Por: Yuri Guzmán
La reciente decisión de restringir la venta de comida chatarra en las escuelas ha suscitado un intenso debate sobre la salud infantil y la nutrición. Sin duda, la comida chatarra representa un riesgo significativo para la salud de los niños, contribuyendo a la obesidad, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud a medida que crecen. La duda que persiste es sobre cuál es la mejor forma de abordar el problema para que haya un cambio integral.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 39% de los niños menores de 5 años en el mundo tenía sobrepeso o era obeso en 2020. Sin embargo, la prohibición de estos alimentos no es una solución aislada, sino que debe ser parte de un enfoque más amplio que tome en cuenta el contexto social y económico de muchas familias.
Es alarmante que, a pesar de las advertencias sobre los peligros de la comida chatarra, muchos niños aún llegan a la escuela sin haber desayunado. Según un estudio de la Secretaría de Salud, se estima que alrededor del 25% de los niños en edad escolar en México no desayunan regularmente. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la situación económica de sus familias. Muchos padres trabajan largas horas y, a menudo, no cuentan con los recursos para proporcionar un desayuno nutritivo. La realidad es que, para algunos, el costo de los alimentos saludables es prohibitivamente alto.
La prohibición de la comida chatarra en las escuelas podría ser vista como un paso positivo, pero también plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de las autoridades en la educación y el bienestar de las familias. Si bien es fundamental promover hábitos alimenticios saludables, también es crucial abordar las raíces del problema: el acceso limitado a alimentos nutritivos y la falta de tiempo y recursos para prepararlos. ¿De qué sirve prohibir la comida chatarra si no se ofrecen alternativas adecuadas?
Y en términos prácticos, lo que ha sucedido a días de hacerse oficial la prohibición, deja mucho a desear. Hay testimonios de escuelas en las que las cooperativas ya dejaron de vender alimentos chatarra, cambiándolos por comida sana pero en precios muy superiores. Por ejemplo, verduras cocidas a 40 pesos.
¿No le pierden?
Así no se puede.
Es aquí donde las autoridades deben asumir un papel activo. En lugar de centrarse únicamente en la prohibición, deberían implementar programas de educación nutricional en las escuelas, enseñando a los niños y a sus padres sobre la importancia de una alimentación balanceada. Además, sería fundamental establecer políticas que mejoren las condiciones laborales de los padres, como horarios de trabajo más flexibles y salarios dignos que les permitan tener tiempo y recursos para preparar comidas saludables.
Un enfoque integral también podría incluir la promoción de huertos escolares y programas de alimentación que garanticen que todos los niños tengan acceso a comidas nutritivas durante el horario escolar. Según la FAO, la implementación de programas de alimentación escolar no solo mejora la nutrición, sino que también contribuye al rendimiento académico.
Por lo tanto, la lucha contra la comida chatarra no debe ser un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia más amplia que reconozca y aborde las desigualdades sociales y económicas. La salud de nuestros niños es una responsabilidad compartida. Las autoridades deben ir más allá de la prohibición y trabajar para crear un entorno en el cual todas las familias puedan acceder a alimentos saludables y nutritivos, asegurando así un futuro más saludable para todos.
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