Las crisis generadas por pandemias y desastres naturales provocan situaciones extraordinarias para la administración pública, particularmente para el sistema sanitario público, tales como la emisión de acuerdos y lineamientos, asignaciones presupuestarias especiales y otros actos administrativos que permitan a las instituciones públicas realizar actividades con la rapidez que requiere una situación como la actual, causada por el potencial contagio masivo del coronavirus, que provoca la neumonía denominada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud.
Ante la situación global que se vive actualmente en el sistema sanitario público por el potencial contagio masivo de COVID-19, es importante tener a la vista la experiencia a nivel internacional que situaciones similares han ocasionado, de manera particular en cómo se puede llegar a situaciones potencialmente con riesgos de corrupción.
En un escenario de emergencia de salud pública, los riesgos de corrupción pueden incrementarse, tal y como lo ha señalado Transparencia Internacional, organización que recuerda que durante la crisis causada por el resurgimiento del virus del Ébola entre 2014 y 2016, principalmente en países de África, la Cruz Roja reportó que más de 6 millones de dólares se perdieron por corrupción y fraude, además de un gasto de más de 18 mil millones de dólares en adquirir y almacenar el medicamento Oseltamivir, comercializado con la marca Tamiflu.
La legislación en materia de compras, de obra pública, así como la normativa presupuestaria incluyen medidas para la atención de urgencias como la COVID-19. Comprendiendo la responsabilidad que recae en las autoridades sanitarias, el Comité Coordinador, el Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco recomiendan tomar en cuenta las siete áreas de atención propuestas por Transparencia Internacional[1] para mitigar los riesgos de corrupción ante la crisis por la COVID-19, así como las buenas prácticas y modelos de conducta para los gobiernos y entes públicos para que continúen actuando con oportunidad y rendición de cuentas respecto a las excepciones necesarias que requiere la contingencia que vivimos:
- La información sobre la epidemia y la escasez de su tratamiento debe hacerse pública.
La sociedad debe estar informada verazmente sobre la incidencia de la COVID-19, lo que debe incluir, además de la estadística disponible, la divulgación de los fallos y limitaciones de la medición, tales como la capacidad de pruebas de laboratorio, su cobertura y fallos en la detección de casos sospechosos. De igual manera deben existir transparencia e información en torno a las cantidades de medicamentos que tiene los sistemas de salud pública y privada, así como la justificación de la distribución y entrega de los mismos, para evitar que la atención de la COVID-19 comprometa otras enfermedades y padecimientos.
- El desarrollo de una vacuna debe ser un esfuerzo transparente y colaborativo y no una competencia secreta entre empresas.
De manera particular, pero no exclusivamente, los fondos y recursos públicos otorgados para el desarrollo de la vacuna anticoronavirus y, en general, cualquier vacuna, deben asignarse mediante procedimientos transparentes y asegurando su disponibilidad futura como bien público. De igual manera, debe haber transparencia en el seguimiento de sus resultados, ya que los datos en sí mismos pueden ser manipulados. En este mismo sentido, el compromiso ético de los científicos y la integridad empresarial es indispensable.
- Todo estudio sobre la eficacia del tratamiento medicamentoso debe ser totalmente transparente y con rigor analítico.
Ninguna empresa farmacéutica debe ser beneficiada con la compra de sus medicamentos patentados si estos no han sido efectivamente probados y estrictamente endorsados por la comunidad científica como la única opción de tratamiento. Para ello, también se requiere que tanto el sistema de salud pública como los hospitales privados y las empresas productoras de sustancias y medicamentos compartan sus resultados e informen a la sociedad al respecto. En países con altos índices de pobreza es vital que el gasto público sanitario y el de las familias se destine a medicamentos científicamente necesarios.
- Los procedimientos de adquisiciones públicas de pruebas de laboratorio, medicinas y equipo médico deben ser transparentes para evitar la colusión y los sobreprecios.
Es comprensible la presión que soportan los responsables de las compras públicas ante la escasez de pruebas de laboratorio, medicamentos y equipo médico, necesarios para atender o prevenir la contingencia de la COVID-19; sin embargo, no debe abrir las puertas al abuso por parte de los proveedores. Para evitar estos riesgos de corrupción es crucial la corresponsabilidad y la cooperación del sector privado, a la par del comportamiento ético de los servidores públicos.
- Se deben tomar medidas para evitar el soborno y otros actos indebidos para recibir la atención médica y hospitalaria.
Ante la falta de capacidades institucionales de los hospitales y centros de salud, tales como insuficiencia de personal, de camas, equipo e instalaciones especializadas y espacios de atención, el control deberá reforzarse para prevenir riesgos de soborno y garantizar un acceso igualitario y basado en la urgencia y necesidad a los servicios sanitarios. Las personas debemos actuar solidariamente en estos contextos.
- Los gobiernos y empresas deberán adoptar medidas para controlar el acaparamiento y especulación de productos higiénicos por parte de los particulares.
Los sectores público y privado deben vigilar el funcionamiento eficiente de los mercados para que no se generen distorsiones como la escasez y el sobreprecio de productos indispensables para la vida diaria. Proveer información veraz y oportuna al consumidor es indispensable para afrontar crisis sanitarias como la actual, que impactan la economía e incrementan la vulnerabilidad de quienes menos tienen. Asimismo, son importantes las acciones que eviten la venta de productos “mágicos”. De igual manera, se requiere la colaboración de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para evitar las “compras de pánico” y actuar con base en información oficial verificada.
- Es crucial que los gobiernos mantengan un comportamiento abierto y transparente para mantener la confianza con sus ciudadanos.
La información continua y el diálogo con los medios de comunicación y sociedad por parte del gobierno, son indispensables para evitar los bulos o noticias falsas (fake news) o distorsionadas y, sobre todo, para mantener la confianza y credibilidad de las instituciones públicas. La veracidad y transparencia de la información indican la integridad del sector público.
De manera adicional, cabe señalar que la INTOSAI (Organización Internacional para la Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés) ha desarrollado principios, guías y estándares[2] para la revisión que con posterioridad pudiera realizarse del gasto público en situaciones de desastres naturales que requieren un gasto público inmediato. Estos instrumentos pueden tomarse como orientación en los casos de emergencia de salud pública. Entre otros, se encuentran la “Adaptación de los procedimientos de auditoría para tener en cuenta el riesgo más elevado de fraude y corrupción en la fase de emergencia tras un desastre”y la “Directriz para la auditoría de prevención de la corrupción”[3].
El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco tiene entre sus objetivos,
señalados en el artículo 107 Ter de la Constitución Política de nuestro Estado,
establecer políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las
autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que su Comité
Coordinador, el Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva,
exhortan a la sociedad, a la iniciativa privada, a la comunidad científica y a
las instituciones públicas a mantener un comportamiento ético, transparente y
centrado en los derechos humanos que nos permita atender la crisis de salud
pública causada por la COVID-19 y continuar trabajando por un Jalisco íntegro y
sin corrupción.
[1] Rhodes, N. (2020), “Coronavirus: the perfect incubator for corruption in our health systems? 7 key COVID-19 points to consider”, en Transparency International Health Initiative, News Archive. Disponible en https://ti-health.org/content/coronavirus-covid19-corruption-health-systems/ , v.e. 21 de marzo de 2020
[2] Disponibles en: https://www.issai.org/?s=disaster, v.e. 22 de marzo de 2020.
[3] Ambas disponibles en https://www.issai.org/?s=corruption, v.e. 22 de marzo de 2020.
