La Ciudad de México ha comenzado a establecer espacios destinados al consumo tolerado de marihuana, conocidos como ‘puntos 4:20’, en un intento por regular y desestigmatizar el uso recreativo de la planta. En estos lugares, además de facilitar un espacio seguro, personal del Gobierno ofrece orientación para tramitar amparos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el autocultivo y autoconsumo de cannabis.
Desde la apertura de uno de estos espacios en la Plaza de la Concepción, en el centro de la capital, el 6 de agosto, se han reportado incidentes con la policía. Según testimonios de activistas, en una ocasión dos agentes abordaron de manera violenta a un usuario que se disponía a retirarse, pese a que el lugar opera en horarios establecidos entre las 8:00 y las 20:00 horas. La activista Norma, de la colectiva Hijas de la Cannabis, relató que la intervención policial incluyó una inspección corporal que consideró como una forma de criminalización, a pesar de la existencia de un acuerdo con las autoridades para la operación de estos espacios.
Norma expresó que, aunque los sitios cuentan con respaldo oficial, persiste un ambiente de inseguridad y hostigamiento por parte de las fuerzas policiales, que continúan criminalizando a la comunidad cannábica. “A pesar de ser un espacio seguro por parte del Gobierno, sigue siendo un lugar inseguro y de inquietud”, afirmó.
Estos ‘paraísos’ para el consumo de marihuana surgieron tras la declaración de inconstitucionalidad en 2021 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que eliminó la prohibición del uso recreativo. Sin embargo, la regulación aún no está plenamente establecida, ya que la Ley General de Salud mantiene la prohibición de la sustancia, salvo para fines médicos y científicos.
Antes de la creación formal de estos espacios, colectivos cannábicos organizaron protestas y campamentos en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo frente al Senado y en las inmediaciones del Museo de Memoria y Tolerancia. Algunos de estos campamentos fueron reubicados, en un proceso que algunos activistas interpretan como una “limpieza urbana” en preparación para eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol 2026.
Popeye, representante del colectivo Comuna 4:20, valoró la iniciativa gubernamental de crear espacios con reglas claras, como la prohibición de la venta, que permiten a los usuarios desestigmatizar el consumo y acceder a información adecuada. No obstante, subrayó la necesidad de una legislación que garantice los derechos humanos de los consumidores de cannabis, dejando atrás la criminalización y el estigma social.
El interés del Gobierno en regular el consumo también incluye asesoría legal para tramitar amparos que permitan el autocultivo y el consumo personal, en un contexto donde la percepción social aún presenta resistencia. Algunas comunidades vecinas expresaron inquietudes por posibles riesgos de inseguridad, aunque otros residentes, como Moisés San Juan, de 75 años, ven con optimismo la regulación, recordando que en su juventud debían esconderse para fumar tabaco y que la formalización puede promover una mayor aceptación social.
Mientras tanto, la implementación de estos espacios representa un paso en la dirección de una regulación más clara y respetuosa de los derechos de los consumidores, en un escenario donde la legislación aún está en proceso de consolidación. La experiencia en la Ciudad de México refleja tanto avances como desafíos en la búsqueda de una política de drogas más humanitaria y efectiva.
