Por: Salvador Cosío Gaona
Es necesario y urgente se reconozca legalmente que los culpables de las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en Guadalajara son funcionarios y empleados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a quienes debe identificárseles como los únicos responsables de esa tragedia al haber actuado criminalmente con el mezquino fin de ocultar el robo de combustible en que participaban derramando millones de litros de gasolina a los drenajes ocasionando que estallaran aquella fatídica mañana en el sector Reforma, en el centro de la urbe tapatía. Por ello es acertada la postura que asumió el gobernador de Jalisco en días pasados, al solicitar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su inmediata y directa intervención para que de una vez por todas PEMEX acepte su responsabilidad y se actúe en consecuencia resarciendo los daños y castigando a quienes actuaron perversamente, sin menoscabo de que se mantenga vigilante de que se atienda el documento en que lo solicita, sin que deba quedar solamente en la insistente petición pues lo que debe hacerse es preservar la exigencia de justicia ejemplar.
Las más claras conjeturas apuntan a que empleados y funcionarios corruptos ante el riesgo de verse descubiertos como ladrones de combustible por una auditoría sorpresa, optaron por deshacerse del que tenían almacenado y que habían reportado como pérdida, arrojándolo al drenaje. Es decir, ellos lo reportaban robado y lo vendían ilegalmente a trasmano, de ahí que se piense que decidieron deshacerse de él provocando la gran tragedia.
Previo a las explosiones, a las 3 de la mañana -de acuerdo a las bitácoras-, los explosímetros de Pemex, de Protección Civil y Bomberos y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) marcaban cero en el nivel de explosividad, lo que despejó la sospecha de responsabilidad que pesaba sobre algunos funcionarios que, tras varios meses de estar bajo proceso y recluidos, fueron declarados sin responsabilidad por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo cual confirmaría el propio ex procurador Ignacio Morales Lechuga, quien reiteró la responsabilidad de Pemex, y la inocencia de funcionarios como Aristeo Mejía (Secretaría de Desarrollo Urbano), y Enrique Dau Flores (alcalde tapatío), incluida la ausencia de cualquier responsabilidad de parte de quien en ese momento era el Gobernador del Estado, Don Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue sometido a intensos ataques desde las más altas esferas del poder federal provocando se ausentara de la gubernatura para que en libertad se llevaran a cabo las investigaciones; linchamiento político que dio como resultado un inconmensurable daño al desarrollo de Jalisco, pues al dejar el encargo el Gobernador por la insana presión presidencial, quedaron truncos los grandes proyectos de movilidad, abastecimiento hidráulico y desarrollo regional que bajo su administración estaban en pleno apogeo, siendo que desde 1992 la entidad perdió el paso en los programas de desarrollo, ya que habiéndose inaugurado las líneas 1 y 2 del Tren Ligero se quedó proyectada la Línea 3, la que más de 20 años después se retomó, al igual que otros grandes proyectos que quedaron en el camino en razón de no impulsarse en los años subsecuentes ante falta de gestión o de respaldo federal para darles seguimiento.
Pero es cierto que en cuanto a la responsabilidad, había faltado una expresión tajante de la culpabilidad de los personajes criminales al seno de Pemex, así como la voluntad expresa para desenmascarar e ir por los verdaderos responsables de la tragedia, siendo necesario exigir a Pemex que resarza los enormes daños causados así como se atiendan las justas demandas de quienes desde hace casi 28 años fueron severamente lesionados y marcados por la absurda tragedia.
@salvadorcosio1
