Por: Verónica Juárez Piña
Vicecoordinadora GPPRD
Cámara de Diputados
Como en otro países del mundo, en México se han registrado cientos de casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos y la gran mayoría de ellos han quedado impunes por la indiferencia de la jerarquía católica, la protección que ha otorgado a presuntos responsables; la falta de atención de las propias autoridades civiles y porque las víctimas, cuando por fin deciden denunciar, se encuentran con que el delito es prescriptible y ya no es posible proceder penalmente contra sus victimarios.
Los abusos sexuales perpetrados por el padre Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo, es un ejemplo de la impunidad y la red de protección que han disfrutado estos depredadores de la Iglesia Católica en México y desde El Vaticano.
Marcial Maciel murió sin pisar la cárcel y la única pena que recibió de El Vaticano, en época del Papa Benedicto XVI, fue la “renuncia a todo ministerio público” y “llevar una vida de discreta penitencia”.
Después de décadas de pederastia por parte de sacerdotes e encubrimiento de la jerarquía católica en diversos países del mundo, pero particularmente por las presiones de las víctimas, organizaciones civiles y medios de comunicación; el Papa Francisco convocó a los jefes de todas las Conferencias Episcopales del mundo a una cumbre, que tendría lugar del 21 al 24 de este mes, “para analizar la prevención del abuso sexual de parte de clérigos y la protección de los niños”.
En ese contexto, apenas el pasado 11 de febrero la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dio a conocer que en los últimos nueves años 152 sacerdotes fueron “retirados” del ministerio al ser encontrados culpables de abusos sexuales a menores.
Sin embargo esta es una cifra preliminar, pues el presidente de la CEM, el Arzobispo Rogelio Cabrera, aceptó que se están recopilando más datos para conocer la lista completa de abusos, misma que la jerarquía católica prepara para la cumbre convocada por el Papa Francisco.
En tanto, la CEM ha implementado una serie de medidas para prevenir más abusos, que no parecen muy efectivas ni tampoco lo suficientemente decididas a combatir la impunidad.
Apenas el 9 de febrero, el sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, fue detenido en Chihuahua por abusar de una menor de edad. El sacerdote dirigía una clínica, un asilo, un comedor infantil y una guardería y era un líder social reconocido en Ciudad Juárez.
Al respecto, el portavoz de la Diócesis de Ciudad Juárez, Hesiquio Trevizo Bencomo, dijo que “es imposible” que un sacerdote “con gran trayectoria” haya abusado sexualmente de una niña, sin embargo, respetarán el proceso legal. (La Verdad, 10/02/2019)
Por esta y otras razones insistiré en que el Senado de la República apruebe la minuta de la iniciativa que presenté en 2014 en la Cámara de Diputados que propone que la pederastia sea imprescriptible.
La iniciativa “tiene como fin limitar el hecho de que la prescripción de la acción penal y las sanciones sigan siendo la principal vía para que el delito de pederastia quede en la impunidad, ya que ésta situación potencializa y extiende el peligro de volver a cometer los delitos, pues invita y alienta a recurrir en la alteración de la vida de las personas sin que exista pena alguna para los delincuentes. De este modo, también se podrá garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, pues los agravios hacia ellas se manifiestan también a largo plazo”. (Gaceta Parlamentaria, 20/08/2014)
Simultáneamente, en mi calidad de Diputada Federal en la LXIV Legislatura, presentaré una serie de iniciativas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; de manera particular para su protección y erradicar cualquier tipo de violencia en su contra.
Es urgente fortalecer el marco legal para garantizar los derechos de la infancia, pero sobre todo prevenir cualquier abuso en su contra y combatir la impunidad de los pederastas. Hay que castigar con todo rigor a los depredadores sexuales, sean de donde sean.
