Tatiana Anaya, consejera jurídica del Gobierno del Estado, explicó el origen y los detalles del asunto que fue resuelto por un tribunal colegiado el pasado 27 de agosto, relacionado con la zona conocida como Colomos III, en la cual el Estado ha estado en litigio con un particular desde hace varios años.
La consejera informó que, al llegar a la Consejería, se encontró pendiente un recurso de revisión presentado ante un tribunal colegiado. Este asunto tiene dos aspectos principales: un acuerdo de recuperación y un acuerdo de carácter medioambiental. Anaya expresó su convicción de que los magistrados que emitieron la resolución omitieron considerar diversos elementos jurídicos que favorecían al Gobierno del Estado y, sobre todo, a la colectividad y los derechos de los jaliscienses. En particular, señaló que se dejó de analizar cuestiones relacionadas con el interés colectivo, el derecho a la ciudad y al medio ambiente, derechos que han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia, incluso en el marco del Acuerdo de Escazú.
Respecto a lo ocurrido en el tribunal, Anaya señaló que los magistrados abordaron el asunto como si fuera únicamente un conflicto entre un particular y el Gobierno, dejando de lado pruebas periciales y la participación de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROEPA) en el juicio. Consideró que estas omisiones fueron indebidas y que afectan directamente los intereses de la colectividad, por lo que el Gobierno del Estado no permitirá que esto continúe así.
Sobre la rapidez con la que se resolvió el caso, la consejera indicó que, aunque el expediente fue turnado el 21 de agosto, la resolución se emitió solo seis días después, el 27 de agosto. Esto resulta sospechoso, dado que el asunto consta de aproximadamente 18 tomos y ha estado en litigio por más de ocho años, por lo que la rapidez en la resolución genera cuestionamientos.
En relación a posibles solicitudes de reposición o recursos, Anaya explicó que en el juicio de amparo original se presentaron varias cuestiones que posteriormente se alegaron en la revisión, incluyendo la actuación de un perito, la acreditación de la PROEPA y pruebas admitidas en el juicio de amparo que no fueron valoradas ni por el juez de distrito ni en la revisión del tribunal colegiado.
Asimismo, destacó que en materia de derechos y posesión, el Estado no solo tiene la posesión del predio, sino que además emitió disposiciones administrativas y ambientales en 2017 y 2018. La Ley General de Bienes de Dominio Público establece que estos bienes no pueden ser poseídos por particulares, pero esto no fue analizado adecuadamente por los magistrados, quienes resolvieron de manera incorrecta considerando solo un conflicto posesorio.
Anaya reiteró que el asunto involucra derechos colectivos y el interés de la ciudad, en particular la protección de un pulmón importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Recordó que el derecho a un medio ambiente sano está reconocido en la Constitución, en el artículo 4º, y que en este caso dicho derecho fue completamente pasado por alto, ya que solo se abordó la disputa como si fuera un conflicto de propiedad.
Finalmente, la consejera afirmó que el Estado continuará defendiendo este espacio y que la ciudadanía puede estar tranquila, ya que se utilizarán todos los mecanismos legales disponibles en beneficio del interés colectivo y del bienestar de la ciudad. Concluyó señalando que aún hay capítulos por escribirse en este tema, y que la lucha por la protección de Colomos III continúa.
