Por: Héctor Romero González
Durante mucho tiempo la corrupción fue considerada como un factor cultural de las sociedades que era básicamente imposible erradicar. No obstante, en las últimas décadas del siglo XX surgen numerosos trabajos académicos que tienen por objeto comprender las causas que la provocaban.
Así, cobra popularidad la teoría de la agencia, la cual se inspira en las empresas, particularmente en la relación entre los accionistas, a quienes se considera como principales, y los administradores que actúan en su representación, a quienes se identifica como agentes.
La doctrina anticorrupción replica esta teoría y equipara a los accionistas de una empresa con la ciudadanía, mientras que a los políticos los equipara a los administradores, dado que deben actuar en representación de la ciudadanía y persiguiendo un interés colectivo. Así, la sociedad es el principal, mientras que los servidores públicos son los agentes.
Esta teoría considera que las causas que provocan la corrupción se agravan con motivo de la asimetría en la información que posee el principal para evaluar si el agente obedece a sus intereses. Entonces, de acuerdo a este criterio, bastaría con proporcionar mayor información a la ciudadanía para controlar de manera efectiva a los gobernantes.
La gran mayoría de reformas anticorrupción a nivel mundial utilizaron la teoría de la agencia como base para el desarrollo de políticas públicas en la materia, mismas que provocaron una alta expectativa, sin embargo, los resultados han sido heterogéneos y en algunos casos, a pesar de tratarse de instrumentos legales bien intencionados, fueron un rotundo fracaso.
Pero, ¿cuál ha sido la causa de ese fracaso?. No existe una causa única, pero existe consenso en la academia que esto puede deberse a que las reformas basadas en la teoría de la agencia parten de la premisa que el principal, en este caso la ciudadanía, está interesada en mantener un escrutinio constante del agente para garantizar que este actúe persiguiendo sus intereses.
Así, en aquellos casos donde los factores socio-políticos demuestran una mayor desconfianza en las instituciones, ello provoca un desapego del ciudadano con el quehacer público, desincentivando el interés en controlar a los políticos.
En aquellos casos donde esto acontece, puede generarse un círculo vicioso que dificulta aún más los esfuerzos por combatir la corrupción, ya que se presenta un dilema de acción colectiva, donde no bastan soluciones que tradicionalmente serían útiles para resolver los problemas de acuerdo a la teoría de la agencia.
Por dilema de acción colectiva entendemos aquel donde los individuos optan por las decisiones que resultan más racionales para obtener un beneficio individual e inmediato, sin embargo, en caso de que todos los individuos adoptaran la misma decisión, provocaría un problema para la comunidad. Un ejemplo de esto es el caso de un grupo de leñadores en un bosque, quienes procuran maximizar sus ingresos mediante la mayor extracción de madera, sin embargo, esto puede provocar la deforestación. Ante esta situación, lo más conveniente sería que los leñadores adoptaran un acuerdo colectivo para limitar temporalmente la tala de árboles. No obstante, para el éxito de la medida es imprescindible evitar el comportamiento oportunista de grupos de leñadores contraviniendo la limitación temporal. A este tipo de oportunistas se conoce como free riders.
México enfrenta este dilema. Actualmente se ubica en la posición 130 de 180 del Índice de Percepción de la Corrupción, siendo el peor de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que más del 60% de la población cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 aplicada por el INEGI.
Ante este contexto, es lógico y natural que en el país no resulten suficientes las soluciones basadas en la teoría de la agencia, dado que existe una desconfianza generalizada donde todos asumen que cada quien protege sus intereses individuales, aunque sea a costa de los colectivos. Esto es un caldo de cultivo para la acción política basada en redes clientelares y que las instituciones de gobierno sean parciales.
Ahora, recordemos que en el año 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas constitucionales orientadas al combate a la corrupción, concibiendo a este como un fenómeno nocivo que obstaculiza el progreso de la sociedad mexicana. A raíz de dicha reforma, ya en el 2016, fue necesario que el Congreso de la Unión expidiera dos leyes generales, dos leyes federales y se reformaran otras tres federales, mientras que las legislaturas locales estuvieron obligadas a armonizar su legislación estatal a las nuevas bases legales generales.
Esta coyuntura abre una ventana de oportunidad de romper con el circulo vicioso de la administración pública, pero para eso debe de entenderse a los sistemas anticorrupción no como una solución meramente sancionatoria que debe evaluarse por la cantidad de políticos en las cárceles, sino como instancias de coordinación donde se debe privilegiar el establecimiento de controles que permitan limitar los monopolios de poder y disminuyan la arbitrariedad en la toma de decisiones.
@hecromg
