En un hecho histórico para la salud reproductiva en México, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia la regulación de la reproducción asistida. Con el respaldo de 29 legisladores de Morena, el PT y el PVEM, se aprobó un dictamen que busca establecer un marco legal claro para las técnicas de reproducción asistida, definiendo su alcance y garantizando los derechos de las personas involucradas.
Durante la sesión del 27 de enero, la diputada Olga Sánchez Cordero, principal promotora de la reforma, destacó la necesidad de regular este ámbito, que ha permanecido en la agenda legislativa durante 30 años. “La iniciativa perfila mejoras sobre lo que ya existe y busca poner orden en la manera en la que tanto actores públicos como privados desarrollan actividades clínicas y científicas en torno a la reproducción asistida”, señaló.
El dictamen, que será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, ha suscitado reacciones diversas. Ocho legisladores del PAN y PRI votaron en contra, argumentando que no protege adecuadamente los derechos de las partes involucradas. No obstante, quienes han enfrentado la difícil y costosa búsqueda de un embarazo ven este avance como un aliento en su proceso.
Entre las principales modificaciones que propone la ley se encuentra la incorporación de nuevas definiciones y regulaciones en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud. Se establece que las autoridades de Salud y Cofepris tendrán la responsabilidad de controlar y vigilar los procedimientos relacionados con la reproducción asistida, incluyendo la manipulación de ovocitos y espermatozoides.
Además, se especifica que los médicos deberán obtener el consentimiento informado de los donadores y de las mujeres beneficiarias de estos tratamientos. Sin embargo, algunas legisladoras de Morena han expresado su preocupación por posibles restricciones a la autonomía de las mujeres, sugiriendo que la redacción actual podría interferir con su derecho a decidir sobre su maternidad.
Otro aspecto relevante de la iniciativa es que establece que solo las personas mayores de 18 años podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida, lo que ha generado un debate sobre las garantías de protección para las mujeres y la necesidad de regular prácticas que podrían dar lugar a abusos, como la subrogación de vientres.
El dictamen también incluye prohibiciones claras, como la selección de sexo a menos que se trate de prevenir enfermedades hereditarias graves. Las sanciones para quienes incumplan estas regulaciones van desde multas significativas hasta penas de prisión, reforzando el compromiso del Estado por proteger la salud y los derechos de las personas involucradas en estos procedimientos.
Con este avance legislativo, México se encamina hacia una regulación más justa y equitativa en el ámbito de la reproducción asistida, un paso que podría transformar la experiencia de muchas familias que enfrentan desafíos en su camino hacia la maternidad y paternidad.
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