Las comisiones unidas del Senado de la República dieron su aval al dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en medio de un intenso debate sobre sus implicaciones para los derechos ciudadanos. La aprobación, con 18 votos a favor y cuatro en contra, fue realizada en el marco del periodo extraordinario de sesiones y ahora será sometida a discusión y votación en la Mesa Directiva del Senado.
El texto del dictamen busca regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), estableciendo mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Entre sus propuestas destaca el fortalecimiento de una gobernanza multinivel basada en la corresponsabilidad entre la Federación, los estados y los municipios, mediante órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo, además de conferencias nacionales y locales.
No obstante, la iniciativa ha generado rechazo por parte de algunos legisladores de la oposición. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la ley “invade la privacidad de los mexicanos”, al permitir el acceso sin restricción a información patrimonial, fiscal, financiera, registral, comercial y de comunicaciones, por parte de las autoridades. “Esto abre la puerta a una intromisión en la vida privada de los ciudadanos y fomenta mecanismos de opacidad en el poder público”, comentó.
Por su parte, el senador priista Miguel Riquelme calificó la ley como la creación de un “Estado fisgón”, advirtiendo que podría facilitar una “dictadura perfecta” mediante vigilancia masiva y militarización. “La vida privada es un derecho sagrado que ninguna ley debe vulnerar”, afirmó.
El legislador panista Gustavo Sánchez expresó su preocupación por la facultad que otorga la ley a la Secretaría de Seguridad para solicitar, sin necesidad de orden judicial, acceso a bases de datos biométricos, vehiculares, telefónicos, fiscales y financieros, entre otros. “Esto equivale a instaurar un sistema de vigilancia permanente sobre toda la población”, alertó.
En contraste, la senadora morenista Verónica Noemí Camino Farjat defendió la iniciativa, asegurando que responde a las problemáticas actuales y promueve una estrategia de seguridad basada en la inteligencia y la prevención del delito. “Es un ordenamiento que busca modernizar el sistema y que los estados adopten un modelo progresista”, sostuvo.
El debate refleja las tensiones entre la necesidad de fortalecer la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales, en un contexto donde la vigilancia y la privacidad continúan siendo temas de gran controversia. La discusión en la Cámara Alta aún está en curso, a la espera de su próxima fase de análisis y posible aprobación definitiva.
