Líderes políticos, legisladores y organismos de derechos humanos alzaron la voz contra la condena a 13 años y nueve meses de prisión del dirigente opositor venezolano Leopoldo López.
Amnistía Internacional dijo que López fue sentenciado sin ninguna evidencia creíble, lo que demuestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela y exigió su inmediata liberación.
«Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señaló que el juicio contra López y otros tres jóvenes no ofreció pruebas que los relacionara con un delito.
«En un país que carece de independencia judicial, un juez provisional acusa a cuatro personas inocentes tras un juicio en el que la Fiscalía no presentó pruebas básicas que las relacionasen con un crimen y, además, a los acusados no se les permitió defenderse de forma apropiada», indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
López, de 44 años y dirigente del partido Voluntad Popular, fue condenado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública durante las violentas protestas en Caracas de febrero del año pasado en las que murieron 44 personas y cientos resultaron heridas.
El ex Presidente del Gobierno español Felipe González, quien meses atrás se ofreció como asesor jurídico de la defensa de López, afirmó que Venezuela se convirtió en una dictadura de facto.
«Es un país en el que el Presidente decide por el Parlamento y por la justicia», expresó.
«Sin haber cometido ningún delito, sin ninguna prueba en su contra y sin ninguna garantía en el procedimiento seguido, el régimen ha decidido una condena por razones políticas contra López, aseguró el líder socialista español.
González calificó de rehén político de la República Bolivariana a López.
Posteriormente, al ser cuestionada en una rueda de prensa por la condena de López, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó su preocupación y pidió respeto a las garantías procesales y a la libertad de todos.
También manifestó su preocupación por la inestabilidad política y social que sufren los venezolanos y pidió que las elecciones legislativas convocadas en Venezuela para el 6 de diciembre sean libres, justas, inclusivas y transparentes.
El Gobierno estadounidense reaccionó inmediatamente a la sentencia, que se conoció anoche, con un mensaje en Twitter de la Subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson.
«Profundamente preocupada por la condena de @LeopoldoLopez», escribió.
Además, hizo un llamamiento al Gobierno a proteger la democracia y derechos humanos en Venezuela.
En Colombia, dos ex Mandatarios se manifestaron enérgicamente contra la condena.
Álvaro Uribe escribió en redes sobre el caso.
«El chavismo se robó a Venezuela (Boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia», tuiteó.
«La esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía», agregó.
Andrés Pastrana, quien en varias oportunidades intentó sin suerte visitar a López en la prisión de Ramo Verde, manifestó que sentenciarlo era condenar la libertad de expresión, criminalizar a la Oposición y enterrar a la democracia.
«Quedó claramente demostrado que en Venezuela no hay una democracia y hay un poder judicial absolutamente sometido al Gobierno que, sin una prueba… condenó a un inocente», opinó.
En Uruguay, el senador del opositor Partido Colorado José Amorín escribió en Twitter que en Venezuela siguen matando y encarcelando opositores.
«Niegan libertad y justicia. Y muchos acá miran para el costado».
En tanto, el diputado del mismo partido, Fernando Amado, expresó en esa red social su enfática condena.
«Condeno al proceso de quiebre democrático que está viviendo Venezuela. Quien no lo haga será cómplice».
Venezuela Awareness, una organización liderada por la abogada venezolana Patricia Andrade, que desde Miami brinda asesoría legal a quienes considera presos políticos en su país, dijo que la sentencia es otra violación a la constitución.
«(Venezuela) mantiene una cortina democrática dando apariencia de aplicar justicia cuando sus jueces cumplen órdenes giradas desde el Poder Ejecutivo».
En Argentina, cuyo Gobierno es un aliado regional de Maduro, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declinó opinar sobre el caso y se limitó a señalar que son decisiones de un país soberano.
Pero Mauricio Macri, principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre y líder de la conservadora Propuesta Republicana, tuiteó su rechazo al proceso legal y condena de Leopoldo López.
«Que los Presidentes de Mercosur intercedan y se asegure su resguardo y libertad», exigió.
En tanto, la diputada opositora argentina Elisa Carrió consideró la sentencia una medida extrema.
«Es la medida más salvaje realizada por una dictadura que viola los derechos humanos y no tolera la disidencia».
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Aloysio Nunes, dijo que la condena compromete la legitimidad de las elecciones.
Senadores y diputados de la Oposición uruguaya mostraron su enfática condena, su indignación y rabia por la sentencia dictada por la jueza Barreiros, al igual que los eurodiputados de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).
