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Corrupción, flagelo que AMLO simula combatir

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Por: Verónica Juárez

La corrupción en México sigue siendo un flagelo que el Presidente de la República, a pesar de sus promesas, solo simula combatir, sobre todo cuando involucra a integrantes de su familia o de su equipo más cercano.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Nuestro país mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de las 180 naciones evaluadas por Transparencia Internacional. 

No hay, en los hechos, un combate en serio a la corrupción en este gobierno, a pesar de los dichos del presidente y de haber sido su principal compromiso de campaña, por el contrario, todos los escándalos de corrupción que han destapado investigaciones periodísticas, que ni las dependencias correspondientes, han quedado impunes.

La defensa a ultranza de familiares del presidente o allegados que han incurrido en supuestos actos de corrupción, algunos de los cuales lo involucran a él, es la tónica de este gobierno.

Hay una abundante lista que relaciona a familiares directos del Jefe del Ejecutivo y miembros de su gabinete señalados de presunta corrupción, que López Obrador defiende a capa y espada a pesar de las evidencias contundentes. La impunidad es el sello de esta administración federal.

Un ejemplo particularmente grave es el de la Maestra Delfina Gómez, acusada de cobrar diezmos a trabajadores de Texcoco, siendo presidenta municipal. Es preocupante no solo por el hecho de ser la responsable de la Secretaría de Educación Pública, en donde se supone debe estar a cargo una persona íntegra, sino porque involucra directamente al presidente de la República y a su movimiento.

También es cuestionable el presunto conflicto de interés de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República, por supuestos vínculos con un exdirectivo de una empresa, la cual tiene un contrato multimillonario con Pemex, y que es propietario de una residencia en Houston, con un valor superior al millón de dólares, en la que vivió con su familia.

La cuestión es que las dependencias federales responsables de investigar los casos de corrupción sólo se utilizan con fines políticos para acosar a personajes con los que el presidente tiene diferencias, pero no indagan o terminan por exoneran a sus familiares y equipo cercano.

Por eso es aún más preocupante que el Ejecutivo Federal pretenda desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como parte de la iniciativa que, anunció, enviará al Congreso de la Unión para fusionar 16 órganos desconcentrados en diversas secretarías.

La promesa de combatir la corrupción fue uno de los factores por los cuales las y los ciudadano votaron por López Obrador, pero está incumpliendo este compromiso por proteger a familiares y amigos.

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