Una jueza de Guatemala declaró culpables a seis personas por diversos delitos relacionados con la muerte de 41 niñas en un incendio ocurrido en 2017 en un centro estatal para menores en situación de riesgo, que tenía antecedentes de abusos.
Todos los acusados se declararon inocentes. La jueza Ingrid Cifuentes impuso sentencias acumuladas de entre seis y 25 años de prisión, por cargos que van desde homicidio culposo hasta abuso de autoridad. También ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad al ordenar la presencia policial en un centro donde se retenía a menores que no habían cometido delitos.
La fiscalía había solicitado previamente penas de hasta 131 años para algunos de los condenados, todos exfuncionarios públicos, incluidos varios encargados de la protección de menores.
El exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, fue condenado a 25 años de prisión.
Antes de la sentencia, Rodas dijo a los presentes en la sala, incluidos familiares de las víctimas, que él no había causado “ningún daño a sus hijas ni a las sobrevivientes”.
Entre los condenados también está la exagente de policía Lucinda Marroquín, quien tenía la llave del cuarto donde estaban encerradas las niñas y no lo abrió cuando comenzó el incendio. Fue sentenciada a 13 años de prisión.
La jueza señaló que, mediante registros telefónicos, los investigadores establecieron que en el momento del incendio Marroquín estaba hablando por teléfono. Un testigo declaró que, al ser informada del fuego, Marroquín respondió con insultos y dijo: “Que se quemen”.
Un exfiscal asignado a la protección de menores fue absuelto.
El 8 de marzo de 2017, una niña en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción —ubicado a 22 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala— prendió fuego a un colchón de espuma en el cuarto donde un grupo de niñas había estado encerrado durante horas sin acceso a un baño. El humo y las llamas llenaron rápidamente la habitación, matando a 41 niñas y dejando 15 heridas.
Unas 700 niñas y niños —nadie sabía la cifra exacta— vivían en un centro con capacidad máxima para 500. La mayoría no había cometido ningún delito. Fueron enviados allí por los tribunales por diversas razones: se habían fugado, habían sido víctimas de abuso o eran migrantes.
La noche previa al incendio, un grupo de niñas se escapó. Horas después, la policía las devolvió al centro. Fueron encerradas en un cuarto sin acceso a baño y custodiadas por la policía. Les dieron colchones de espuma para dormir.
Tras horas de exigir que las dejaran salir, una de ellas inició el fuego.
Cifuentes afirmó que el incendio fue la culminación de una serie de abusos, algunos de los cuales habían sido reportados a las autoridades, pero no se actuó. Dijo que las autopsias confirmaron la presencia de drogas en algunas de las niñas, lo que respalda las denuncias de que les daban pastillas para dormir, una de las razones por las que intentaron escapar del centro.
