Por: Salvador Cosío Gaona
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.
Si usted, distinguido lector, entendió esta pregunta, lo felicito. Pero si además de comprenderla, usted encuentra que en ese extraño juego de palabras, están preguntando a los mexicanos si estarían a favor de que cinco ex presidentes de México, concretamente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto, vayan a la cárcel, entonces muy seguramente no entendió nada y es un adorador más de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación o Transformación de Cuarta, -como también se le conoce-.
Si bien, esa es la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hay que decir que no pregunta lo que quiere saber el presidente y tampoco tiene claridad para quienes optarán por hacerse presentes en las mesas de votaciones, aunque desde ahora no se observa mucho interés por participar de parte de la ciudadanía.
Así, partiendo de que la pregunta no pregunta lo que el presidente quiere que se pregunte, se puede advertir el fracaso de la respuesta. Lo trágico del asunto es que justamente a eso conduce el embrollo en que se metió Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), con tal de no perder su discurso de campaña que ha reiterado ya como presidente de la República en cuanto a su promesa de organizar una Consulta pública para preguntar a la gente si está de acuerdo con que se encarcele a cinco expresidentes que habrían incurrido en diversos delitos durante sus respectivos encargos.
De entrada, tengo que decir que he platicado con mucha gente de perfiles diversos y la coincidencia es que no se entiende la pregunta que aparecerá en la boleta el domingo 1 de agosto cuando se llevará a cabo la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la Cuarta Transformación ha echado mano de todas las vías de comunicación a su alcance para publicitar la figura popular que se celebrará por primera vez a nivel nacional.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por su dirigente nacional, Mario Delgado, está inmerso en esta función de apoyo en la difusión del modelo de votación.
Morena habilitó un sitio web para la promoción de la consulta a través del sitio electrónico juicioaexpresidentes.mx, el partido llama a la ciudadanía, en principio, a participar como promotores de la consulta.
El sitio web ofrece una colección de 9 audios descargables para que los simpatizantes del partido difundan los objetivos de llevar a juicio a los exmandatarios de México.
Por ejemplo, en un audio se atribuye al presidente Felipe Calderón el inicio de la guerra contra el narcotráfico que derivó en una espiral de violencia incontrolable dejando miles de víctimas.
“¿Recuerdas la guerra contra el narco, la matanza de campesinos, estudiantes durante la era neoliberal? Para llevar a las y los responsables vota ‘Sí’ en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio Sí, impunidad, No”, se escucha en uno de los audios.
De igual forma, se distribuyen al menos dos diseños de cárteles en formato PDF donde se aprecian las imágenes de los expresidentes Peña Nieto, con la leyenda Ayotzinpa; Carlos Salinas de Gortari, con la leyenda Fraude 88, y Felipe Calderón, con el mensaje “Narcogobierno”.(Forbes 23/06/21).
Pero hay que decir que López Obrador es el principal interesado en esta consulta, y aunque ha asegurado que él no participará de manera activa, ha expuesto constantemente las razones por las que a su juicio, sus antecesores deberían ser sujetos de un proceso penal.
El titular del Ejecutivo federal ha dicho que el expresidente Carlos Salinas de Gortari debería ser juzgado por “entregar los bienes de la nación a particulares”, en el periodo considerado como la privatización de empresas del Estado.
Al exmandatario, Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo, por convertir “la deuda privada de unos cuantos en deuda pública”, episodio conocido como el Fobaproa.
Mientras, al expresidente de la alternancia Vicente Fox Quezada por “traición a la patria”, ya que el panista confesó que “cargó los dados para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia”, indicó AMLO.
Luego, dijo que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debería ser enjuiciado porque desató la guerra contra la delincuencia “sin atender las causas” y se llevaron a cabo masacres.
“Había instrucciones de rematar a heridos y ahí están los datos de niveles de letalidad, dos años de enfrentamientos y había más muertos que heridos o detenidos, agréguenle que el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), está preso en Estados Unidos”, recordó el tabasqueño.
Del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que sería juzgado por “los actos evidentes de corrupción, ahí está de testigo protegido el que estaba de director de Pemex (Emilio Lozoya), declarando que por órdenes superiores se entregaba dinero a legisladores para aprobar reformas como la energética”, señaló el presidente López Obrador.(Proceso 22/06/21).
Pero mientras el Gobierno de México ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, los ministros han dejado claro que “La Justicia no se consulta”, tal como lo aseveró el propio Arturo Zaldívar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en octubre pasado cuando se dio a conocer el veredicto sobre la consulta y subrayó:
“El pasado 1 de octubre la Suprema Corte resolvió, en forma unánime, que la justicia no se consulta. Aunque con distintos enfoques y por distintos caminos, las ministras y ministros coincidimos en que, conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular; se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión de las mayorías.
En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha reportado listo para echar a andar la consulta que costará al menos 528 millones de pesos a los mexicanos. Un despilfarro monumental, si se toma en cuenta que solo servirá para cumplir un capricho más al presidente Andrés Manuel, dado que se requeriría de una participación de 40 por ciento del listado nominal para que sea vinculante, es decir, que 35 millones de mexicanos acudan a votar, y esa empresa luce poco menos que imposible.
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