En un contexto marcado por tensiones diplomáticas y acciones migratorias en Estados Unidos, la postura de las autoridades mexicanas ha sido de cautela y serenidad. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, en recientes declaraciones, abordó temas relacionados con las remesas y las operaciones de inmigración, generando reacciones en el gobierno mexicano, que ha optado por mantener una estrategia de diálogo y movilización pacífica.
Hace aproximadamente un mes, el Congreso estadounidense propuso una iniciativa que incluía la imposición de un impuesto a las remesas enviadas por ciudadanos mexicanos y de otras naciones, con el objetivo de incrementar los ingresos del país norteamericano. La propuesta planteaba gravar las remesas, principal fuente de divisas para México, que en 2022 alcanzaron los 64 mil millones de dólares, y que representan un sostén fundamental para muchas familias mexicanas, especialmente las de menores recursos, que dependen de estos recursos enviados desde Estados Unidos.
Frente a ello, México argumentó que la medida violaba un acuerdo bilateral firmado en 1992, que prohibía la doble imposición en remesas, y consideró que la iniciativa era injusta tanto para los migrantes mexicanos en EE. UU. como para sus familias en México. Como respuesta, se articuló una estrategia de movilización pacífica, que incluyó visitas del Senado mexicano a congresistas y senadores republicanos, así como campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad mexicana con doble nacionalidad para expresar su desacuerdo mediante comunicaciones a sus representantes en EE. UU.
Además, el embajador de México en Estados Unidos participó activamente dialogando con empresas remesadoras, buscando frenar la iniciativa desde el ámbito diplomático. Estas acciones fueron respaldadas por todos los partidos políticos mexicanos, que coincidieron en la necesidad de actuar con prudencia y firmeza sin recurrir a la violencia.
Por otro lado, en los últimos días, Estados Unidos ha llevado a cabo redadas en Los Ángeles, principalmente en un Home Depot y en un centro textil, donde se realizaron detenciones de migrantes, entre ellos mexicanos. Desde el primer momento, el Consulado mexicano en Los Ángeles coordinó acciones y movilizaciones para atender a los afectados, generando una respuesta de apoyo a los migrantes. Sin embargo, estas redadas y las escenas posteriores, en las que algunos manifestantes exhibieron banderas mexicanas en actitudes que algunos calificaron de provocación, han generado controversia y cuestionamientos sobre la forma en que se están llevando a cabo estas acciones.
El gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a las redadas como método para gestionar la migración, apoyando siempre a sus nacionales y condenando cualquier acción que pueda poner en riesgo su integridad. Hasta el momento, las autoridades mexicanas han mantenido una postura de diálogo, evitando movilizaciones violentas y buscando soluciones pacíficas que permitan defender los derechos de los migrantes y preservar una relación diplomática basada en el respeto mutuo.
En este escenario, la clave continúa siendo la cabeza fría y la valoración equilibrada de cada acción, priorizando la gestión diplomática y la protección de los derechos humanos en un contexto complejo y dinámico.
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