Tras la detención de 14 personas relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles —conocido como huachicol fiscal—, el gobierno federal reveló que entre los implicados se encuentran elementos de la Marina, tanto en activo como retirados, así como un sobrino del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Otro familiar permanece prófugo.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este caso forma parte de un complejo entramado de corrupción que involucra importaciones irregulares, redes logísticas y complicidades institucionales. “No hay impunidad”, afirmó, al tiempo que confirmó que las investigaciones siguen abiertas.
Uno de los hallazgos más recientes incluye ferrotanques que llegaron desde Estados Unidos a México por vía ferroviaria, presuntamente cargados con combustible adquirido de forma ilegal. Este tipo de operaciones, que evaden controles fiscales y aduanales, han sido identificadas como una variante sofisticada del huachicol tradicional.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y control en las fronteras, así como de revisar los vínculos entre funcionarios y redes criminales. La administración federal ha prometido que no habrá excepciones en la aplicación de la ley, incluso cuando los implicados tengan vínculos con altos mandos militares.
