Por: Héctor Romero González
El conglomerado Constellation Brands, propietario de los derechos de producción y comercialización de Grupo Modelo en Estados Unidos solicitó la autorización de las autoridades para la construcción de una nueva planta en el país y anunció el inicio de las obras desde el 2016 en la ciudad de Mexicali.
Ante este hecho, diversos colectivos ciudadanos, entre los cuales destaca “Mexicali Resiste” manifestaran su inconformidad con el alto consumo de agua que se esperaba de la planta y denunciaron que se estaba poniendo en riesgo el recurso acuífero de la zona a cambio de 700 empleos fijos.
Así, en días pasados, en medio de la incertidumbre imperante por la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, el gobierno federal optó por desarrollar una consulta popular para definir sí autorizaría que la planta cervecera de la empresa Constellation Brands termine de construirse e iniciar su operación, en ejercicios similares a los realizados respecto al Tren Maya o la Termoeléctrica de Huesca.
De acuerdo a cifras publicadas por la SEGOB, de un total de 36,781 votos, solo 8,547 (23.24%) consideraban que debía continuarse con la construcción, mientras que 27,973 (76.05%) rechazaron la continuación del proyecto. Inmediatamente CONAGUA anunció que revocaría los permisos otorgados por la anterior administración.
Los resultados tan abrumadores podrían parecer positivos, considerando el alto rechazo social hacia la planta, sin embargo, esto no es más que una medida populista que puede acarrear consecuencias graves en el plano económico para México.
Estamos en un escenario distinto al resto de proyectos sometidos a consulta, únicamente comparable a lo ocurrido con el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que ahora se decidió frenar la obra una vez que la cervecera ha invertido más de novecientos millones de dólares, con un avance aproximado de 70% del desarrollo.
Esto quiere decir que el gobierno federal ha cambiado las reglas del juego una vez que este ha iniciado, vulnerando la seguridad jurídica de la empresa y provocando una grave incertidumbre para el público inversionista.
No quiero decir que la participación ciudadana sea negativa, pero lo cierto es que los derechos no están sujetos a consulta una vez que se han ejercido.
Las autoridades de los tres ordenes de gobierno cuentan con un gran abanico de mecanismos legales para definir claramente las reglas para el aprovechamiento de recursos y la planificación urbana, así como obligar a los empresarios a ser responsables ambientalmente, de los cuales, en ninguno se encuentra la posibilidad de disfrazar de democracia la revocación de permisos y licencias cuando prácticamente se ha concluido la obra para la que se expidieron.
Esta decisión motivó que las cúpulas empresariales, lideradas por el Consejo Coordinador Empresarial, alzaran la voz y se rompiera la relación que parecía haberse conciliado entre este segmento y el presidente.
No obstante, no todo está perdido para la cervecera, pero lamentablemente ello implica una bomba de tiempo para el país.
Apenas en agosto de 2018 entró en vigor el Convenio CIADI por lo que hace a México; tratando internacional que establece un marco jurídico para la solución de conflictos relacionadas con inversiones extranjeras, procurando que los litigios que se susciten sean resueltas a través de arbitraje de manera independiente y por órganos despolitizados.
Por su parte, recientemente se aprobó el nuevo acuerdo comercial entre los países de Norteamérica (T-MEC), por lo cual se está en un periodo de transición del TLCAN, siendo posible que la empresa afectada demanda al Estado mexicano al amparo de alguno de estos instrumentos de acuerdo a los periodos de vigencia contemplados.
Cualquiera que sea la vía elegida, el panorama luce bastante obscuro para México, ya que deberá responder no solo de la inversión actual destinada a la construcción de la planta, sino por los daños que se causen, considerando que el monto comprometido por Constellation Brands asciende a mil 400 millones de dólares y esta decisión de la 4T provocó un desplome del valor de las acciones de la empresa.
De todas las opciones que tenía la autoridad aparentemente tomó la más sencilla: endosar la culpa de la catástrofe a la sociedad, quien “tomó la determinación”, cuando parece que la decisión se había adoptado de antemano, justificándose en la necesidad de proteger el agua, cuando no existen análisis técnicos que refieran que los recursos que emplearía la planta provocarían el desabasto de la región.
A pesar de la necesidad latente de poner sobre la mesa nuevas regulaciones sobre los derechos del agua y de reconocer la seriedad con que deben formularse los planes parciales de desarrollo urbano, los gobiernos no pueden actuar de manera arbitraria como aconteció, lo que hace reprochable la consulta “patito” y sin dudas provocará un efecto negativo en la inversión extranjera.
@hecromg
