En México, la violencia sexual contra niños y adolescentes representa una problemática silenciosa y de dimensiones alarmantes. De acuerdo con datos de la organización Alumbra, diariamente ingresan a unidades médicas 27 menores por casos relacionados con agresiones sexuales, mientras que cerca de 98 carpetas de investigación se abren cada día por estos delitos. Sin embargo, las cifras oficiales y registros oficiales evidencian sólo una parte de la problemática, ya que se estima que el 95% de estos delitos no son denunciados.
El silencio que rodea a estos crímenes revela una complejidad adicional en la lucha por la protección infantil. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024) del INEGI señala que la gran mayoría de los delitos sexuales contra menores permanecen en la sombra, sin ser reportados por miedo, desinformación o falta de confianza en las instituciones.
Un informe de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) revela que niñas y niños de entre 3 y 5 años han descrito agresiones sexuales graves, muchas de ellas ocurridas en espacios que deberían ser seguros, como preescolares públicos y privados. Hasta junio de 2024, se han documentado 27 casos en 12 estados del país, reflejando la extensión de la problemática en diversas regiones.
Frente a esta realidad, diversas organizaciones de la sociedad civil presentarán hoy el Catálogo de Recursos para la Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil, una herramienta destinada a docentes, familias y comunidades interesadas en fortalecer la protección de la infancia. La iniciativa se realiza en el marco de la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, convocada por la Secretaría de Educación Pública para el próximo 8 de septiembre.
Expertos y activistas advierten que México ocupa uno de los primeros lugares entre los países de la OCDE en generación de violencia sexual infantil y creación de pornografía infantil, fenómenos que requieren una atención urgente y coordinada desde todos los niveles sociales y gubernamentales. La problemática, aún en la clandestinidad, demanda acciones concretas para prevenir y atender estos delitos que amenazan el bienestar y los derechos de la infancia en el país.
