La Justicia argentina autorizó la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión se basa en la investigación por presuntas irregularidades ocurridas en la concesión de obras públicas durante su gestión presidencial entre 2003 y 2015.
La resolución ha generado diversas reacciones en la escena política y social del país, con concentraciones de apoyo y rechazo en distintos puntos. La medida implica que Fernández podrá cumplir la condena en su residencia, en lugar de en una prisión convencional, en medio de un proceso que continúa en curso.
La resolución judicial ha sido objeto de análisis y debate en los ámbitos jurídicos y políticos, en un contexto de altas tensiones y polarización en Argentina.
