A 19 años del asesinato de la activista y abogada Digna Ochoa, las autoridades aún reproducen el mismo patrón en las investigaciones para evitar la justicia en los casos de agresiones y asesinatos de defensores de derechos humanos, denunciaron integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH).
El abogado David Peña indicó en rueda de prensa que, tras el informe de fondo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Digna Ochoa, que ordenó reabrirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), uno de los principales hallazgos es que no existen mecanismos de protección para las víctimas y testigos en estas investigaciones.
Detalló que de 2001, cuando ocurrió la muerte de Ochoa, a la fecha, tres testigos del caso fueron asesinados y una persona desparecida.
“Eva Alarcón, desaparecida desde 2011, fue quien invitó a Digna Ochoa a hacer el último viaje el 1 y 2 de octubre de 2001, dos semanas antes de su asesinato. Otra de las personas que participaron en la investigación: Javier Torres Cruz, presentó su testimonio en 2007, 2008 y en 2010 fue asesinado. Dos de los militares que fueron entrevistados en ese momento, después se supo que, por situaciones diversas, perdieron la vida”, expuso.
La abogada Karla Michel Salas mencionó a su vez que la entonces Procuraduría General de Jusricia del Distrito Federal no siguió las líneas de investigación importantes, entre ellas las relacionadas con Guerrero y qué tanto estuvieron involucrados miembros del Ejército.
“Hemos argumentado que el caso de Digna Ochoa no es un caso aislado y que, en los años 90, para el 2001 ya había un contexto de violaciones graves contra las personas defensoras. Había hostigamiento, principalmente, por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia”, reclamó la activista.
Dijo que las violaciones graves y sistemáticas contra los defensores de derechos humanos continúan y se han recrudecido, lo mismo que la falta de investigación de las agresiones y amenazas cuando éstas son denunciadas.
Construcción de narrativas con filtraciones a medios
Otra de las características que conforman este patrón, refirió Salas, es la construcción de narrativas en los medios de comunicación (los mismos desde hace años), mediante filtraciones de las investigaciones por parte de las autoridades.
Expuso que, en 2002, Renato Sales Heredia, entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la procuraduría capitalina, informó en una audiencia privada ante la CIDH que una de las hipótesis que se analizaba en el caso Digna Ochoa era el suicidio de la abogada.
“Esa información que dio ante la Comisión Interamericana en una audiencia cerrada fue filtrada, como sigue siendo una práctica muy actual por parte de las autoridades a los medios. Durante varios meses, a través de filtraciones de la Procuraduría se creó la narrativa del suicidio”, relató.
Sin embargo, hasta ese momento, la hipótesis del suicidio no tenía ningún sustento en las investigaciones, pues hasta marzo de 2002 no había ningún peritaje que la sostuviera, puesto que estas pruebas fueron realizadas a finales de 2002 y principios de 2003.
Estereotipos de género, otro problema
Con la reapertura del caso ante la Corte-IDH, los abogados del GADH han argumentado que existe una estigmatización a partir de una serie de estereotipos de género que se construyen por parte de las autoridades, principalmente por los peritajes psicológicos.
