Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la vigilancia permanente del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria preventiva, debido a un supuesto riesgo de fuga. La medida se tomó a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en actividades golpistas.
El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, es acusado de liderar una organización criminal que habría conspirado para impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de 2022. La decisión judicial fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien ordenó a las fuerzas policiales mantener una vigilancia constante sobre Bolsonaro, según consta en un documento judicial obtenido por la AFP.
Desde principios de agosto, Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia en Brasilia, tras una decisión de Moraes motivada por el incumplimiento de una prohibición de manifestarse en redes sociales. La fiscalía brasileña solicitó en días recientes un aumento en la vigilancia policial del expresidente, argumentando que existe la posibilidad de que intente evadir la ley, especialmente con el fallo del tribunal supremo programado entre el 2 y el 12 de septiembre.
En informes recientes, la Policía Federal indicó que Bolsonaro habría planeado solicitar asilo político en Argentina en 2024, específicamente con el presidente Javier Milei, alegando persecución política en Brasil. La defensa del exmandatario ha denunciado que estas acciones buscan desmoralizarlo y ha cuestionado las investigaciones en su contra, además de señalar que existen indicios de intento de obstrucción del proceso judicial.
El proceso judicial contra Bolsonaro se enmarca en las investigaciones derivadas del asalto ocurrido en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los poderes del Estado. La Fiscalía sostiene que el expresidente promovió un ambiente de desinformación y deslegitimación del sistema electoral, lo que habría contribuido a los disturbios considerados por la corte como un intento de golpe de Estado.
Además de este caso, Bolsonaro enfrenta otras acusaciones, entre ellas la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19 y la apropiación irregular de joyas recibidas como regalos oficiales. Estos procesos refuerzan la percepción de un creciente acorralamiento judicial, aunque el exmandatario mantiene que todo responde a una persecución política.
El escenario político en Brasil se ha tensado, con sectores radicales que ven en los procesos judiciales un intento de inhabilitar a Bolsonaro de manera definitiva. Analistas sugieren que la estrategia de su defensa busca dilatar los procedimientos para mantener vigente su figura en la política, en un contexto previo a las elecciones municipales de 2026, mientras que el gobierno de Lula busca consolidar el Estado de derecho y cerrar el capítulo bolsonarista.
