse la Iniciativa presidencial como una herramienta para hacer frente al crítico escenario que vivimos, la iniciativa introducía el término “emergencia económica” sin definirlo; ya en el dictamen, buscaron anclarlo a indicadores del Producto Interno Bruto y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que es cierto e incontrovertible es que, eso le daba la facultad al gobierno, en cualquier momento, incluso sin una justificación sólida, de hacer uso de esta figura y disponer de recursos a conveniencia.
Queda claro que el interés del presidente es disponer de recursos que ya estaban asignados a programas y fondos, como los recursos del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, que ya han sido aprobados y destinados a los estados.
En el fondo, la intención gubernamental sólo tiene como fin mantener los proyectos y acciones prioritarias del presidente, como el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, sin atender a las necesidades inmediatas en salud y economía.
En lugar de estar discutiendo ocurrencias violatorias de la Constitución del Ejecutivo Federal, la prioridad de la Cámara de Diputados debería ser analizar y avalar alternativas y propuestas para salvar vidas, como la reasignación de recursos para el Sistema de Salud, cancelando o posponiendo Dos Bocas, el Tren Maya, y el Aeropuerto de Santa Lucía.
Así como para reactivar la economía, aprobando un verdadero programa y planeación para el fortalecimiento de la planta productiva, el empleo formal e informal, y necesidades apremiantes de la población en general.
La Cámara de Diputados tiene la obligación de cumplir con su tarea de legislar y atender cabalmente las facultades conferidas en la Constitución, en este caso es imprescindible vigilar constantemente el gasto y sus modificaciones en donde debe de existir una incidencia real del Poder Legislativo como contrapeso para regular estas malas prácticas.
