La suspensión indefinida del programa Jimmy Kimmel Live por parte de la cadena ABC ha generado una ola de reacciones en Estados Unidos, donde figuras políticas, culturales y mediáticas advierten sobre posibles riesgos a la libertad de expresión. El comediante fue retirado del aire tras emitir comentarios críticos hacia seguidores del presidente Donald Trump, en relación con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
La decisión se dio a conocer el 17 de septiembre, horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), acusara a Kimmel de “mentirle al pueblo estadounidense” y sugiriera que la cadena debía tomar medidas. Carr, designado por Trump en enero de este año, ha promovido una línea más estricta sobre el contenido transmitido por medios, apelando al “interés público” como criterio para la renovación de licencias.
El operador Nexstar Media Group, afiliado a ABC y en proceso de expansión, calificó los comentarios del presentador como “ofensivos e insensibles”, lo que precedió el anuncio oficial de la suspensión. La medida ha sido interpretada por sectores críticos como una forma de presión política, especialmente en el contexto de recientes demandas interpuestas por Trump contra medios como The New York Times, CBS y el Centro Pulitzer.
Desde Hollywood, el sindicato SAG-AFTRA y actores como Jean Smart han condenado la cancelación, calificándola como una represalia que pone en riesgo las libertades fundamentales. En el ámbito político, senadores demócratas han exigido la renuncia de Carr, acusándolo de intimidar a medios de comunicación.
La FCC, bajo su actual presidencia, ha iniciado investigaciones contra varias cadenas por “distorsión de noticias”, mientras que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han denunciado recortes presupuestales y eliminación de sitios web gubernamentales que afectan el acceso a información pública.
En medio del debate, el presidente Trump negó que se trate de censura, atribuyendo la salida de Kimmel a bajos niveles de audiencia. Sin embargo, el caso ha reavivado cuestionamientos sobre el papel de las instituciones en la protección de la libertad de prensa y expresión en el país.
