Por: Abril Alcalá Padilla
Diputada Federal
Aunque durante el primer año de gobierno pareciera que le funcionó al Presidente culpar a las anteriores administraciones y a “fuerzas oscuras” de la ineficacia de su gobierno, la paciencia de los mexicanos empieza a agotarse frente a crisis tan graves como la del sistema de salud. Este 2020 arrancó con la irreflexiva desaparición del Seguro Popular que, sin llegar a ser perfecto, había cumplido casi 20 años con la función de proveer acceso a los servicios de salud a unos 20 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza.
Fiel a su costumbre de creer que los problemas de la Nación se pueden resolver mediante ocurrencias y supuesta buena voluntad, López Obrador abandonó a su suerte a millones de mexicanos quienes, con la desaparición del Seguro Popular, enfrentan situaciones dignas de una película de Buñuel. Personas con intensísimos dolores a quienes se les pide conformarse con Paracetamol; pacientes terminales a quienes, de la noche a la mañana, se les niega una cura cancelando procedimientos que ya no se cubren; familias enteras que se ven obligadas a endeudarse para atender a sus enfermos; chiquitos con cáncer a quienes se les va la vida porque su tratamiento fue abruptamente interrumpido, y un largo y triste etcétera.
Desde el 23 de octubre de 2019, día en que se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen que creaba el Instituto Nacional del Bienestar (INSABI), mis compañeros diputados de la oposición y yo advertimos con muchísima preocupación los innumerables riesgos de echar a andar un proyecto evidentemente improvisado y caprichoso, ignorante de la realidad en los centros de salud y sin recursos. Solicitamos en todos los tonos posibles a las y los diputados de la mayoría y a sus aliados replantear el dictamen de manera que integrara la perspectiva de los expertos, pero que además contara con reglas de operación claras y un plan de integración de los diferentes sistemas de salud para facilitar el consenso y la ejecución en las entidades federativas. También demandábamos un período de transición suficiente para identificar y resarcir errores en la implementación sin poner en riesgo a la ciudadanía y, por supuesto, exigíamos recursos dignos para que el proyecto fuera sostenible. Finalmente, insistimos hasta el cansancio en la crueldad que suponía desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos – cuyo objetivo era la atención de enfermedades graves y de alto costo -, pero por desgracia y para no variar, fuimos ignorados y silenciados, como si la salud de nuestra gente no mereciera mayor discusión.
Por si fuera poco, entre los documentos que acompañaron el dictamen que creó el INSABI, se encuentra un impacto presupuestal (CEFP/IPP/443/2019) elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que advirtió tres limitaciones de vital importancia en el proyecto. La primera es que se considera una especie de homologación con el IMSS, pero hasta 2016 dicho instituto tenía tasas de atención de apenas el 43% y aun así presentaba déficits. Por ende, para atender al 100% de los derechohabientes de manera efectiva con una canasta de servicios “ampliada”, implicaba un impacto presupuestal sustancialmente más alto que no hay de dónde sacar considerando los costos de los programas sociales del Presidente.
La segunda son los enormes costos de absorber al personal de sector salud de los estados. Actualmente, el grueso de los empleados estatales trabaja bajo honorarios y el paso a un régimen similar al de empleados del IMSS implicaría pasivos laborales y contingentes. En consecuencia, el INSABI nacería maniatado por una enorme deuda que que ni siquiera había sido evaluada y que dificultaría su operación.
Finalmente, la tercer gran limitación es que el INSABI no cuenta con un análisis riguroso de los cambios poblacionales ni con cifras generacionales, datos indispensables para elaborar e implementar exitosamente cualquier reforma a la seguridad social. Es decir, el INSABI resultó ser una especie de tratamiento a una enfermedad que ni siquiera ha sido bien diagnosticada y todo indica que puede resultar contraproducentes y hasta letal.
Eso sí, en aquellos momentos nos quedaba el consuelo de que habíamos advertidos minucionamiente y a tiempo, al mismísimo Presidente y a sus colaboradores, de las peligrosas inconsistencias del INSABI, por lo que confiábamos en que, por mera humanidad, habrían corregido el rumbo.
Por desgracia, como dicen orgullosos los de MORENA “no se le movió ni una coma”… y todos los días vemos las consecuencias.
Llevamos más de un mes de introducido este Instituto y aún desconocemos sus reglas de operación, sus mecanismos de financiamiento y hasta de distribución de fármacos y material. El desabasto de medicamentos, la saturación de los centros de salud y la ausencia de estrategias para atender las dolencias de la población son el pan de cada día. Entretanto, las autoridades piden paciencia, como si se tratara de un camino en construcción que meramente generara “molestias”. Que no digan que no se los advertimos y sí, estas muertes, el sufrimiento y la incertidumbre que viven hoy las y los mexicanos van por su cuenta, Señor Presidente. El dolor y la enfermedad no tienen paciencia.
Twitter: @Abril_AlcalaP
