Por: Verónica Juárez Piña
Coordinadora GPPRD
Cámara de Diputados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las instituciones fundamentales para entender la democratización de México. Sin sus sentencias, valientes y progresistas, no entenderíamos la consecución de derechos y libertades sociales.
Qué sería del matrimonio igualitario sin las resoluciones de la Corte? ¿Cómo estaríamos en derechos de las mujeres sin la visión de avanzada que han tenido ministras y ministros? ¿Qué podríamos decir del federalismo o la división de poderes sin la intervención correcta del máximo tribunal?
No digo que todo sea perfecto en la Corte, pero creo que es una institución que hay que proteger.
El Gobierno de López Obrador, y sus mayorías legislativas, ya han amagado en el pasado con quitarle autonomía a la Corte. Primero lo hicieron con la imposición de una agenda de austeridad sin consensos ni diálogo. Todos estamos a favor de la austeridad, pero eso no le faculta al Presidente meter sus narices en asuntos internos de otro poder.
Morena también propuso crear un Tribunal Constitucional paralelo a la Corte. Un tribunal que nacería, innegablemente, a imagen y semejanza de lo que quiere AMLO y sus aliados. Ahora Ricardo Monreal habla de constituir una sala anticorrupción, con cinco ministros nombrados en los próximos días, para ampliar a 16 el número de asientos en el Máximo Tribunal de Justicia.
Nos preocupa mucho que en cuatro meses haya tantos mensajes que buscan minar la autonomía de la Corte. Y este último, es una clara apuesta por controlar políticamente al único poder que no pueden manipular.
López Obrador ha enviado ternas nefastas para elegir ministras y ministros: politizados, con militancia partidista, falta de preparación y hasta conflicto de interés. Y como si no fuera suficiente, la idea del presidente es controlar la mitad de la Corte, con ministros leales al régimen, a través de una reforma de dudosa constitucionalidad.
Hay que decirlo fuerte y claro: No les importa combatir la corrupción, lo que quieren es poder político. Condenamos cualquier intención de debilitar la autonomía y los equilibrios internos de la Suprema Corte.
El PRD pugna por una agenda anticorrupción robusta, pero siempre respetando independencia de todos los poderes. Para eso se constituyeron los Tribunales de Justicia Administrativa que, por cierto, el presidente ningunea. Si el Jefe del Ejecutivo tuviera la voluntad de combatir los vicios en el Poder Judicial, su primer compromiso sería con el nombramiento de magistrados probos e íntegros en el Tribunal que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
El presidente sospecha de todo aquello que no puede controlar: sociedad civil, medios de comunicación, empresarios o ministros. Debemos evitar, con todos los instrumentos democráticos, el atentado que el presidente quiere hacer para controlar el Poder Judicial y el Máximo Tribunal.
Los equilibrios son fundamentales en la democracia y la propuesta de Ricardo Monreal los socava. Oponerse a esta propuesta es respaldar la democracia y la división de poderes. Ojalá que haya sido sólo una ocurrencia y que los demócratas nos unamos para evitar tal despropósito.
