El ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, será intocable para la justicia.
Según se publicó en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el 26 de marzo pasado, el priista obtuvo una suspensión definitiva de Amparo que impediría cualquier acción penal en su contra.
Tras celebrarse la audiencia incidental del juicio 304/2018, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco resolvió a favor del otrora mandatario estatal para efectos de que las autoridades (PGR, Fiscalía de Nayarit y Fiscalía General de Jalisco) se abstengan de judicializar las carpetas de investigación abiertas en su contra.
El órgano jurisdiccional, a su vez, determinó que los entes procuradores de justicia muestren las pruebas que han reunido por el caso, así como dar a conocer si existen averiguaciones previas correspondientes al anterior sistema de justicia, para salvaguardar su derecho a defensa.
El fallo se reduce a que el Ministerio Público (federal o estatal) no podrá realizar ninguna consignación o detención relacionada con Sandoval Castañeda, sin permitirle primero el conocimiento y contestación de los probables hechos que le imputarían.
En la misma demanda de garantías se reclama la inconstitucionalidad del Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla respecto a la reserva y sigilo de los actos de investigación y que prohíben el acceso oportuno a los registros de un posible delito; para ello también llamaron dentro del proceso al titular del Poder Ejecutivo y los representantes del Congreso de la Unión, que autorizaron la publicación del decreto, en 2016.
El Juzgado de Amparo fijó que el próximo 9 de abril se lleve a cabo una nueva audiencia en el caso para que rindan justificación las partes involucradas en torno a los alcances de la medida cautelar.
El 5 de marzo pasado, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Nayarit aseguró cinco propiedades del ex funcionario derivadas de la carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI/0031/18 tras la denuncia por enriquecimiento ilícito que interpuso Rodrigo González Barrios, ex diputado e integrante de la Comisión de la Verdad, formada para perseguir presuntas irregularidades cometidas por el ex Gobernador.
Los inmuebles asegurados fueron el edificio de la Fundación Ríe en El Pedregal de San Juan; un rancho en el ejido La Cantera, una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Bonaterra; lotes en el Lago David y una residencia en la Colonia Doctor Leyva Medina; los mismos ascenderían a más de 150 millones de pesos, según cálculos extraoficiales.
Sandoval Castañeda también enfrentaría un juicio político ante el Congreso nayarita por supuesto desvío de recursos por 2 mil 700 millones de pesos, cohecho y hasta asociación delictuosa, ligado con el arresto del Fiscal Édgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos; también se buscó enjuiciar a dos ex integrantes de su gabinete, Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo (ex secretarios de Finanzas y Contraloría General de Gobierno, respectivamente), así como cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Por otra parte, la Fiscalía General de Jalisco también tiene en etapa de integración la indagatoria 4852/2015 del área de Delitos Patrimoniales, cuyo contenido ha sido denegado.
El señalado ha reiterado que no malversó un solo peso, sus propiedades fueron adquiridas de manera lícita, sus declaraciones patrimoniales están en orden, que no tiene prestanombres y se dedica a la venta de caballos.
También fustigó que se trata de una persecución política y parte de la guerra sucia por las campañas electorales, pero aseguró que no evadirá la justicia, ni saldrá del país.
Su defensa la llevan José Luis Nassar Daw, de la firma Nassar y Nassar y Asociados enla CDMX y el despacho Illanes y Soto en Guadalajara; el caso se ha ventilado primordialmente en Jalisco con la estrategia de lograr dilaciones en los procesos que se se desahogan en contra del ex mandatario, evitando con ello se trasladen a la arena política-electoral, por lo mismo se resuelvan posterior al 1 de julio.
Las claves
– Tras dejar el poder, el Congreso nayarita acuerda iniciar proceso para juicio político de Sandoval y funcionarios de su Administración por posibles desvíos de 2 mil 700 millones de pesos, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad
– El 5 de Marzo le aseguran diferentes propiedades en Nayarit a su nombre y de su familia
– El 15 de Marzo, la defensa de Roberto Sandoval interpone el Amparo 304/2018 contra posibles acciones penales en su contra
– El 26 de Marzo consigue la suspensión definitiva del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco
– El fallo impide judicializar cualquier carpeta de investigación o un arresto, sin la debida defensa
– En octubre de 2017, ya había recurrido al juicio de garantías con un “buscapiés” para saber si existían órdenes de aprehensión en su contra
– En mayo del año pasado, Sandoval -aún en funciones- promovió una demanda de garantías luego de ser denunciado ante la Fepade por uso indebido de recursos al repartir despensas y usar el Programa de Seguro Alimentario con fines electorales
