La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en el proceso de deliberación sobre la demanda interpuesta por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, en un caso que podría sentar un precedente en la responsabilidad civil de la industria armamentística. Desde 2021, México ha llevado a cabo una batalla legal contra ocho compañías, incluyendo reconocidas marcas como Smith & Wesson, Beretta y Glock, exigiendo una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños causados por las armas que alimentan la violencia del narcotráfico en su territorio.
La controversia resurgió tras los argumentos presentados ante el máximo tribunal, que ahora debe decidir si la demanda de México puede avanzar o si debe ser desestimada, como ya lo hizo un juez en 2022. Este juez argumentó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), promulgada en 2005, protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad civil por el uso ilícito que los delincuentes hagan de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones reabrió el caso, señalando que existe una excepción a esta ley que podría permitir que la demanda de México proceda.
El caso no solo pone de relieve la creciente preocupación sobre el tráfico de armas y su relación con la violencia en México, sino que también plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad legal de los fabricantes en el contexto de su comercio. La decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas tanto para la industria armamentística como para la lucha contra el narcotráfico en la región.
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