El robo de combustible en la región de Veracruz se intensifica mediante el uso de instalaciones petroquímicas en desuso, permitiendo a grupos ilícitos extraer hidrocarburos de manera clandestina. La presencia de aproximadamente 40 plantas abandonadas en áreas cercanas a complejos como Pajaritos, Cangrejera y Morelos, evidencia una práctica que pone en riesgo la seguridad y economía local.
Según denuncian petroleros jubilados y trabajadores del sector, estas instalaciones, muchas de ellas en estado de deterioro y en zonas de difícil acceso, son aprovechadas por delincuentes para realizar actividades ilícitas, como el ordeño de hidrocarburos. En algunos casos, las plantas han sido desmanteladas parcialmente, dejando solo tuberías y estructuras que facilitan la extracción sin ser detectados.
Un ejemplo reciente fue la operación realizada en junio, en la que se detectó una refinería clandestina en Nuevo Teapa, Coatzacoalcos. La instalación, aparentemente abandonada, fue utilizada para transformar petróleo crudo en combustibles, actividad que, aunque no sofisticada, requiere conocimientos técnicos y el uso de instalaciones en línea que aún permanecen en el lugar. La recuperación de más de 500 mil litros de petróleo crudo en dicho operativo evidenció la magnitud del problema.
Los trabajadores indican que, desde 2016, muchas de estas plantas dejaron de operar formalmente y pasaron a ser utilizadas por el crimen organizado para el robo y el procesamiento ilegal de hidrocarburos. La falta de mantenimiento, sumada al deterioro natural y a la falta de vigilancia, ha permitido que estas estructuras sean reutilizadas para actividades ilícitas.
Pedro García, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, explicó que en el área de Veracruz existen aproximadamente 40 plantas en diferentes estados de abandono y desmantelamiento. Algunas de ellas están en zonas rurales, otras a la vista en carreteras principales, lo que facilita su utilización por parte de grupos delictivos. “Los delincuentes usan los tubos y las estructuras que quedan para extraer el hidrocarburo, sin temor a ser detectados”, señaló.
Las autoridades han realizado operativos para combatir esta problemática, asegurando grandes cantidades de combustible y desmantelando algunos puntos, pero los delincuentes parecen adaptarse rápidamente, migrando a otras instalaciones y zonas. Además, se reporta que algunos de estos sitios están siendo utilizados por empresas falsas o pantallas para ocultar las actividades ilícitas.
Expertos en seguridad señalan que este fenómeno no solo afecta la economía energética, sino que también fomenta la violencia, la corrupción y la intimidación en la región. La presencia de estas plantas en desuso, combinada con la impunidad, favorece la proliferación del huachicol y complica las tareas de las fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad.
El contexto nacional revela que, en 2024, se detectaron más de 145 tomas clandestinas en Veracruz y otras regiones, aunque las cifras muestran una disminución respecto a años anteriores, atribuida en parte a la cooperación entre las distintas instituciones de seguridad. Sin embargo, la presencia de estas instalaciones en zonas rurales y rurales aisladas continúa representando un desafío importante para las autoridades.
La problemática de las plantas abandonadas y su aprovechamiento por el crimen organizado evidencian la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia, recuperación y desmantelamiento de estas estructuras, así como de implementar estrategias integrales que combatan el origen y la cadena de suministro del huachicol en Veracruz y el país.
