Una orden judicial impide la implementación de partes clave del decreto de revisión electoral firmado por la administración Trump
Una juez federal de Boston ha bloqueado temporalmente varias disposiciones del decreto de revisión electoral firmado por el expresidente Donald Trump el 25 de marzo pasado. La decisión afecta aspectos como el requerimiento de que los votantes demuestren su ciudadanía estadounidense y la prohibición de contar votos por correo recibidos después del día de las elecciones, en medio de una serie de demandas en distintos estados del país.
La magistrada Denise Casper, designada por el expresidente Barack Obama, emitió una orden preliminar a favor de 19 estados liderados por demócratas que argumentaron que el presidente no tiene autoridad para modificar los procedimientos electorales estatales mediante un decreto presidencial. La resolución se enmarca en una serie de acciones legales que cuestionan la legalidad y alcance del decreto, que fue emitido en un contexto de dudas sobre la integridad del sistema electoral y tras las afirmaciones infundadas del actual expresidente sobre un supuesto fraude electoral masivo en 2020.
El fallo de Casper no solo bloquea las disposiciones que exigen verificar la ciudadanía de los votantes, sino también aquellas que prohíben a los estados contar los votos por correo recibidos después del día de las elecciones, argumentando que la ley solo requiere que los votos sean emitidos antes del día del sufragio. La decisión refuerza la tendencia de los tribunales a limitar las acciones del gobierno federal en materia electoral, en medio de un debate polarizado sobre las reformas y la protección de los procesos democráticos en Estados Unidos.
Este fallo se suma a otros bloqueos judiciales previos, incluyendo uno en Washington que impidió cambios en los formularios de registro y en la evaluación de la ciudadanía de los votantes, los cuales fueron considerados por los jueces como fuera del alcance de la autoridad presidencial. La lucha por definir las reglas del juego electoral continúa en un contexto de tensiones políticas y judiciales que reflejan la polarización del país en torno a la integridad del sistema electoral.
